La diputada de En Marea Yolanda Díaz denunció esta mañana en el Congreso que la caída del valor en bolsa del Banco Popular, que hizo perder su dinero a más de 300.000 pequeños inversores que poseían acciones del banco, se debió a operaciones ejecutadas por 126 fondos de inversión y grandes accionistas que vendieron sus participaciones pocos días antes de que la entidad fuera liquidada y regalada al Banco de Santander a cambio de un euro.

“Fue una operación no sólo especulativa sino mortal y consentida y amparada” por los organismos reguladores, dijo Díaz en la Comisión de Economía del Congreso, donde el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una proposición no de ley para exigir al Gobierno que no invierta fondos públicos en la compra-venta de la entidad, que impida el cierre de oficinas y los previsibles despidos que conllevarían, y que garantice además que se mantiene en Galicia la obra social de la Fundación Barrié, ligada al Banco Pastor, filial del Popular.

La moción fue rechazada por 19 votos en contra (PP, PNV PdeCAT y Ciudadanos) y 18 a favor (Unidos Podemos y sus aliados y el PSOE).

Díaz explicó que los pequeños inversores del Popular fueron víctimas de una “estafa” en la que pudo mediar el uso de información privilegiada por parte de esos grandes fondos. La diputada de En Marea recordó que el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el 19 de abril en la misma Comisión de Economía que el Popular no tenía problema alguno, ni de solvencia ni de liquidez.

Según el histórico de cotizaciones del Popular, ese día sus acciones se vendían a 0,69 euros. Siete semanas después valían 0,65. Pero en apenas una semana se desplomaron más de un 50% hasta llegar a los 0,32 euros del martes 6 de junio, el día antes de que el Mecanismo Único de Resolución de la Unión Europea ordenara su liquidación y se decidiera su traspaso al Santander.

“Estamos ante una auténtica estafa democrática. Gana una sola entidad, gana la señora Botín [presidenta del Santander], pero pierde la mayoría de la sociedad. Pierden los trabajadores y trabajadoras si son despedidos, pierde la ciudadanía con el cierre de oficinas, pierden los pequeños ahorradores... Un negocio para una entidad y estafa para el resto de los mortales”. En Galicia, el Banco Pastor tiene 680.000 clientes y un volumen de créditos y depósitos de más de 20.000 millones de euros.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, anunció el pasado miércoles que el regulador bursátil estaba investigando el posible uso ilegal de esa información privilegiada y la consecuente “manipulación“ del mercado que habría conllevado.

Aunque esa tesis fue desmentida el pasado miércoles por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, quien aseguró que el Popular fue “solvente” hasta el 5 de junio y que su problema era sólo de liquidez, el Banco Central Europeo ha recomendado a la Justicia española que investigue si ayuntamientos y comunidades autónomas están entre los clientes del banco que retiraron sus depósitos en los días anteriores a la liquidación porque disponían de información sobre la situación real de la entidad que no conocían el resto de ahorradores y accionistas.

La diputada socialista Ana María Botella cifró en 2.000 millones de euros “la estampida de fondos” diaria en las jornadas anteriores a la intervención del banco, y recordó que “el Santander inyectó 13.000 millones nada más tomar posesión del banco para atender la fuga de depósitos” que, a su juicio, estuvo en la base de la caída de la entidad. “¿Se suicidó el Popular o lo estrangularon?”, se preguntó.

La proposición de En Marea, que advierte de que la absorción del Popular deja el sistema español en una verdadera situación de oligopolio [cinco entidades copan el 72% del mercado bancario, frente al 31% de Alemania, por ejemplo, tal y como recordó Díaz”. Y Botella recordó que el PSOE ha presentado en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley muy parecida a la que se debatió en la Comisión de Economía en el Congreso.

En contra de la iniciativa se mostró Ferrán Bel Accensi, del PdeCat, quien explicó que, si bien comparte la petición de que no se inviertan fondos públicos en la operación del Popular, aseguró que el resto de exigencias de la propuesta de la diputada, de Unidos Podemos-En Marea, como impedir los despidos o el cierre de oficinas en pequeños municipios, supondría “una injerencia” en las decisiones del banco. Bel llegó a decir que los propietarios de una entidad financiera tienen derecho a gestionarla como lo harían los de “un supermercado o cualquier tienda de chuches”.

La misma postura mantuvieron Idoia Sagastizábal, del PNV, y Francisco de la Torre, de Ciudadanos. En sus intervenciones, sin embargo, vertieron críticas contra el papel del Ministerio de Economía y de su responsable, Luis de Guindos.

Por su parte, la diputada popular Tristana Moraleja, acusó a Díaz de hacer “populismo” y, sin entrar a valorar el fondo de la propuesta, acusó a Díaz de haber obviado en su iniciativa a los 300.000 accionistas, añadiendo que En Marea habría subsanado “el olvido” presentado ayer por la mañana en el registro del Congreso otra proposición al respecto. “Ustedes a hacer populismo, que es lo suyo, decir hoy blanco y mañana negro. Total, al periodista que informe sobre lo sucedido no volverán a dirigirle la palabra”, añadió en un enigmático giro.

Se da la circunstancia de que Moraleja, lucense de nacimiento, se presentó por primera vez en las últimas elecciones municipales como cabeza de lista del PP en el Ayuntamiento de Oleiros, donde reside Yolanda Díaz. Con Moraleja al frente, los populares perdieron tres de los siete concejales que tenían en el municipio, el de mayor renta por habitante de Galicia, que fueron a parar a Alternativa dos Veciños, la formación independiente de izquierdas que gobierna ahora con mayoría absoluta en la localidad coruñesa.