El volumen de empleo que el Estado ha protegido en lo que va de pandemia, desde mediados de marzo de 2020 hasta finales de 2021, mediante los ERTE, el cese de actividad y la cobertura de las bajas por contagio supera los 2,6 millones de empleos ‘constantes’ a lo largo de un año, lo cual equivale a la ocupación que generan o absorben en dos ejercicios sectores como la construcción o el turismo.

Los empleos protegidos en los ERTE equivaldrían a 595,1 millones de jornadas y a 1,63 de puestos de trabajo constantes a lo largo de un año mientras los del cese de actividad sumarían 262,2 millones y casi 720.000 ocupaciones, calculados sobre la media mensual en el primer caso y sobre las solicitudes aprobadas, respectivamente, y sin diferenciación por tiempo diario de trabajo en ninguno de los dos casos.

Paralelamente, las bajas registradas entre el 14 de marzo de 2020 y el 23 de diciembre de 2021 han supuesto la pérdida por incapacidad laboral de otros 106,5 millones de jornadas, lo que equivale a algo más de 290.000 puestos de trabajo.

La suma de esas equivalencias asciende a 2,64 millones de puestos de trabajo, un volumen que, según las medias anuales de ocupación de la EPA (Encuesta de Población Activa) de la última década, duplicaría con creces los 1,16 millones de empleos de la construcción y no quedaría lejos de hacerlo con los 1,5 de la hostelería.

Ese registro resulta superior al empleo medio anual de la industria manufacturera (2,31 millones) y al de las dos grandes divisiones del comercio, que alcanza 1,9 en el menor y 1,05 en el mayor más la venta de automóviles, mientras que anda cerca de triplicar al transporte (0,91), cuadruplicar a la agricultura (0,76) o quintuplicar a la banca y los seguros (0,44).

Esos 2,6 millones de puestos de trabajo protegidos por el Estado en los tres formatos equivalen, por último, a algo más de la octava parte del empleo del país, que según la última EPA superaba ligeramente los veinte millones de ocupados mientras en la última actualización de los datos de afiliación a la Seguridad Social se quedaba a apenas 175.000 personas de esa cota.

Serían, según la primera de esas fuentes, 3,1 millones de autónomos, 3,4 de empleados públicos y 13,43 de asalariados del sector privado, con lo que el empleo protegido sería equiparable a más del 80%, más del 75% y casi el 20% de cada uno de esos grupos a lo largo de todo un año.

Los ERTE y el cese de actividad como herramientas principales

La protección de ese empleo ha tenido como instrumentos básicos los ERTE, con los que al cierre del mes de septiembre el Estado había liberado a las empresas de una factura de costes laborales de alrededor de 35.000 millones de euros con un coste de 26.640 para las arcas públicas tras haber llegado a incluir a 3,18 millones de asalariados en mayo de 2020, y el cese de actividad, al que en junio de ese mismo año llegaron a estar acogidos 1,46 millones de autónomos, el 45% del colectivo, según los datos de los ministerios de Inclusión y de Trabajo.

“Con independencia de la exactitud de las cifras, se trata de una magnitud que demuestra el esfuerzo realizado, gracias al cual el país está pudiendo salir adelante. Si no se hubiera podido mantener todo ese empleo habría sido una debacle” económica, explica Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis (EFC), que considera que “nunca se había hecho un esfuerzo de estas dimensiones para mantener la economía en una situación crítica”.

En diciembre, la media de trabajadores por cuenta ajena refugiados en los ERTE se había reducido a 103.801, la cifra más reducida desde el inicio de la pandemia, mientras que el número de solicitudes de cese de actividad de autónomos aprobadas en ese mes se elevaba a 108.178, el tercer registro más bajo desde el comienzo de la crisis sanitaria, aunque en este caso llegaba tras dos meses consecutivos de repunte desde el suelo de 94.351 de octubre.

La puesta en marcha de esas dos herramientas dentro del llamado ‘escudo social’ contra la crisis, con las que asalariados y autónomos cobraban el 70% de las cantidades que registraban sus bases de cotización por la parte proporcional de la jornada que tenían suspendida, ha disparado hasta el entorno de los 45.000 millones de euros anuales la factura total de la cobertura del desempleo.

Los ‘efectos secundarios’ en el consumo y en el tejido empresarial

Esos programas de mantenimiento de rentas tuvieron dos efectos secundarios básicos: por una parte, una amortiguación de la destrucción de empleo con la que, por vez primera, cada punto de caída del PIB dejaba de arrastrar otro de ocupación como históricamente venía ocurriendo en España con cada crisis económica, y, por otra, un mantenimiento del consumo en niveles más elevados de lo que habría supuesto en condiciones normales un parón de la actividad como el de la primavera de 2020 y que tanto atenuó la intensidad del episodio en términos macroeconómicos como facilitó el comienzo de la posterior recuperación.

“En la medida en que son sistemas de mantenimiento de rentas para los trabajadores y de ahorro de costes para las empresas se traducen en términos macroeconómicos en el mantenimiento del consumo y en el sostenimiento de las empresas, que han podido mantener bajos niveles de actividad y de costes laborales evitando los despidos”, señala González, que añade cómo, al mismo tiempo, “en el caso del cese de actividad la renta de sustitución ha llegado a ser superior a la prestación de los ERTE en porcentaje sobre los ingresos mensuales de los autónomos que declaran ganancias inferiores al salario mínimo”.

Un volumen desconocido de bajas laborales

El tercer bloque de protección es el de las bajas laborales, cuya suma supera los 106,5 millones de jornadas entre el 14 de marzo de 2020 y el 23 de diciembre de 2021, antes de estallido de la séptima ola pandémica impulsada por la variante ómicron, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión.

Esos 106,5 millones de jornadas no trabajadas por incapacidad laboral transitoria, cada vez menos largas al caer de los más de 30 días de los primeros meses de la pandemia a los menos de diez del pasado diciembre, pero al mismo tiempo progresivamente más numerosas por la elevada contagiosidad de ómicron, equivalen (sin diferenciar entre tipos de contrato) a algo más de 290.000 empleos ‘constantes’ a lo largo de un año.

“Esas tres líneas han supuesto un esfuerzo enorme para la Seguridad Social”, explica el economista, que recuerda cómo, no obstante, “más del 50% de los trabajadores carece de complementos para completar el salario con la prestación de la baja porque sus convenios no lo contemplan”.

En el caso de la llamada incapacidad laboral transitoria, añade, la protección del empleo “supone un esfuerzo compartido entre los trabajadores, las empresas y la Seguridad Social, aunque con el mayor peso para esta última”.

La normativa establece que la Seguridad Social paga al trabajador una prestación del 60% de su base de cotización del cuarto al vigésimo día y un 75% a partir del vigesimoprimero, mientras los tres primeros dependen de lo que recoja el convenio de referencia: si no lo hay o si este no indica nada, que es lo más habitual, el trabajador no cobra nada en esos tres días.