La crisis económica asociada a la pandemia del coronavirus provocó, como suele ocurrir con todos los crash, sean traumáticos o progresivos, lo que los economistas denominan una salida en K, es decir, una recuperación caracterizada por un aumento de la desigualdad.

Esto consiste, básicamente y como simbolizan los dos trazos divergentes de esa letra, en que la crisis genera un mayor número de ricos, con una mayor acumulación de riqueza entre ellos, al mismo tiempo que aumenta la cifra de pobres, a menudo con menos recursos disponibles además.

No obstante, en el caso de España, y tal como vienen a confirmar los datos del IRPF de 2021 que este lunes ha difundido la Agencia Tributaria, el ángulo de la pata inferior se vio modulado por algunas de las herramientas del llamado "escudo social", especialmente la de los ERTE, tanto entre hogares como entre empresas, que vieron cómo el balance de sus daños se veía atenuado por esas medidas.

"Los planteamientos del escudo social han tenido impacto. Es evidente que su existencia ha mitigado de manera significativa la debacle que 
habría supuesto lo ocurrido en 2020", explica Carlos Sánchez Mato, economista y profesor de la Universidad Complutense.

La crisis aflora 130.000 nuevos ricos en dos años

La comparación de los datos del IRPF de 2021, el año del comienzo de la recuperación y con ella de la crisis inflacionista, con los de 2019, el previo a la pandemia, reflejan cómo se ha ido dibujando esa K en la sociedad española.

En esos dos años, el grupo de contribuyentes cuyos ingresos de origen laboral o profesional y los rendimientos de sus ahorros superan los 60.000 euros anuales creció en 129.707 para superar el millón y situarse en 1.042.402.

Ese crecimiento, del 14,1%, significa que este grupo pasaba a añadir un miembro por cada siete que tenía antes, un aumento casi un punto superior al que experimentaron sus caudales, que fue del 13,2%: 11.429 millones de euros más que situaban el total en 97.776.

La mejora de los ingresos medios por contribuyente se dio en los tres tramos más altos que aplica la Agencia Tributaria en este estrato: los que ganan de 60.000 a 150.000 euros anuales arrojaron un promedio de 74.751; los de 150.000 a 600.000 otro de 173.781 y el de los 12.178 que superan esa cifra se elevó a 722.696, más de treinta veces por encima de la media de 22.758 que se da para el conjunto de los contribuyentes.

La pérdida de renta de las clases populares

En los estratos inferiores las cosas se movían a otro ritmo y en otra dirección, con un aumento de algo más de 700.000 contribuyentes en los tramos de la clase media, los de 20.000 a 60.000 euros brutos anuales, aunque sin apenas mejora en las rentas medias, mientras a partir de ahí se concentraba el retroceso.

Así, en un año en el que el número de declarantes del IRPF creció en algo más de un millón, casi una tercera parte de estos, 346.000, pasaban a concentrarse entre los que habían sufrido pérdidas, buena parte de ellos autónomos que sufrieron el desplome de la actividad y los meses de cierre y restricciones.

El número de contribuyentes con resultado negativo crecía de 1,07 a 1,42 millones, parte de ellos procedentes del grupo que cerró el año con rentas de menos de 1.500, que pasaba de 1,55 a 1,42, y de los que no llegan a 12.000, de los que se cayeron otros 85.000.

El impacto de la crisis se concentró en los tres estratos superiores a estos, los que concentran a los trabajadores precarios que ingresan al cabo del año entre 1.500 y 20.000 euros, además de al grueso de los pensionistas: siguieron siendo 9,9 millones de personas (casi la mitad de los contribuyentes) y con una distribución similar, aunque el peso de su renta como grupo menguaba conforme bajaba la escala.

De hecho, el tramo de los mileuristas, el de quienes ingresan de 12.000 a 20.000 euros brutos anuales es el único de los tres cuya masa salarial crece para hacerlo en algo más de 2.500 millones, aunque eso solo supone 80 euros por cabeza.

"Suavizaron el impacto sobre el empleo"

Esa pérdida de peso, caída de la renta media y mengua de los ingresos por estratos, que convivió con una desmesurada acumulación de recursos entre las clases más pudientes, habría sido mucho más acusada de no haberse implementado los ERTE y el resto de medidas del escudo social.

Los ERTE consistieron, básicamente, en que el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) pasaba a pagar el 70% de los salarios de los 
trabajadores cuyos contratos se suspendían o recortaban temporalmente mientras la Seguridad Social se hacía cargo de sus cotizaciones, algo que permitió inyectar 21.000 millones en los hogares  vía prestaciones y que permitió a las empresas ahorrarse más de 38.000: 30.000 en salarios y 8.200 en cotizaciones.

Los Informes de Recaudación de la Agencia Tributaria explicaban así en qué consistió esa herramienta de "mantenimiento de las rentas": "Suavizaron el impacto sobre el empleo. Gracias a los ERTE los trabajadores se mantuvieron en las empresas, aunque parte de sus salarios los pasase a pagar el Servicio Público de Empleo (SEPE)".

Eso afectó a la recaudación fiscal, ya que las prestaciones solo cubrían un 70% de los salarios y "el tipo de retención aplicado (…) fue prácticamente cero" para esas cantidades, aunque esa merma resultó ser, obviamente, "menor que la que hubiese significado la desaparición de esos puestos de trabajo".

Salarios indirectos y salarios diferidos

Esos 30.000 millones de euros en salarios equivalen a algo más del 5% de las retribuciones dinerarias (981.411, pensiones y desempleo incluidas) que la Agencia Tributaria contabilizó en 2020 y en 2021 en el conjunto de la economía española, una inyección que supuso un potente alivio para miles de hogares, ya que llegaron a pasar por ellos la mitad de los empleados del sector privado.

Aunque sus efectos y los del resto del escudo social no se reducen a los que muestra la operativa tributaria, sino que afectan a otros ámbitos además de haber servido de base para la posterior recuperación de la actividad económica.

"Ha habido efectos de salario indirecto a través del funcionamiento de algunos servicios públicos que han multiplicado ese impacto, además de haber permitido el mantenimiento del sistema en sí mismo, y también de salario diferido, como fue el mantenimiento de las cotizaciones", destaca Sánchez Mato.

Se refiere a que de haberse aplicado el modelo tradicional de regulación del empleo se habría producido un desplome de las cotizaciones que habría afectado a la carrera con la que después se calcula la pensión, además de haber supuesto el consumo de unas prestaciones de desempleo que en muchos casos se habrían agotado antes de que existieran posibilidades de recolocarse.

Centros de estudio como CaixaBank Research siguen llamando la atención sobre los efectos de contención de la desigualdad que tuvieron esas medidas, a lo que se suma una reducción de la escabechina que a partir de la pandemia comenzó a sufrir el tejido empresarial micro.