La Lotería Nacional, que mañana vive su día grande con motivo del sorteo extraordinario de Navidad, no se libró de las políticas “de ajuste” acometidas por Mariano Rajoy nada más llegar al poder. El déficit público rondaba el 10% y el Gobierno necesitaba sacar dinero hasta debajo de las piedras para que las cuentas públicas no se le fueran de las manos. Por eso, en 2012, decidió imponer un gravamen del 20% sobre los premios de los juegos organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que no habían tenido que tributar hasta entonces.

Para la Lotería Nacional, la mecánica ideada por Hacienda al diseñar el gravamen consistía en el sencillo procedimiento de aplicar una retención en origen equivalente al tipo general.

Dicho de otra manera: las entidades pagadoras (bancos y cajas de ahorro si se trataba de premios mayores) debían deducir un 20% del importe obtenido por los agraciados, que ya no tenían que preocuparse de nada más, a no ser que hubieran ganado una cifra superior a los 700.000 euros, en cuyo caso sería preceptivo hacer la correspondiente declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y reflejarlo en ella.

Los bombos de la Lorería de Navidad, en el Teatro Real de Madrid. EFE/Chema Moya

El Gobierno de Rajoy introdujo un mínimo exento de 2.500 euros por décimo, que estuvo vigente hasta el pasado verano y que, por tanto, se aplicó al sorteo extraordinario de Navidad hasta 2017. En consecuencia, el premio Gordo, de 400.000 euros por décimo, se quedaba en 320.000 netos; el segundo (125.000), en 100.500; el tercero (50.000), en 40.500; los dos cuartos (20.000), en 16.500, y los ocho quintos (6.000), en 5.300. El resto de los premios, la popular pedrea (1.794 números sobre los que recaían cien euros), no eran objeto de retención alguna al estar por debajo de los 2.500 euros.

Con los Presupuestos Generales de 2018, que entraron en vigor en el mes de julio, llegó un cambio significativo en la fiscalidad de los premios de la Lotería Nacional. El mínimo exento subió a 10.000 euros, en virtud a un acuerdo parlamentario que prevé elevarlo a 20.000 en 2109 y a 40.000 en 2020.

Eso supone que lo agraciados mañana con el Gordo se embolsarán 322.000 euros limpios de polvo y paja por décimo (2.000 más que el año pasado); los que ganen el segundo, 102.000 en vez de 100.500; los que lleven el tercero, 42.000 y no 40.500; a quienes les toque alguno de los cuartos, 18.000 frente a los 16.500 de 2017, y los quintos no sufrirán retención alguna.

Cola de clientes ante una administración de lotería en el centro de Barcelona. EFE/ Marta Pérez

Lógicamente, la subida del mínimo exento reducirá los ingresos de Hacienda por este concepto. Según el sindicato de los técnicos de Hacienda, si mañana se reparten los 2.380 millones de euros previstos en premios (siempre hay números que se quedan sin vender total o parcialmente), el Estado recibirá 188,7 millones; es decir, 11,4% menos que en el anterior sorteo del 22 de diciembre. Pero el impacto será todavía mayor en 2019 y no digamos ya en 2020, cuando el mínimo exento se sitúe en los 20.000 euros, suponiendo que para entonces el pacto parlamentario que lo fijó continúe vigente.

A igual importe de los premios, al Gordo de Navidad se le practicará dentro de dos años una retención de 72.000 euros por décimo; al segundo, de 17.000, y al tercero, de 2.000; todos ellos con un descenso de 6.000 euros. Del cuarto premio hacia abajo, Hacienda no se llevará ninguna parte y la merma recaudatoria global superará los cuarenta millones respecto a 2017. Aun así, el Estado seguirá siendo el principal agraciado por la Lotería de Navidad, porque a él van a parar no sólo los impuestos recaudados, sino también los beneficios de la SELAE (2.325,8 millones en 2016, último año conocido).