Las seis víctimas económicas de la covid: PIB, turismo, impuestos, déficit, y deuda pública y privada

La pandemia del coronavirus y las medidas adoptadas para afrontarla han provocado un hundimiento de la actividad económica en España de magnitud e intensidad desconocidas en tiempos de paz que está provocando en los principales indicadores un descuadre que afecta a la capacidad de respuesta tanto de las administraciones como de la iniciativa privada.

Las dimensiones del pinchazo, junto con la incertidumbre sobre una duración que en el mejor de los casos las previsiones sitúan en 2023 para volver a niveles previos a marzo de 2020, lo que a su vez supone seguir lejos de los de 2008 en ámbitos como el empleo y la desigualdad, dejan en el aire una salida que los expertos, tanto económicos como sanitarios, supeditan al control de la crisis sanitaria.

Estos son los principales indicadores, cuantificables en dinero, que muestran la dimensión que está alcanzando en España la crisis económica asociada a la sanitaria:

PIB: cuando se volatilizan 125.000 millones de riqueza

El PIB o Producto Interior Bruto mide la actividad económica o la riqueza de un país. Y esta, en el caso de la española, se redujo en alrededor de un 10% en el primer año de la pandemia, ya que los tres métodos de cálculo que se utilizan daban una horquilla negativa de entre -9% y -11%.

Eso, según los datos de la Contabilidad Nacional que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), equivale a que en un año, y de manera concentrada en sus últimos nueve meses, se han esfumado del país como consecuencia de la caída de la actividad 124.781 millones de euros que no se convertirán en salarios, beneficios, impuestos e inversiones, con las obvias consecuencias empobrecedoras que eso conlleva para familias, empresas e instituciones.

La serie histórica sitúa el nivel del PIB de 2020 entre los de 2015 y 2016, en el tramo inicial de la recuperación de la anterior crisis, y menos de un punto por encima del alcanzado en 2008, lo que permite hacerse una idea de la magnitud del retroceso.

Eso, en la estimación basada en el año natural, que probablemente empeore, según prevén algunos centros de estudios, cuando se conozca el PIB del primer trimestre de este año, el que cerrará el cuarto trimestre consecutivo bajo la pandemia.

Entidades como Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro) llaman la atención sobre "el débil comienzo de año" y "el deterioro de las perspectivas de los principales países europeos", a lo que se suman "las restricciones a la actividad y a la movilidad [por la tercera ola], el lento avance de la campaña de vacunación y la contracción de algunos de los principales mercados de exportación".

Turismo: un motor económico gripado que arrastra a otros sectores

"A corto plazo la recuperación de la economía depende de este sector", el cual "está a punto de entrar en su segundo año de crisis, con muchas empresas al borde de la insolvencia", indica Funcas en ese mismo análisis, en el que da por hecho que la recuperación no llegará antes del verano y en el que recuerda que a lo largo del pasado ejercicio "el valor añadido bruto de las ramas más castigadas –comercio, transporte y hostelería, junto a actividades artísticas y recreativas– cayó el 24%, lo que supone que el 70% del PIB perdido en el año procedió de ese grupo".

La Encuesta de Gasto Turístico apunta en ese sentido al estimar en 72.172 millones de euros el dinero que dejaron de gastar el año pasado en España los turistas de origen extranjero, una cifra que, aunque no se trata de valores equiparables académicamente, vendría a equivaler al 57% del PIB perdido por el conjunto de la economía.

El elevado peso del turismo en la estructura económica española, que ha llegado a alcanzar el 14,6% con el que supera a la industria (9%) y a la construcción (8%), le otorga ese doble papel de motor en tiempos de bonanza y de lastre en los de recesión, en este caso agravada por las restricciones globales a la movilidad y por las cuarentenas específicas que impusieron algunos países.

El pinchazo del turismo tiene, además de en la hostelería, efectos secundarios en otros sectores entre los que destacan los del transporte, la alimentación y el comercio.

La recaudación de impuestos cae con el parón

Los ingresos tributarios del Estado se encuentran entre los primeros damnificados por el parón de la actividad por una razón sencilla: los tres principales bloques de impuestos dependen de la renta de las familias (IRPF), del consumo público, privado e institucional (IVA) y de las ganancias de las empresas, y los tres componentes llevan sufriendo considerables mermas desde que comenzó la pandemia y, con ella, las restricciones de la actividad.

Los datos definitivos tardarán todavía unas semanas en conocerse, aunque los Informes Mensuales de Recaudación apuntan a una pérdida de en torno a 18.000 millones de euros al cierre del año, puesto que el descuadre de noviembre alcanzaba ya los 17.857.

El retroceso, que merma de manera notable la capacidad de maniobra de las administraciones para responder a la crisis, resulta considerable por sí mismo. Y lo es más, si cabe, al llegar cuando la Agencia Tributaria llevaba tres años batiendo su récord de recaudación, los dos últimos con registros por encima de los 200.000 millones de euros.

El déficit se triplica al dispararse el gasto social

La merma de los ingresos resulta simultánea a un aumento de los gastos provocado por la necesidad de responder a la situación creada primero por los confinamientos y, después, por las propias consecuencias de ese parón inicial de la actividad y de las posteriores restricciones.

Esa factura, que incluye conceptos como los ERTE de fuerza mayor, que llegaron a superar los 5.000 millones mensuales la pasada primavera al asumir los costes salariales de las empresas afectadas mientras garantizaban a sus trabajadores el cobro del 70% del salario, disparará el déficit público, el descuadre de las cuentas del Estado, por encima de los 112.000 millones de euros.

Según la estimación de Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, "el gasto público ha aumentado significativamente, por los estabilizadores automáticos, el mayor gasto sanitario y las medidas para paliar la caída de rentas de hogares y empresas", y, "como consecuencia, el déficit público habría superado en 2020 el 10% del PIB".

A falta de conocer el dato definitivo, todo apunta a que el descuadre de 2020 triplicará con creces el del año anterior (35.637 millones) y también la suma de los tres ejercicios precedentes (100.675), según los datos del Banco de España.

El recurso al endeudamiento para cuadrar las cuentas

La deuda acumulada al cierre de 2020 por los tres niveles de la Administración pública (local, autonómico y estatal) asciende a 1,311 billones de euros, la cifra más elevada de la historia como registro y por su peso relativo sobre el PIB, que alcanza el 117% al haber aumentado los fondos pendientes de devolución en 122.000 mientras la actividad económica decrecía en una cantidad similar.

Ese recurso al endeudamiento como único medio para cuadrar las cuentas públicas se produce, curiosamente, el mismo año que entraba en vigor la reforma del artículo 135 de la Constitución, que le obligaba a reducir la deuda en medio billón de euros y a recortar el déficit en 25.000. Sin embargo, esa política económica cuenta con todos los avales de la UE, que decidió suspender las reglas fiscales y la supervisión de las cuentas españolas ante Blas urgencias desatadas por la pandemia.

Ese aumento de la deuda es netamente inferior, por otro lado, al que inicialmente consideraban necesario los expertos, con estimaciones de en torno a 185.000 millones, 63.000 menos de los activados, por parte del Banco de España, mientras la política de dinero barato para las entidades financieras activada por el BCE (Banco Central Europeo) facilita la colocación de las emisiones sin apenas intereses.

Otra cosa es que ese menor recurso al endeudamiento tenga como efectos secundarios un bajo nivel de protección social para más de un millón de parados sin posibilidades de emplearse (https://www.publico.es/economia/reforma-laboral-deja-millon-parados.html ) o que la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) mantenga el lento ritmo actual.

Los 63.000 millones cautivos en las administraciones y el Íbex35

Buena parte del tejido empresarial, no solo el de la hostelería y el turismo, lleva meses reclamando inyecciones de liquidez directa para poder mantener vivos los negocios, y con ellos el empleo, ante el desplome de la demanda provocado a raíz de la pandemia y para evitar que se active la rueda de la morosidad como en la anterior crisis.

Esas reclamaciones se producen mientras las administraciones y las principales compañías del país mantienen una deuda de más de 63.000 millones de euros con las empresas que trabajan para ellas como contratas o como proveedores.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda cifra en 7.149 millones de euros el dinero pendiente de pago a los proveedores al cierre de 2020, el grueso de ellos (4.380) a cargo de las comunidades autónomas.

"Si las empresas del IBEX pagaran en plazo se inyectarían 56.488 millones de euros, salvando a muchas pymes y autónomos"

Paralelamente, y según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las empresas que se agrupan en el selectivo índice Íbex35, multinacionales buena parte de ellas, adeudaban al cierre del ejercicio otros 56.484 a sus contratistas y proveedores mientras acumulaban retrasos medios de 183 días para liquidar las facturas cuando la ley obliga a hacerlo (sin sanciones) en sesenta.

"Si las empresas del IBEX pagaran en plazo se inyectarían 56.488 millones de euros, salvando a muchas pymes y autónomos", señala el presidente de la PMCM, Antoni Cañete.

Esa situación se da en un país en el que ya antes de la pandemia la mitad de las empresas vivían el día, sin apenas beneficios; en el que miles de pequeños empresarios ha tenido que recurrir a sus ahorros y al endeudamiento para mantener vivos los negocios