Los sindicatos de inquilinos ven "positiva" pero "insuficiente" la nueva prórroga de contratos de alquiler

Las desavenencias entre Unidas Podemos y PSOE en materia de vivienda han vuelto a plasmarse en un nuevo parche in extremis que deja a las claras las enormes dificultades que tendrá la atascada ley de vivienda para salir adelante antes de que acabe la legislatura. 

En este contexto, la única medida tangible para los arrendatarios en esta espiral inflacionista —que en materia de alquiler es problemática desde hace cinco años antes de la pandemia— será temporal y restringida. Se trata de una prórroga de máximo medio año con idénticas condiciones para los contratos de alquiler que acaben antes del 30 de junio de 2023. Es decir, que permite a quien vive de alquiler ampliar seis meses su contrato sin aumento de precio en caso de que no haya acuerdo con el casero para una renovación.

El modelo no es nuevo, ya que se puso en práctica durante casi dos años al inicio de la pandemia para evitar situaciones abusivas en plena crisis sanitaria. Nuevamente, se trata de un balón de oxígeno a una parte de los arrendatarios cuyos contratos estén próximos a vencer, que es el momento que suelen aprovechar los caseros para imponer nuevos contratos con precios más elevados. Sin embargo, como ocurrió en 2020, la medida deja fuera de esta congelación temporal de los precios a los nuevos contratos firmados y no limita las rentas de las nuevas viviendas que lleguen al mercado del alquiler, señalan los sindicatos de inquilinos.

Como siempre, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desatado duras críticas de las patronales y empresas dedicadas al negocio de los alquileres, y no ha servido para contentar ni a sus socios de Gobierno ni a los de la investidura. Mientras, el movimiento por el derecho a la vivienda contempla con frustración cómo el Ejecutivo le da la razón en el análisis pero se niega a aplicar las medidas que ellos han propuesto en forma de enmiendas a su descafeinado proyecto de ley. En su opinión, el Gobierno trata de atajar los problemas con medidas "insuficientes y torpes".

Hay más letra pequeña en este parche que tapa el alejamiento de la ley de vivienda. En un comunicado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana precisa que la prórroga de los contratos en las mismas condiciones se producirá "siempre a petición del arrendatario" y que el arrendador deberá aceptar la solicitud, salvo que se hayan fijado otros términos por acuerdo entre las partes. Y no incumbe a los propietarios que hayan comunicado a tiempo que ellos o los familiares que por ley tienen derecha van a volver a vivir en la casa alquilada.

Los sindicatos de inquilinos ven una tímida victoria parcial en esta medida, ya que llevan meses presionando y buscado apoyos políticos para que el Gobierno tome iniciativas de calado ante un precio disparado de los alquileres. Valoran el impacto positivo de esta decisión frente a "no renovaciones de contratos o subidas de alquiler excesivas" que acaban derivando en los llamados "desahucios invisibles".

Aumento generalizado de precios del alquiler

Aunque aunque advierten de que solo supone "postergar el problema durante seis meses", lo que es "totalmente insuficiente" ante el alza generalizada de precios, y en concreto, los del alquiler, que se han encarecido un 7% este año, según algunos portales inmobiliarios, a falta de datos públicos en esta materia. Otras fuentes, como Caixabank Research, calculan que los precios generales han subido un 2%, más de un 4% los nuevo alquileres considerados "caros" y en general, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza del alza de precios del alquiler, con un aumento superior al 6%.

"El Gobierno reconoce  la urgencia de regular los alquileres de forma generalizada", dicen los sindicatos de inquilinos

A esta medida se añade el mantenimiento del límite del 2% a las subidas de la renta derivadas de las revisiones anuales de los contratos, que ya no se rigen por el IPC, sino por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Así será también durante todo el 2023, aunque los sindicatos de inquilinos ya han advertido de múltiples casos de propietarios que tratan de burlar con total impunidad esta limitación, y exigen al Gobierno "elementos sancionadores" para garantizar que es efectiva.

También en materia de vivienda, el Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio la suspensión de desahucios de familias vulnerables que se introdujo dentro del llamada "escudo social" durante la pandemia.

"Con este nuevo decreto, el Gobierno está reconociendo la necesidad, la utilidad y la urgencia de regular el precio de los alquileres de forma generalizada para todos los inquilinos, aunque lo hace con medidas insuficientes y torpes. Ambas medidas son extremadamente tímidas para abordar un problema coyuntural como es la inflación", aseveran las organizaciones de Madrid y Catalunya en un comunicado conjunto.

Fallo en los compromisos ante la UE

Las posiciones enfrentadas de los socios de Gobierno en esta materia alejan definitivamente la posibilidad de que el proyecto de ley de vivienda cumpla los plazos —finales de 2022— que el Ejecutivo comprometió con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La propuesta del PSOE, aprobada en Consejo de Ministros el pasado febrero, dejó fuera las grandes reivindicaciones del movimiento por la vivienda, cuyas propuestas fueron defendidas por gran parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo y así fueron introducidas en las enmiendas al proyecto de ley que sigue en el cajón más de dos años después de acordarlo UP y PSOE para formar Gobierno. Aún tiene que votarse en el Congreso tras multitud prórrogas.

En todo este tiempo no ha habido concesiones por parte de un PSOE que se niega a aplicar una política de contención de los precios de los alquileres que sus aliados por la izquierda consideren "efectiva y ambiciosa". De hecho, la norma en trámite solo atajaría el alza de precios en las llamadas zonas tensionadas, y los topes solo afectarían a las empresas consideradas grandes tenedoras de inmuebles (más de diez viviendas), pero sin afectar a los caseros que posean más de diez pisos y que no se hayan constituido en empresa.

No prohibía los desahucios sin alternativa habitacional y dejaba en manos de las Comunidades Autónomas, competentes en materia de vivienda, la aplicación de estas medidas y la declaración de zonas de precio tensionado (donde el precio del alquiler haya subido más de 5% del IPC en los últimos cinco años).

A estas diferencias se suman ahora las posturas enfrentadas en cómo paliar el encarecimiento de las hipotecas a tipo de interés variable con un Euribor que llega ya al 3%. Las subidas de tipos de interés de los bancos centrales para corregir la inflación está acarreando un enorme esfuerzo económico adicional para miles de familias, aunque paradójicamente, este aumento en el pago de las cuotas no repercute en el cálculo del IPC. Mientras Unidas Podemos exige la congelación de estas cuotas, desde el PSOE están optando por negociar con los bancos medidas voluntarias para contener las subidas con moratorias parciales y ampliación de la vida de las hipotecas.

"La Ley de Vivienda tiene que ser aprobada antes de que termine la vigencia de las medidas extraordinarias anunciadas hoy", se proponen los sindicatos de inquilinos, que acusa al PSOE de estar "bloqueando su aprobación" en el Congreso