La rebaja de los impuestos de la luz a los consumidores domésticos que el Gobierno viene aplicando desde septiembre del año pasado ya ha supuesto una factura fiscal de 7.452 millones de euros, según indican los datos de la Agencia Tributaria, una cifra que está cerca de cuadruplicar las previsiones de ingresos de ese mismo ejecutivo con el futuro impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, que sería de 2.000 millones por ejercicio, y que equivale a menos de un tercio de los beneficios anuales que declaran las tres grandes compañías de la luz españolas: Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El Informe de Recaudación Tributaria de septiembre, que la Agencia Tributaria hizo público este lunes, cifra en 5.725 millones de euros la merma de ingresos que la aplicación de esas medidas de alivio a los hogares, dato al que hay que sumarle los 1.605 del año pasado y, además, otros 122 de la rebaja de septiembre de 2021 que para el mismo mes de este año ya se dan por asumidos.

"Hay que precisar que en el IVA desde este mes [de septiembre de 2022] solo se suma el coste adicional que, con respecto al año pasado en el que ya en septiembre estaba presente la medida, tiene la rebaja adicional del tipo desde el 10% al 5%", ya que la estimación de los informes mensuales de recaudación siempre "es diferencial; esto es, siempre [se realiza] en comparación con lo que sucedía un año antes".

Así, añade, "en total la reducción de ingresos por las medidas que afectan al precio de la electricidad ascienden en el año a 5.725 millones y en el conjunto del periodo en el que están en vigor a 7.330 millones", lo que da un total de 7.452 con la duplicación de septiembre de 2021, cuando la merma fue de 122.

La principal causa

La rebaja del recibo de la luz, que consiste en una reducción del IVA del 21% al 5% tras un recorte inicial al 10%, una reducción del 5,1% al 0,5% en el impuesto especial y la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía, que grava con un 7% el precio de venta de las empresas generadoras a las distribuidoras y cuyo coste acaban asumiendo los consumidores tras cargarlo al precio estas últimas y las comercializadoras, es la principal causa de descuadre de las cifras de recaudación tributaria.

El IVA ha supuesto 1.220 millones en lo que va de año y 1.729 en el total del periodo de rebaja, el impuesto especial ha conllevado una merma de 1.534 en lo que va de año y otra de 1.870 en el cómputo global y, por último, el gravamen a la generación de electricidad ha ocasionado otra de 3.093 en 2021 para dar un total de 3.853.

Esas cifras se encuentran muy por encima de los 148 y los 41 millones de euros que se ha dejado hasta ahora la Agencia Tributaria con los aplazamientos y las suspensiones de deudas por impuestos de comienzos de la pandemia y, también, de los 124 y los siete que suman en lo que va de año las devoluciones a las eléctricas por el canon de regulación tras la sentencia del Supremo y las medidas de apoyo al alquiler de locales y la rehabilitación de viviendas.

De hecho, el grueso de los cambios tributarios de los tres últimos años están teniendo un resultado positivo de 1.728 millones de euros, 425 procedentes de la batería de medidas extraordinarias por la pandemia y 1.255 por la subida del IRPF a las rentas altas (339), el cambio del tratamiento fiscal de las aportaciones a los planes de pensiones (352), el recorte de las exenciones en el cobro de dividendos (333), el aumento de tipo a las sociedades inmobiliarias (11), el impuesto a las bebidas azucaradas y edulcoradas (75), la subida del tipo a las primas de seguro (46) y las tasas Tobin (26) y Google (73).

El colchón de Hacienda

Hacienda dispone de colchón suficiente para soportar el impacto de esas ayudas como consecuencia de la buenas marcha de la recaudación tributaria, que en los nueve primeros meses de este año ha generado unos ingresos de 181.830 millones de euros, con un aumento de 27.913 (+18,1%) sobre el ejercicio de 2021, en el que la Agencia Tributaria batió de nuevo su marca.

El informe atribuye esa mejora a factores: el aumento del 19,6% en los ingresos por el IVA "como consecuencia de la mejora del gasto y del incremento de los precios", el crecimiento "a buen ritmo" (+12,7%) de las retenciones del trabajo en el IRPF "gracias a la creación de empleo, las subidas de salarios y pensiones y el incremento del tipo efectivo que esas subidas conllevan" y, también, por "los buenos resultados de las cuotas diferenciales" del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, cuyos ingresos aumentan un 31,6% mientras descienden las devoluciones.

Otra cosa es la relación de esos casi 7.500 millones de euros que suponen las rebajas fiscales del recibo de la luz con otros datos como, por ejemplo, las ganancias de las grandes compañías eléctricas, que el año pasado sumaron 6.534 millones y que en el año móvil, el que va del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, se han elevado a 6.809, con una mejora del 4,2% que se superpone a la del 40% registrada entre los dos últimos años.

Esas mejoras de los resultados se producen en un contexto de encarecimiento de los precios de la energía, que en septiembre de los tres últimos años, según los datos de OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad, han pasado de 41,95 euros el megawatio hora en el mercado mayorista en 2020 a estabilizarse en una franja más de tres veces superior, como indican los 156,34 de 2021.

Esa apreciación de las energía en "origen" se ha traducido en una elevación de los precios del mercado minorista, en el que esos registros llegan a crecer un 75% por la aplicación de peajes y costes, que lleva meses añadiendo presión a las economías familiares en un contexto de inflación generalizada y que, al mismo tiempo, está disparando los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas que disponen de plantas de producción.

La propuesta de gravar esas ganancias extraordinarias de las eléctricas con un impuesto específico responde a un planteamiento redistributivo cuyo resultado práctico será, en cualquier caso, menor que el impacto que ese intento de contención de los precios está teniendo en las arcas públicas: se aplicará de manera excepcional durante dos años a razón de 2.000 millones de euros por ejercicio, con lo que su aportación máxima prevista (4.000) se habrá visto duplicada por el coste de las medidas (7.500 en trece meses) antes de que entre en vigor.

Ayudas para pagar la luz y el gas

Ese aumento de los precios de la electricidad está causando serios problemas a miles de familias de renta media y baja, tal y como reflejan los datos de las ayudas de emergencia de los ayuntamientos de dos de las principales ciudades del país como son València y Zaragoza, a los que recurren para poder afrontar los pagos y evitar los cortes del suministro.

En el caso de València, entre enero y septiembre recibieron ayudas para poder pagar recibos de la luz 849 familias, a las que se suman otras 86 que lo necesitaron para los del gas, con una aportación media de 304 euros en el primer caso y de 245 en el segundo.

Las cifras se mantienen en niveles similares a los del año pasado, en el que esas necesidades económicas ya sufrieron un aumento de más del 20%.
"Se han comparado los datos de años anteriores y el 2022 superará las más de 3.000 ayudas de suministro si se siguen tramitando estas ayudas al ritmo actual", señala un informe del Ayuntamiento de València, que incluye en este epígrafe las destinadas al pago del agua y que mantiene acuerdos con varias compañías para evitar los cortes por impago "durante cinco meses desde su notificación".

En el caso de Zaragoza, las 1.592 ayudas para pagar la luz concedidas en los nueve primeros meses del año, cuyo coste supera los 300.000 euros a una media de casi 200, suponen un incremento del 41% en relación con el mismo periodo del año pasado.