Banco Santander mantiene para el ERE de Popular las condiciones de las prejubilaciones que aplicó en el recorte de empleo que ejecutó el año pasado: el 80% del salario para los trabajadores de 58 o más años hasta que cumplan los 63, cuando pasarían a la jubilación anticipada.

Esas condiciones, que se aplicarían en los servicios centrales de ambas entidades, supondrían una notable mejora para los prejubilados de Popular en cuanto al porcentaje del salario, ya que salieron en el ERE de este mismo año con un 65% hasta los 63 años, aunque, al mismo tiempo, conllevan una clara merma en cuanto al tramo de edad, ya que era posible entrar a partir de los 55 años.

El banco de los Botín, no obstante, ha mostrado en las reuniones previas al periodo de consultas con los representantes de la plantilla, iniciado este jueves, su disposición a ampliar hasta los 55 años la edad mínima para acogerse al plan de prejubilaciones.

Esa ampliación es una de las principales reclamaciones de los sindicatos, que también proponen rebajar hasta un 30% el volumen de bajas que inicialmente propone el banco: 1.585 bajas entre Popular y Santander y la movilidad de 575 trabajadores del primero a las “empresas factoría” en las que el segundo segregó hace años una parte de su estructura, y que afectan a departamentos como los de sistemas informáticos o prevención de riesgos laborales.

Popular pierde más de un 20% de la plantilla en un año

“Es un ERE atípico, ya que son dos expedientes que se tratan en dos mesas diferenciadas, una por empresa, pero en realidad están coordinados y van a tener las mismas condiciones”, explican fuentes de la negociación.

De hecho, todavía no hay una distribución clara de cuántas de las 1.585 bajas previstas inicialmente, y cuya cifra con toda probabilidad se recudirá, se producirán en cada una de las plantillas.

Lo que sí parece claro es que la plantilla de Popular superará con creces las 3.000 bajas en apenas un año, ya que los 575 traslados a las compañías segregadas de Santander se sumarán a los 2.592 despidos y prejubilaciones del ERE cerrado el 30 de junio.

Esa “adaptación de estructuras” supondrá que, a falta de la merma derivada de los nuevos despidos y retiros anticipados, una plantilla que hace un año sumaba 14.935 empleos (incluyendo las filiales Pastor, Targo y Wizink) se verá reducida en un mínimo de 3.167; es decir, un 21% del total.

Sendos EREs de casi 4.000 bajas

La mejora de las condiciones para las prejubilaciones, de hecho, está directamente relacionada con los recortes de plantilla que han sufrido las dos plantillas en los últimos meses.

En el caso de Santander, al menos 380 de los 1.380 ceses correspondían a los mismos servicios centrales en los que promueve el actual recorte de empleo. Y en el de Popular, casi dos tercios de las salidas, en torno a 1.500, fueron prejubilaciones de mayores de 55 años. Ambos factores reducen notablemente la cifra de eventuales voluntarios para salir ahora de ellas.

Las direcciones de los bancos no han puesto todavía sobre la mesa del ERE, previo al que afectará a la red comercial de ambas entidades entre finales de 2018 y principios de 2019, los posibles cierres de centros regionales y metropolitanos de la estructura de Popular.

También están pendientes de negociación las condiciones económicas de los despidos y las de movilidad geográfica y funcional de los empleados.

Cambio de estrategia con los accionistas

Por otro lado, Banco Popular han cambiado su estrategia de oposición a las demandas civiles de los pequeños accionistas que perdieron su dinero con la "resolución" de la entidad y la venta por un euro a Santander y ha aceptado que sean tramitadas en España.

Cuando no ha pasado ni una semana desde que sus servicios jurídicos plantearon al Juzgado de Primera Instancia número 85 de Barcelona una declinatoria de jurisdicción en la que responsabilizaban del quebranto a la UE y al Gobierno, sostenían que los tribunales españoles no son competentes para resolver las demandas civiles de los afectados y pedían que los pleitos fueran trasladados al Tribunal General Europeo, han aceptado, mediante un escrito de oposición a otra demanda dirigido al Juzgado número 13 de Barcelona, la competencia de la justicia española para resolverlos.

El abogado Felipe Izquierdo, que dirige una decena de esas demandas, ha pedido al primer tribunal que desestime su declinatoria y condene al banco a pagar las costas del incidente judicial.

"Es difícil encontrar un ejemplo de mayor volatilidad y menor rigurosidad procesal", sostiene el letrado, para quien la declinatoria inicial "no deja de ser más que apariencia sin ciencia y retórica sin sustancia, merecedora del mayor reproche judicial".