El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona (Barcelona) ha ordenado la madrugada de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del empresario José Luis Ulibarri, tras ser detenido en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía por el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), el titular del Juzgado ha finalizado a las 3.00 horas las comparecencias iniciadas sobre las 19 horas de este miércoles de cinco detenidos en la operación, con domicilios en Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañana.

El juez acordó prisión para Ulibarri, también investigado dentro de la trama del caso Gürtel, y otra persona, y para los otros tres que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad con medidas cautelares como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

Durante este jueves la Policía Nacional continuará con la puesta a disposición judicial del resto de detenidos pendientes de comparecer ante el magistrado instructor, ha precisado el TSJC, que ha explicado que de la cincuentena de detenidos en esta operación, está previsto el pase a disposición judicial de una quincena.

Este miércoles el juzgado ya decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido, tras tomar declaración a los cuatro detenidos este martes en la provincia de Barcelona y decretó libertad con medidas cautelares para los otros tres -un quinto detenido en Lleida quedó en libertad el mismo martes tras declarar ante la Policía-.

Operación enredadera

Los hechos investigados en la operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que ha ordenado 55 entradas y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

El Juzgado de Badalona autorizó la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.