El Gobierno ha iniciado ya los trámites para eliminar el visado de oro, las golden visa, el visado de oro, una medida que desde que se aprobó en 2013 por el Ejecutivo del PP hasta 2023 ha registrado 14.576 permisos concedidos por inversiones inmobiliarias. Tras el Consejo de ministros la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, detallaba el perfil de aquellas nacionalidades que más visados han obtenido a cambio de la compra de un activo inmobiliario en España de un precio igual o superior a los 500.000 euros.

De acuerdo con los datos que ya recopiló Trasparencia Internacional, ciudadanos rusos y chinos acumulan más del 80% de las golden visa concedidas. En diez años, de 2013 a 2023, España ha dado un total de 6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades. El 94% de ellos vinculados a una adquisición de vivienda. Más del 40% (2.712) a inversores chinos, y el 18% (1.159) a rusos. Detrás se sitúan iraníes (203), estadounidenses (179) y británicos (177), seguidos por Ucrania, Venezuela y México, tal y como también ha informado la ministra en rueda de prensa.

¿Qué va a pasar en el mercado inmobiliario?

Según los datos oficiales, en 2022 se concedieron 451 visados de golden visa, en 2021 fueron 880, en 2020 eran 446, en 2019 alcanzaron 676 y en 2028 llegaron a 607. Durante el año 2022 se vendieron en España 87.000 viviendas a extranjeros, y las adquiridas mediante visados contabilizaron el 0,5%.

Teniendo en cuenta estas cifras, desde el Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios de esta organización colegial, asegura que la eliminación de la golden visa apenas tendrá impacto en el mercado debido al escaso número de operaciones realizadas, poco más de 6.000, frente a los 4,5 millones de operaciones en total en el mismo periodo.

¿En manos de quién está el mercado inmobiliario en España?

Según fuentes oficiales, una media del 21% de la inversión en este momento en España es extranjera, se asocia directamente con la compraventa de inmuebles y la gran mayoría de estas transacciones las ejecutan grandes fortunas pero, sobre todo, fondos de inversión. En 2023 el sector movió en total unos 12.000 millones de euros. Una cifra muy superior comparada con la aportada por los movimientos vinculados a las golden visa.

Un informe de la consultora inmobiliaria CBRE, señala que en España los grandes caseros disponen de 100.000 unidades, un 5% del mercado entre fondos de inversión, bancos y aseguradoras. Pero la tendencia sigue creciendo como ya lo hizo en su momento en otros países de la Unión Europea, como Alemania, donde roza el 34%, o Francia con el 23%.

Buena prueba son las transacciones que ha cerrado en el último año BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión a nivel mundial; a subasta del edificio ubicado en el número 50 de la madrileña calle de María de Molina, en el distrito de Salamanca. Y otra operación, esta interna y que supone una declaración de intenciones como lo es la renovación de su equipo de Real Estate (inmobiliario) a nivel europeo, y la puesta al frente de BlackRock en España de Adolfo Favieres, como director general, y Jesús Moler, con el cargo de vicepresidente. Información ya publicada en medios.

Como explica Julián Salcedo, en España existen aproximadamente 28 millones de viviendas. De ellas 18 millones son hogares. El resto son inmuebles que se alquilan o se venden, y de ellos el 95% está en manos de pequeños propietarios, y el 5% restante en fondos de inversión, grandes fortunas y otras empresas inmobiliarias. ¿Porqué es importante la entrada con fuerza de los fondos de inversión en España? Porque, respecto a otros Países, España tiene muchos inmuebles en manos de pequeños propietarios, lo que dibuja un escenario muy diferente, que puede hacer que los grandes fondos tengan un largo recorrido en este mercado en los próximos años.

'Golden visa', ¿qué era y porqué se creó?

La golden visa, puesta en marcha en 2013 durante el gobierno de Mariano Rajoy, se creó como una fórmula para atraer inversiones y altos patrimonios. La Ley 14/2013 puso en marcha dos tipos de permisos para inversores en España, los visados o golden visas y las autorizaciones de residencia, de carácter temporal. La concesión de estas autorizaciones corresponde a la Dirección General de Migraciones y su tramitación se realiza a través de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. Tanto los visados, como las golden visa, son para ciudadanos de fuera de la Unión Europea.

El Gobierno  de Pedro Sánchez justifica la eliminación de la golden visa como un movimiento para enfriar el mercado inmobiliario en España; tensionado en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca o València, que son las más demandadas para este tipo de operaciones. Sánchez considera que esta fórmula fomenta "la inversión especulativa" y responde así a una demanda de su socia de gobierno, Yolanda Díaz, desde los inicios de la legislatura.

¿Cuál era el atractivo de la 'golden visa'?

A través de esta, con una inversión de 500.000 euros en vivienda –cifra que no ha variado en toda la década–, los inversores podían obtener la residencia (que no la nacionalidad) española y el permiso de trabajo. También se podía conseguir a través de una inversión de más de un millón de euros en depósitos bancarios o acciones de una empresa; más de dos millones en deuda pública; o invirtiendo en un proyecto empresarial que genere empleo, suponga una aportación relevante en innovación o represente un impacto socioeconómico de relevancia en su ámbito geográfico.

Más repercusión en la política que en el precio de la vivienda

Que el problema de la vivienda "no se va a ver siquiera mitigado por la anulación de los visados de oro" es una idea que también comparte el economista y miembro del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Sumelzo.

En su opinión, este hecho "unido a una ley de vivienda que va a tener un efecto prácticamente nulo puesto que no va a aplicarse en ninguna comunidad autónoma gobernada por PP y VOX y porque ni siquiera cuenta con un régimen sancionador en caso de incumplirse" afirma, puede dejar la impresión en el ciudadano de una falta de eficacia a la hora de abordar este problema. Una piedra que ha recogido la oposición y que está empleando en comunidades como la Valenciana, Madrid o Andalucía, a pesar de que otras, como Balears (la más afectada por los precios desorbitados de la vivienda tanto en venta como en alquiler), se han pronunciado a favor de la derogación de una medida, la de las golden visa, que tuvieron su momento tras la recesión económica de 2008, pero que habían quedado obsoletas, como sus propias cifras indican.

Entre las medidas que se podrían aplicar para actuar de manera positiva en el mercado inmobiliario, expertos como Sumelzo proponen "regular de forma restrictiva el alquiler vacacional, grabar la vivienda vacía, eliminar la bonificación al alquiler de vivienda habitual, la prohibición de la compra de vivienda si no se va a vivir en ellas", como ya se aplica en algunas ciudades de Países Bajos.

La especulación sigue siendo la principal razón, para los economistas, por la que el mercado inmobiliario "no cumple con el derecho constitucional a una vivienda digna" y Sumelzo añade que "extrae recursos de la economía que podrían destinarse a actividades productivas". Por ello recuerda la necesidad de dar un "impulso público importante que no sólo garantice el derecho constitucional a una vivienda digna sino que encauce recursos ociosos que hoy se destinan a la compra de vivienda para arrendar en actividades productivas".