Miguel Blesa: "La tarjeta era de libre disposición. No teníamos que justificar los gastos"

MADRID.- El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, asegura que la tarjeta se la entregó el secretario general, Ángel Montero, en 1994. "Era de libre disposición del consejero, no era precisa la justificación de los gastos que se realizaban", ha explicado al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante su interrogatorio por el juicio de las tarjetas black -opacas al fisco- que se celebra en la Audiencia Nacional.

Blesa ha explicado que el secretario del Consejo le dijo que "la tarjeta era de libre disposición. Eso lo tengo claro, entiendo que era un complemento retributivo." Asimismo, ha expuesto al tribunal que que había dos tipos de plásticos: "Unas tarjetas para gastos de representación de empleados, de acuerdo con las facultades y delegaciones de Recursos Humanos, por acuerdo de 1994; esa facultad la tiene el Comité de Medios. Y una tarjeta remuneratoria de consejeros, directivos y de la comisión de Control que no son competencia del Comité de Medios. El presidente decide la entrega y la cuantía de esa tarjeta".

"En septiembre de 1996, cuando accedo a la Presidencia, el director de RRHH me retira la tarjeta anterior, y me da dos, una de gastos de representación y otra de complemento retributivo", ha explicado el exdirectivo.

Tras la pregunta del fiscal por el aumento de los límites de gasto de los plásticos opacos al fisco, Blesa ha admitido que él decidía las actualizaciones, además de comunicarlas para que la Comisión de Control estuviera al tanto. "Había consejeros que formaban parte de las comisiones y en atención a eso se fijaba un límite diferente, lo acordé yo así".

"Era una operación del día a día de la gestión, no se trata que alguien pida que se le aumente la retribución, sino el límite operativo. Por motivos de seguridad, todas las tarjetas tienen un límite, si alguien tenía previsto hacer un gasto superior durante un mes o dos, pedía que el limite operativo, no la cuantía de la retribución, se aumentara. Podía gastar más en esos meses, pero no superar los límites anuales", sostiene el expresidente de Caja Madrid.

El expresidente ha asegurado que en tres años la caja dobló su balance y se acompasaron las retribuciones de todo orden a la responsabilidad y el tamaño de la caja, que ampliaba su radio de acción.

A la pregunta del fiscal sobre si se incluían los gastos de la tarjeta en el certificado de haberes, Blesa ha respondido que "la primera vez que hemos tenido conocimiento de que no se incluían en el certificado ha sido por los escritos de Bankia, todo el mundo creía que estaba incluido".

"El certificado de retenciones se nutre de distintas fuentes: el sueldo y complementos son gastos de personal. Las retribuciones en especie, seguros de vida y salud, va por otras cuentas; otra retribución, préstamos a precio inferior al mercado, va a otra cuenta... y lo mismo pasaba con esta tarjeta. No sé quién tomó la decisión, no todos los gastos de personal están en los gastos de personal", ha manifestado el exdirectivo de la entidad para justificar por qué el gasto de las tarjetas no se computó como gastos de personal en la contabilidad de Caja Madrid.

Luzón ha preguntado si los auditores conocían la existencia de estos plásticos, a los que Blesa ha respondido que ellos tenían “suficientes pistas” para saber que las tarjetas eran un complemento retributivo.

El expresidente ha declarado que desconoce quién tomaba la decisión de otorgar las tarjetas a los directivos de la entidad. No obstante, ha asegurado que "es una retribución que tiene el consejero y puede gastarlo como le parezca oportuno".

Blesa ha dicho que desconoce si ha habido casos en los que la tarjeta ha aparecido activa tras salir de la caja: "En el momento en que se sale de la caja, la tarjeta debe ser anulada", ha agregado.

Tras un breve receso, Blesa ha respondido a las preguntas de su letrado, Carlos Aguilar. Tras ser preguntado por la validez del Excel, el exdirectivo no ha querido reconocer esa prueba porque no puede contrastar los datos con ningún documento. "He examinado parcialmente el Excel, lleno de inexactitudes, uno no tiene el don de la ubicuidad, es una elaboración que hace Bankia no sé con qué datos. Si uno compara el extracto que facilita una entidad y lo compara con el listado Excel verá que no coincide en absoluto. No es un movimiento de cuenta, no es documento bancario, no es una suma de extractos bancarios", ha agregado.

Asimismo, el acusado ha destacado que la ocultación de las tarjetas era casi imposible, ya que se han usado durante 23 años. "¿Hay alguien que puede decir que se pueda ocultar con un Banco de España, con auditores?", ha rebatido.

Miguel Blesa ha dicho que tenía la plena convicción de que estaba actuando legítimamente, basado, según él, en un principio de confianza en la institución: "No me planteé la ilegitimidad y había unos servicios que me podían haber advertido de que tal o cual decisión chocaba con los estatutos. Tengo la plena convicción de haber actuado legítimamente".

Tras conocer la decisión del tribunal presidido por Ángela Murillo sobre el rechazo de las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio oral, el expresidente de Caja Madrid ha sido el primero de los 65 acusados en enfrentarse a las preguntas del representante del Ministerio Público, Alejandro Luzón y de los abogados de las demás partes. Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General de Trabajo (CGT), la acusación popular.

Otro hecho significativo del juicio se ha producido en los exteriores de la Audiencia Nacional. El que fuera exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, que se encuentra entre uno de los 65 acusados que se sientan en el banquillo por el uso de las Black, ha sido recibido a su llegada entre gritos de "inútil", "idiota", o "chorizo" por los ciudadanos que se reunían en los exteriores del juzgado.

Al mismo tiempo, estas voces también han pedido que "los corruptos se vayan a la cárcel" y han tachado al resto de procesados de "ladrones" y "macarras". 

En este caso, el que fuera consejero privado de Felipe VI, estafó presuntamente una cantidad que superó los 200.000 euros. Tras la salida a la luz del escándalo, presentó su dimisión como jefe de la Casa Real.