Más de 200.000 familias han comunicado a la banca que cumplen los requisitos para acogerse a la moratoria hipotecaria y han pedido suspender el pago de sus cuotas, algo que afectaría a créditos por un valor superior a los 20.000 millones de euros, una cantidad netamente superior a los 17.708 que al cierre de 2019 tenían catalogados como préstamos para adquirir vivienda de dudoso cobro las entidades financieras españolas.

Pese al elevado volumen de dinero que suponen esas cifras, su peso resulta relativamente bajo en el conjunto del mercado hipotecario español, en el que no llegan a alcanzar el 4% del saldo vivo (510.869 millones) ni del número de préstamos vigentes, que supera los cinco millones, según los datos, en ambos casos, de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Los datos hechos públicos este viernes por el Banco de España y los facilitados por las propias entidades financieras apuntan en la misma dirección. Según el emisor, los bancos habían recibido hasta el 30 de abril un total de 228.322 peticiones, de las que "se había dado curso a 65.559" (menos de la tercera parte) que suman un "saldo vivo pendiente de amortización" de 6.525 millones de euros, añadía, una relación que, de mantenerse con el resto de las solicitudes, apuntaría a un montante total de 22.725 millones.

Entre los autónomos, añade, "los principales sectores beneficiarios de la moratoria son comercio y hostelería, seguidos a cierta distancia de otros servicios, transporte y construcción", los cuales "conjuntamente representan más del 70% del total de moratorias a las que se ha dado curso hasta la fecha".

¿En qué consiste la moratoria?

La moratoria hipotecaria, una de las medidas del escudo social que ha articulado el Gobierno para paliar la crisis derivada del parón de la actividad económica por el confinamiento, regulada en el segundo decreto del estado de alarma, tiene como objetivo "garantizar el derecho a la vivienda a los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria", algo que se ha convertido en habitual desde mediados de marzo.

Pese al elevado nivel de exigencia de los requisitos establecidos por el Gobierno para acogerse a ella, y a la merma de ingresos que iba a conllevar para el sector financiero a las puertas de una recesión, la medida ha tenido una amplia acogida en las dos partes afectadas: los hipotecados, cuyas solicitudes llegan a suponer el 8% de la cartera en entidades como Santander, y la banca, cuyas principales marcas han ampliado la propuesta del ejecutivo y permiten llevar la suspensión de las cuotas más allá de lo que pueda durar el estado de alarma.

La exención de provisionar el valor de los créditos aplazados que establece el decreto, que les libera de tener que apartar esos más de 20.000 millones de euros, y el recuerdo de la indigestión de ladrillo que el sector se autoinfligió a base de desahucios la pasada crisis, y que lleva más de una década lastrando sus cuentas y minando la reputación del sector, han presionado en esa dirección: mejor esperar a ver si el país remonta que dejar a 200.000 familias sin casa y hacerse con un parque inmobiliario de esa magnitud sin tener a quién colocárselo.

17.000 millones de euros solo entre los tres principales bancos

Según consta en las declaraciones de resultados que los bancos españoles han ido presentando ante la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la entidad más afectada por la moratoria sería CaixaBank, que ha recibido 95.000 solicitudes de aplazamiento para créditos que suman 8.500 millones de euros. Se trata del líder del mercado hipotecario.

Detrás se sitúan el BBVA, con solicitudes de suspensión por 3.884 millones de euros, y Santander, con 45.000 peticiones que afectan al 8% de su cartera, lo que supone otros 4.600 millones en préstamos.

Solo entre las tres principales entidades financieras españolas el impacto de la moratoria alcanza a créditos que suman más de 17.000 millones de euros, una cifra prácticamente equivalente a los anotados como dudosos al cierre del ejercicio.

Los efectos son también notables en Bankia, que contabilizaba hace unos días 19.400 peticiones de aplazamiento que arrojan un valor de alrededor de 2.400 millones de euros si se tiene en cuenta que la hipoteca media de los últimos años se sitúa en el entorno de los 125.000, según en INE (Instituto Nacional de Estadística).

A esas cifras hay que añadirles los 145 millones del Sabadell, los 1.420 de Liberbank, los 547 de Ibercaja (6.200 peticiones) y, por último, las 7.000 solicitudes recibidas por Unicaja, que añadirían otros 875 a la estimación para situarla por encima de los 22.000.

Carencias para los créditos de consumo

Las peticiones de aplazamiento están afectando también a los créditos de consumo, un producto en crecimiento en los últimos años con el que los hogares españoles mantienen una deuda de casi 95.000 millones de euros que ha crecido más de un 35% en solo tres años, ya que el saldo vivo no llegaba a los 70.000 al cierre de 2016.

Según el Banco de España, las solicitudes de moratoria de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria registradas hasta el 30 de abril ascendieron a 296.924, de las que los bancos y cajas han tramitado 59.163, menos de la quinta parte. "El saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos se situaba en 585 millones de euros", lo que apunta a un resultado global cercano a los 3.000.
En este caso también CaixaBank es la entidad que acumula más peticiones, con un total de 125.000 que no andan muy lejos de triplicar las 46.000 de Santander y de multiplicar por nueve las 14.000 de Bankia.

Las "carencias aplicadas a otros tipos de créditos" no hipotecarios suman 275 millones de euros en el caso de Sabadell y se quedan en apenas nueve en el de Liberbank, mientras las peticiones rondan los dos millares en las oficinas de Unicaja. BBVA y Bankínter no ofrecen datos sobre este apartado.