La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, ha asegurado este lunes en el Parlamento Europeo que hay "margen" para que la Justicia española investigue si comunidades autónomas y ayuntamientos utilizaron información privilegiada para retirar sus depósitos de Banco Popular antes de la resolución de la entidad.

"No está en mi poder, no puedo estar involucrada en esto, pero ciertamente hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos para ver si información privilegiada ha ayudado a ciertas personas a intentar protegerse mejor que los pequeños depositantes", ha señalado ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara.

"Es una cuestión para que la Justicia española y quizás las autoridades de mercado investiguen y tomar medidas si fuese necesario tomarlas", ha añadido.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, reveló el pasado lunes durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso que "hubo comunidades autónomas y ayuntamientos que retiraron cantidades fuertes de depósitos" de Banco Popular.

De todas formas, Nouy ha recordado que, tras la intervención de Popular y su posterior venta a Banco Santander, ningún depositante perdió dinero y "todo el mundo fue protegido", excepto si "los pequeños depositantes o los minoristas tenían acciones".

En cualquier caso, Nouy ha señalado que la falta de liquidez de la entidad no fue el único factor que condujo a la entidad a la intervención, puesto que este hecho es "el último paso de la enfermedad".

"Si el banco tiene que construir miles de millones en provisiones en los últimos dos o tres años, si tiene que emitir 5.000 millones de capital adicional en el mismo periodo y si el banco ha sido puesto en venta por la junta y el presidente del banco fue por razones estructurales aparte de la liquidez", ha apuntado.

Además, ha evitado detallar en qué momento el ratio cobertura de liquidez de la entidad pasó a estar por debajo del nivel obligatorio, ha indicado que, cuando un banco tiene problemas de liquidez y el BCE piensa que no hay posibilidades de recuperación, la decisión de declarar a la entidad "en quiebra o en proceso de quiebra" es "cuestión de días".

Por otra parte, Nouy ha aprovechado su intervención para denunciar que las condiciones para que el BCE pueda intervenir de forma temprana en situaciones como la del Popular son "muy difíciles de cumplir", una opinión que ya ha trasladado la las instituciones legisladoras de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros.

En cualquier caso, Nouy ha insistido en la idea de que la resolución de Banco Popular ha sido un "éxito" porque la entidad pudo continuar con su actividad al día siguiente tanto en España como en Portugal "sin poner dinero público". "Modestamente diría que hemos pasado el test", ha enfatizado.

Asimismo, la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE ha recordado que Popular fue el tercer peor banco en los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) de 2016 y que el deterioro del capital de la entidad fue "bastante importante y visible".

Por otro lado, preguntada por aquellas personas que han sufrido importantes pérdidas tras la resolución de la entidad, Nouy ha afirmado que los 'cocos' y la deuda subordinada son "instrumentos peligrosos" y las personas que los compran deberían ser "plenamente conscientes de ello".

A su juicio, los inversores minoristas no deberían estar autorizados a adquirir estos productos directamente porque dificulta la ejecución de un rescate interno si fuese necesario.

Madrid y Barcelona retiraron dinero antes del 7 de junio

Los consistorios de las dos principales capitales y la Comunidad de Madrid sacaron cantidades de cuentas corrientes y depósitos antes de la intervención del Banco el pasado 7 de junio, tal y como recoge este lunes el medio económico Expansión.

Estas no serían las únicas ciudades que tal y como adelantó el medio citado, Canarias sacó 636 millones los días 2 y 5 de junio "por prudencia y responsabilidad".

Desde el Ayuntamiento de Barcelona admiten que el consistorio "retiró dinero de la entidad". Mientras que el Ayuntamiento de Madrid tiene "tres cuentas menores en relación con las que tiene en otras entidades", admiten fuentes del consistorio, que concretan que en una de ellas el saldo apenas ha cambiado en las últimas semanas. 

Ambos consistorios consideran estas actividades como un movimiento que se enmarca "dentro de la más absoluta normalidad y que no guarda relación con la situación de Banco Popular".