En España ya hay dos ‘labradores de salón‘, casi tres según algunos cálculos, por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra o criar ganado: los primeros son más de 650.000 mientras los segundos no llegan a 250.000, según indica un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) sobre el rendimiento económico de las actividades profesionales de los autónomos.

¿Y qué es un ‘labrador de sofá’ o ‘de salón’? Básicamente, propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan pero cuya titularidad les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados “derechos históricos”.

El Gobierno español y las comunidades autónomas acordaron hace unos meses defender en Bruselas la eliminación de esos derechos, establecidos en 2003, calculados a partir de la producción que tuvieron las explotaciones entre 2000 y 2002 y que, desde entonces, la UE se los paga al titular, con independencia de que en esas tierras se produzca o no algo, de que lleven años en barbecho o de que se hayan convertido en cotos de caza.

Una de las últimas oportunidades para revertir esa situación se encuentra en el nuevo Reglamento de la PAC que Bruselas tiene previsto aprobar este año, aunque todavía no hay una fecha concreta, según las conclusiones del Consejo de la UE de mediados de diciembre.

Labradores ‘de sofá’ y de tractor

La Estadística de Rendimientos de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria, cuya última edición se basa en los datos de la declaración de IRPF de 2017, suma 898.442 declarantes en el sistema de estimación objetiva agrícola, ganadera y forestal, la cual, como en el resto de sectores, incluye tanto a los profesionales con dedicación exclusiva o principal al campo y/o la granja como a “los declarantes con ingresos marginales resultado de actividades no habituales”.

Sin embargo, esas casi 900.000 personas, entre las que no se incluyen quienes tributan por el sistema de atribución de rentas por administrar sus propias sociedades o ser socios trabajadores de cooperativas (declaran sus ingresos como rentas del trabajo pese a cotizar como autónomos), no son, ni de lejos, la plantilla real de agricultores del país, según indican las dos fuentes estadísticas más fiables sobre el mercado laboral español, que rebajan el número en una horquilla que va de los 450.000 a los 650.000.

Los agricultores dejaron de tener un régimen específico de la Seguridad Social para incluirse en el general de los autónomos en 2007, cuando el contador se cerró con 245.481 afiliados tras un vertiginoso desplome con pérdidas de más de cien mil en una década (354.453 en 1998 y 443.397 en 1993). Habían caído a la mitad en solo 16 años, desde los 510.772 de 1991.

Paralelamente, la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística) cifra en 450.900 (523.400 en 2017) los autónomos y empleadores del sector primario atendiendo a la ocupación y en 287.100 (286.200) en función de su situación socioeconómica.

Así, según la fuente estadística que se utilice como referencia, serían ‘labradores de sofá’ entre la mitad y dos terceras partes de quienes declaran en el IRPF ingresos por el rendimiento de actividades económicas de origen agrario.

¿700.000 agricultores independientes ganan dinero?

El informe de UPTA destaca el elevado volumen de declarantes por el sistema de estimación objetiva agrícola “debido al considerable número de rentas con carácter exclusivamente complementario y por razón de acceso a las ayudas de la PAC”.
De hecho, llama la atención que 691.571 de los 783.234 supuestos agricultores que declaran beneficios carezcan de asalariados, es decir, que trabajarían ellos mismos la tierra, un dato que, a tenor de los registros de la EPA y de la Seguridad Social, parece más vinculado a tratarse de actividades sin gastos (poner la mano para recibir subvenciones) que a una dedicación profesional al campo.

Situaciones como que, según los datos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), en las cinco mayores ciudades españolas estén domiciliados 61.335 perceptores de ayudas de la PAC, casi la mitad de ellos (25.903) en Madrid, apuntan en esas misma dirección. Más, si cabe, cuando la evolución real de un campo cada vez más ‘uberizado’ apunta a intensos procesos de acaparamiento de las tierras y a un progresivo abandono de las explotaciones familiares por su insostenibilidad económica.