Cuando hace siete meses aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Gobierno afirmó que con esta medida aspiraba a acabar con un 80% de la pobreza severa en España. Urgido por la intensidad de la crisis económica y social desatada por la pandemia, el Ejecutivo de coalición aprobó deprisa y corriendo una medida que según sus cálculos iba a beneficiar a 2,5 millones de personas, las que viven bajo esa pobreza severa, aglutinados en 850.000 hogares.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inlcusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV tan sólo ha llegado a 160.000 de esos 850.000 hogares inicialmente previstos, apenas un 20% del objetivo declarado por el Gobierno en junio de 2020. Una cifra claramente insuficiente que crece a un ritmo mucho menor del previsto, y sobre todo mucho menor al que lo hace la pobreza en la España de la pandemia: según el último informe de Intermón Oxfam publicado hace escasos días, un millón de personas han caído por debajo de la línea de la pobreza relativa durante la pandemia, de ellas 790.000 en la pobreza severa.

Si los efectos del IMV tardan en apreciarse, se debe sobre todo a las dificultades del Gobierno para afinar la puesta a punto de la prestación. Todavía hay mucha personas y familias necesitadas a las que el IMV no termina de llegar, y cuando llega, en no poco casos, lo hace con algún error o fallo que perjudica a los beneficiarios.

Desde la Plataforma RMI Tu Derecho, organización que entre otras actividades se dedica a asesorar a los solicitantes del IMV a lo largo del proceso burocrático que tienen que emprender para acceder a la prestación, señalan el verdadero fondo del problema: el Gobierno ya ha resuelto el 80% de las solicitudes recibidas hasta ahora, que giran en torno a los 800.000 expedientes, pero la mayoría de las solicitudes se terminan rechazando.

"Dos solicitudes de cada tres se rechazan", especifica Hontanares Arranz, miembro de RMI Tu Derecho. El Gobierno dice que se rechazan algo más de la mitad. En cualquier el porcentaje de rechazo es excesivo. Tanto es así, que la semana pasada José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, avanzó la intención del Gobierno de reformar la regulación del IMV en "próximas semanas" para ajustar al alza los umbrales de renta y patrimonio y así permitir el acceso a la ayudas de muchas más personas. Sobre todo después de que en 2021 se hayan incrementado el 1,8% de las cuantías del IMV, al estar vinculada esta ayuda a la revalorización de las pensiones no contributivas. 

"No es cuestión del ritmo, pero sí estamos rechazando más de lo que probablemente pensábamos", confesó entonce Escrivá en una entrevista en televisión. El ministro explicó que una parte importante de estas denegaciones se debía a que los solicitantes tienen una renta o un patrimonio neto excluyendo vivienda mayor de lo que se presuponía cuando se diseñó la prestación. Por eso, la reforma, que se aprobará en próximos Consejos de Ministros, también permitirá que los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y las ONG colaboradoras del Ministerio puedan certificar las condiciones de las distintas unidades de convivencia, agregó, lo que agilizará "mucho" el proceso.

Pero ya no es sólo un problema de burocracia o de unos niveles de renta que necesitan revisarse. A lo largo de estos meses, la Plataforma RMI Tu Derecho ha detectado varias anomalías en el cálculo del IMV que han terminado perjudicando a no pocas familias beneficiarias. "La normativa que rige el IMV está llena de trampas", advierten desde esta plataforma ciudadana.

RMI Tu Derecho denuncia que se castiga a familias que antes de acceder al IMV recibían una prestación por hijos menores a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor a 33%, la principal prestación para luchar contra la pobreza infantil que habia antes de la IMV. La plataforma ha detectado que a estas familias se les está descontando del IMV la cuantía de lo que cobraron el año anterior por hijos a cargo, por lo cual han terminado por perder poder adquisitivo. 

La aprobación del IMV el pasado año provocó la supresión del la ayuda a hijo o menor a cargo sin discapacidad con discapacidad menor al 33%: la intención era evitar duplicidades pues ambas prestaciones encontraban a los mismos beneficiarios potenciales. Además, se suponía que el IMV compensaría la supresión de la prestación por hijos a cargo. Como el IMV se calcula con la renta de los beneficiarios del año anterior, Hontanares Arranz recuerda que la Administración ya descontó a algunos beneficiarios lo percibido en 2019, y se continúa descontando en 2021 lo percibido en 2020.

Hontanares Arranz recurre a un ejemplo concreto: "Nos empezó a llamar la atención que los importes concedidos por el IMV eran menores a lo establecido. Varias familias se quejaban por lo mismo. Hay una familia numerosa, matrimonio con cuatro hijos, que su caso es paradigmático: en 2019 cobraba la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid sin ningún otro ingreso. 813 euros al mes. Según las tablas de las cuantías de la IMV debía cobrar 1.015,30 euros al mes, pero sólo cobraba 743,84 euros. ¿Cómo era posible? Sólo cabía hacer el cálculo con la prestación por hijo a cargo: la familia cobraba 341 euros anuales por cada hijo y además un plus por familia numerosa, otros 1.000 euros anuales. Hicimos los cálculos y salía la cifra redonda".

Por eso, RMI Tu Derecho solicita suprimir la anulación de la prestación por hijo a cargo. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya explicó en su momento a través de su perfil de Twitter: "La prestación por hijo sin capacidad o con capacidad superior al 33% se seguirá recibiendo si no se cumplen los requisitos para el ingreso mínimo vital o no interesa el cambio".

No es el único error o "trampa" en el lenguaje de la Plataforma RMI Tu Derecho. Ya el pasado mes de septiembre la plataforma denunció que también se discriminaba en la prestación del IMV a las familias monoparentales por un error conceptual a la hora de reconocer qué era una familia monoparental, especialmente en el caso de las encabezadas por mujeres. Quizás por eso el Gobierno se afana en reformar la prestación y tiene previsto hacerlo más pronto que tarde, y así evitarse unos cuantos quebraderos de cabeza.

Lo cierto es que desde que se aprobó el IMV, el Gobierno ha recibido bastantes críticas: las trabas burocráticas y la proverbial lentitud de la Administración en tramitar y responder a todas las solicitudes en las primeras semanas fue otro factor que empatanó la llegada de las ayudas, algo que se hizo más evidente en los meses de verano. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó entonces que los retrasos en las concesiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se debían a la búsqueda de "fraudes y duplicidades" en los expedientes, aunque indicó que en breve se resolverían todos esos retrasos.

A todo ello se sumaron denuncias de malas prácticas en la tramitación de esos expedientes: Público se hizo eco de una denuncia de irregularidades en la tramitació del IMVd. Una trabajadora a la que despidieron tras negarse a ello contó cómo desde el primer momento la falta de información y las órdenes de sus superiores dejaban entrever que buscaban retrasar lo máximo posible la tramitación del Ingreso. Aseguraba que Tragsa, empresa pública encargada de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), comunicó a sus trabajadores que debían catalogar los informes de tal forma que ninguno apareciera como "conforme". 

Ya en diciembre, el ministro Escrivá se comprometió a realizar "una completa evaluación" de la prestación y a estudiar cuantas modificaciones fueran necesarias "para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad que identificamos antes del desarrollo de la norma". Ahora el Gobierno se afana en ello y prepara una revisión del IMV para darle mayor alcance.