Tres largos años después, el Gobierno ha logrado desbloquear la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda tras una ardua negociación con ERC y EH Bildu. El acuerdo introduce varios cambios al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros hace más de un año, que no contentaba a estos dos socios parlamentarios ni a los sindicatos de inquilinos, que impulsaron su propia propuesta legislativa con apoyo de Bildu, ERC e, inicialmente, de Unidas Podemos.

Sin embargo, los sindicatos de inquilinos ha acogido con escepticismo el nuevo texto y hablan abiertamente de "farsa", "imprecisión" y un diseño que hará que los precios de los alquileres sigan subiendo en un momento de máximo estrés económico de las familias por los gastos derivados de la vivienda y sus suministros.

Son dos las "victorias" que señalan tanto los colectivos de arrendatarios de Madrid y Catalunya como los colectivos antidesahucios. La primera es que será el casero quien tenga que correr con los gastos derivados de alquiler su casa mediante una inmobiliaria. Hasta ahora, esa comisión de agencia, que suele ser de una mensualidad más IVA, recaía sobre el inquilino, y se sumaba al mes de fianza y al mes corriente. Es uno de los principales obstáculos para muchas personas que no disponen de tanto dinero en el momento de formalizar un contrato. Esta era una vieja reivindicación del movimiento por la vivienda.

Gran tenedor: cinco o más viviendas

El segundo avance que destacan los activistas es la nueva definición de "gran tenedor". El texto del Gobierno incluía a los propietarios de diez o más viviendas que fueran personas jurídicas (empresas). Ahora también afectará a las personas físicas (pequeños propietarios). Y, tras las negociaciones, las comunidades autónomas podrán considerar gran propietario a las personas físicas y jurídicas que tengan cinco o más inmuebles en una misma zona que se declare tensionada, requisito para poder aplicar las políticas de contención de precios.

Pero más allá de estos puntos y de valorar positivamente que la ley se haya desbloqueado por fin, las sindicatos de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consideran que no hay una "reforma estructural" que haga descender los precios, sino que estos pueden seguir subiendo a pesar de la enorme escalada de los últimos años.

Entre las novedades, los grupos han acordado mantener el máximo del 2% en las subidas de revisión anual de los contratos para 2023, desligado del IPC que ya introdujo el Gobierno tras la inflación derivada de la guerra en Ucrania. Esa subida máxima será del 3% durante el 2024 y, en 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) tendrá listo un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento para evitar incrementos desproporcionados. Aún no se conocen los criterios que regirán este índice, pero los portavoces de Bildu y ERC aseguran que tendrá que ser inferior al IPC.

Zonas tensionadas

También se han reducido los requisitos necesarios para que un ayuntamiento o una comunidad autónoma pueda declarar un área como zona tensionada. Los activistas, Bildu y ERC consideraban que los casos que proponía el Gobierno eran imposibles de cumplir y que la ley era, por tanto, "inaplicable".

Tras las conversaciones, podrá declararse zona tensionada cualquiera en la que el coste de la vivienda supere el 30% de los ingresos de los hogares de esa zona o cuando los precios de los alquileres hayan subido más de un 3% sobre el IPC en los últimos cinco años. En estos casos, los nuevos contratos tendrán limitaciones marcadas por los índices de referencia del gobierno y por los precios de los contratos anteriores. Dependerá de si el arrendador es un gran tenedor.

Los sindicatos de inquilinos critican que aun así puede esquivarse la ley y los caseros pueden realizar subidas de precio camufladas con conceptos de Impuesto de Bienes Inmuebles (algo que ya hacen los fondos de inversión en sus contratos de alquiler). También señalan que "sería muy fácil ocultar información sobre el precio y las condiciones del contrato anterior", aunque la ley obliga al casero a facilitar documentación del contrato anterior al nuevo inquilino antes de firmar un contrato.

Otra de las críticas a la nueva ley está en que se permite al pequeño propietario aumentar el precio un 10% adicional cuando haya realizado alegando reformas en la vivienda, incluso dentro de una zona tensionada. "En el caso de un alquiler medio en Barcelona o Madrid, cualquier cambio presentado como una mejora de la accesibilidad, por pequeña que sea, como una rampa o un video-interfono, implicaría una subida adicional de 1.300 euros anuales", advierten los sindicatos.

Fomenta el alquiler de temporada

Apuntan, a su vez, un vacío regulatorio en el que los caseros pueden refugiarse para esquivar los límites. La figura del alquiler de temporada, cada vez más habitual en el mercado. Se trata de un modelo de contratación temporal, inferior a una año que, según los activistas, permite aumentos de precio sin control, y nada impediría a los propietarios optar por esta vía tanto co las nuevas viviendas que salen al mercado como con las casas de las que van venciendo los contratos.

Por último, explica Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Gobierno no puede garantizar que estos avances vayan a llegar a todo el territorio. Las comunidades gobernadas por el PP ya han dejado claro que no van a aplicar esta ley, ya que poseen las competencias. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha vuelto de dejar claro este viernes, incluso ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional.

"Si no se aplica en Madrid no dará respuesta a una gran cantidad de casos que llegan a nuestras asambleas. Hablamos de millones de inquilinos en España que no ", apunta la activista. "El Estado tiene la responsabilidad de garantizar unos derechos mínimos a toda la población. Si esta ley se aprueba así no tendrá el impacto necesario", argumenta.

Bildu y ERC se han referido a esta circunstancia durante su rueda de prensa de este viernes en el Congreso, donde han explicado que ellos no son partidarios de que el Estado invada las competencias autonómicas. La reflexión que han lanzado ha sido en clave electoral: que los ciudadanos decidan a qué partidos apoyan en las próximas elecciones de mayo en función de si se preocupan o no por el coste de la vida de los ciudadanos y por el acceso a la vivienda, una de las principales preocupación en los últimos barómetros.

Ampliación de plazos en procesos de desahucio

En cuanto a la protección en materia de desahucios, el nuevo texto plantea un "sistema de arbitraje que propicie el acuerdo entre arrendador y arrendatario" y, en caso de desacuerdo, una ampliación de plazos judiciales en los procesos de desahucio para que los servicios sociales "puedan ofrecer soluciones habitacionales". Habla de hasta dos años de prórroga antes de un lanzamiento, cuando el anterior texto proponía una horquilla de entre dos y cuatro meses.

"No es bueno que una familia esté en vilo durante tanto tiempo, pero cualquier plazo que se alargue para buscar una solución o para alcanzar acuerdos extrajudiciales es vital en todos los casos en los que intervenimos", considera Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que subraya que "ahora mendigamos en cada desalojo por una prórroga de un mes". Sin embargo señala que seguirán produciéndose desahucios de familias vulnerables y que los derechos humanos seguirán sin estar en el centro de las políticas de vivienda.

"Los grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización", lamenta la plataforma en un comunicado.

Celebran que se hayan prohibido los desahucios con fecha abierta, es decir, sin precisar el día y la hora en las que una familia será echada a la calle.

Sin embargo, la plataforma echa en falta medidas para las personas hipotecadas mientras el euríbor sigue subiendo y se situó el pasado marzo en el 3,67%, "lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales" de media, detallan en un comunicado.

Barrio también valora positivamente que se contemple un mecanismo para que cada comunidad autónoma utilice parte de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para facilitar realojos y soluciones habitacionales en caso de desahucios de familias vulnerables. Sin embargo, otras voces de la PAH lo ven con preocupación, ya que "consistirá en otro traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre", ya que el Estado no dispone de un parque de vivienda pública con el que hacer frente a estas situaciones.

Los activistas creen que "hay tiempo para solucionar algunos errores" durante la próxima semana.