Banco Santander se deshará finalmente de algo más del 3% de su plantilla dentro de la operación de absorción de Popular, en la que, en los apenas seis meses transcurridos desde la resolución de esta última entidad en junio, ya ha generado ingresos y beneficios fiscales por un montante superior a los 12.200 millones de pérdidas que arrastraba la entidad ‘resuelta’.

La negociación del ERE de los servicios centrales de ambas entidades, que concluirá el próximo día 12 con la firma del acuerdo, quedó cerrado este martes con un último ajuste en el número de bajas: las extinciones serán, entre prejubilaciones y despidos voluntarios y forzosos, 1.100. La presión sindical ha logrado rebajar finalmente en un 30% los 1.585 que habían puesto sobre la mesa las empresas en la primera reunión.

A esa cifra de bajas se le añade la recolocación de otros 575 empleados de Popular en empresas de servicios del Grupo Santander segregadas del banco matriz y el traslado de otros cien empleados de los servicios centrales a las redes comerciales de ambas entidades.

El recorte final de empleo supone, en cualquier caso, un fuerte golpe a las plantillas, ya que afectará al 3% de su conjunto, de 34.970 trabajadores: los 22.637 del banco cántabro, que cerró hace unos meses un ERE de 1.380 salidas, y los 12.343 de la entidad absorbida, al que esa operación le llegó en plena ejecución de un despido colectivo de 2.592 bajas.

Condiciones económicas similares a las de 2016

El acuerdo final, alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y FITC (y rechazado por CGT), contempla condiciones económicas similares a las del despido colectivo que Santander llevó a cabo hace unos meses, con prejubilaciones de hasta el 80% del salario para empleados de 55 a 62 años hasta que cumplan los 63, indemnizaciones de 40 días por año trabajado para los despedidos de menos de 50 años y un pago del 80% del sueldo de ocho años para los de 50 a 54.

Las liquidaciones incluyen en todos los casos primas de antigüedad y voluntariedad, que no se mantendrían en el caso de las salidas forzosas, así como un “perímetro de protección” que evita que las extinciones no propuestas por los empleados incluyan a grupos como las víctimas de violencia machista, los empleados con minusvalías o aquellos que se hagan cargo de hijos o mayores que las sufran.

“Creemos que la voluntariedad va a funcionar”, señaló Joan Sierra, responsable de Banca de CCOO, sindicato para el que “el acuerdo alcanzado reúne los equilibrios suficientes para minimizar los efectos de unas reformas laborales muy lesivas para las plantillas”.

“Estamos satisfechos dentro de que firmar un ERE no es un motivo de satisfacción”, indicó Ignacio Soto, de UGT, que destacó la reducción de las bajas que inicialmente pretendían ejecutar las empresas y el hecho de que las condiciones de salida vayan a ser finalmente superiores a las que se están logrando en el sector.

No obstante, las organizaciones sindicales han mostrado en varias ocasiones sus sospechas de que este primer expediente podría ir seguido de otro que afectará a la red comercial de Santander y Popular a principios de 2019, una vez concluya la integración de los sistemas informáticos.

Un agujero tapado en cuatro meses

Otra cosa es que Santander, que en junio se convirtió por un euro en el dueño de Popular aunque todavía no ha llevado a cabo la fusión societaria, vaya a poder alegar para entonces la existencia de las circunstancias económicas que ha esgrimido en el caso del banco absorbido, ya que desde entonces, y al socaire de esa operación, ha captado ingresos y beneficios fiscales por una cifra superior a los 12.218 millones de euros de pérdidas que este declaró al cierre del primer semestre, apenas tres semanas después de cambiar de dueño.

De hecho, los recursos para enjugar esas pérdidas los obtuvo en apenas cuatro meses; 5.226 millones en forma de deducciones fiscales el mismo día de la compra, el 6 de junio, y otros 7.702 el 17 de octubre, al cerrar la ampliación de capital lanzada para financiar esa adquisición, en la que recibió ofertas por más de 18.000.

Y, paralelamente, la reordenación del patrimonio de Popular le ha supuesto sacar al mercado del alquiler mediante una sociedad con el fondo Blackstone inmuebles anotados por 30.000 millones y valorados en 10.000, además de haber ingresado 528 millones de euros con la venta esta misma semana de TotalBank, la filial estadounidense del banco absorbido.