La fase de crecimiento y estabilización que atraviesa el mercado laboral español, con datos de récord de ocupación cercanos a los 21 millones, una caída del desempleo a niveles de hace quince años y una incipiente transformación del modelo productivo en el que ganan peso las actividades más tecnificadas, no está siendo, ni mucho menos homogénea.

Incluye, además de las lagunas de precariedad que siguen afectando aunque en menor medida a jóvenes, mujeres y migrantes y la lacra del trabajo gratuito, un fenómeno de exclusión que está expulsando del mercado laboral a medio millón de trabajadores, que no encuentran la forma de recolocarse tras haber perdido sus empleos.

Casi un tercio de los desempleados, 838.400 de 2,76 millones según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), se consideran de larga duración por llevar más de un año buscando empleo, una cifra que lleva desde principios de 2021, con más altibajos que una tendencia propiamente bajista, en una horquilla de entre esa cifra y 965.000.

Más de la mitad de esos parados de larga duración, 475.600 (56%) al cerrar el segundo trimestre, tienen más de 50 años, un registro que llevaba desde la pandemia por encima del medio millón y que no tardará en recuperar ese nivel por dos motivos. Por un lado, el progresivo aumento de los trabajadores que superan esa edad entre los que llevan entre seis meses y un año buscando empleo, que se está consolidando por encima de los 100.000. Por otro, la menor empleabilidad del colectivo.

Ese fenómeno está teniendo un impacto en las cuentas públicas, ya que, según indican los datos del Ministerio de Trabajo, la necesidad de recursos para atender al desempleo apenas se reduce, e incluso presenta una ligera tendencia alcista, pese a la caída del desempleo.

Ese incremento se debe, básicamente, al aumento de los subsidios asistenciales para los trabajadores que agotan sus prestaciones y, dentro de estos, de los mayores de 52 años, que encuentran en el último tramo de su carrera enormes dificultades, a menudo insalvables, para volver a colocarse.

En este sentido, resulta ilustrativo que la suma de los subsidios esté escalando a un umbral de 7.000 millones de euros anuales que abandonó hace una década y que su peso se acerque a un tercio del total (casi 21.000), cuando lo habitual ha venido siendo que se situara en el entorno de la cuarta, mientras, paralelamente, el coste total del sistema de protección vuelve a niveles de entre 2014 y 2015.

"Se está dando un fenómeno curioso en el que la tasa de desempleo está bajando al mismo tiempo que tenemos un elevado paro de larga duración y a mucha gente que está agotando las prestaciones. Hay un trasvase de personas que agotan la prestación y pasan a percibir un subsidio", explica Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO.

La prestación se agota porque su duración, en cada uno de esos casos, no alcanza al tiempo necesario para que su perceptor pueda encontrar otro empleo, ya sea con la adquisición de nuevas habilidades y capacitaciones a través de la formación o sin ella.

Más de 800.000 desempleados carecen de protección social

Bravo llama la atención sobre otro aspecto: la tasa de cobertura del sistema de protección frente al desempleo, es decir, el número de parados que perciben prestación o subsidio está creciendo. Pero lo está haciendo "como consecuencia de la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años en 2019".

Esta ayuda del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), diseñada para sostener los ingresos de los desempleados en el último tramo de su vida laboral tras haber agotado su prestación, tiene una cuantía mensual de 480 euros. Es compatible con otros ingresos que no alcancen el 75% del salario mínimo interprofesional (1.008 euros brutos mensuales) y puede mantenerse hasta la jubilación formal.

La tasa de cobertura del desempleo recobró a finales de julio el nivel del 70% que solo había alcanzado en este siglo entre 2007 y 2011. Siempre con la excepción del año de la pandemia, cuando alcanzó el 85% como consecuencia de los ERTE que después facilitaron la recuperación al proteger el empleo y el tejido productivo y comercial.

Entonces, con un volumen de entre 1,4 y tres millones de desempleados protegidos cuando la EPA contabilizaba entre 1,8 y cinco, y ahora con 2,7, lo que significa que más de 800.000 parados carecen de protección social en España.

Tres de cada cuatro parados subsidiados supera los 50 años

Casi tres de cada cuatro desempleados subsidiados al cierre del mes de julio, 597.816 de 841.040, tenían más de 50 años; tasa que se mantiene si se excluyen las ayudas del sector agrario y que, si se mantienen las tendencias laborales actuales, corre riesgo de verse incrementada con el trasvase de parte del tercio de mayores de 50 años (283.666 de 810.398) que estaban percibiendo una prestación contributiva.

Como apuntaba Bravo, la mitad de las ayudas asistenciales (429.170) se concentran en el subsidio para mayores de 52 años, a los que hay que añadir otros 69.079 mayores de 46 años que habían accedido a ayudas de carácter asistencial tras haber agotado su prestación.

El volumen de perceptores de ese subsidio era de 362.698 en diciembre de 2019, nueve meses después de haber recuperado la vigencia de la ayuda y a menos de tres meses del parón por la pandemia.

Eran 66.472 menos que este verano, un dato que, combinado con la estratificación por edades del desempleo de larga duración y con la mejora de la ocupación, apunta a la localización de una de las lagunas de la recuperación entre quienes pierden su empleo con más de 50 años.

El edadismo y la tecnificación juegan contra los mayores

¿Cuántos trabajadores hay en esa bolsa? Resulta difícil de determinar, aunque los datos disponibles apuntan a ese alrededor de medio millón de parados en el tramo final de su vida laboral.

Dato con el que vienen a coincidir grosso modo el volumen de los parados de larga duración de ese tramo de edad y el de los perceptores de la ayuda. A estos, en cualquier caso, siempre habría que añadir una parte indeterminada del 30% de desempleados a los que no alcanza el sistema de protección.

"Se está produciendo un embolsamiento entre los mayores de 52 años y hay un trasvase de la prestación a la ayuda asistencial", anota Bravo, que apunta a la influencia de cierta tendencia al edadismo por parte de los empresarios.

"El retorno al empleo de la gente que lo pierde con más de 50 años es muy difícil. La salida vía despido sigue siendo, si no fácil, barata; y a la hora de la contratación se está dando el edadismo en muchos sectores", señala el sindicalista.

Eso, que hasta ahora era más frecuente en trabajos con exigencia física, comienza a darse en otros que requieren mayor cualificación técnica. En estos se está concentrando algo más del 20% de los nuevos empleos creados en el último año, ante la mejor formación profesional y/o académica de los aspirantes jóvenes frente a los de mayor edad.