La huelga de los taxistas a raíz de las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que consiguió parar el epicentro neurálgico y empresarial de Madrid cortando la Castellana y que hizo lo propio en Barcelona tan solo era el inicio de una lucha que se sigue fraguando, esta vez, de las puertas del Congreso hacia dentro. Este jueves, 25 de octubre, el Real Decreto Ley (RDL) que propuso el Gobierno para regular la situación debe pasar su último trámite para que entre en vigor.

La Cámara Baja, además de discernir entre si se tramita la norma como proyecto de ley, tendrá que lograr la aprobación de la mayoría de los diputados para que ésta entre en vigor. En el caso de que el Decreto saliese adelante, se abriría la posibilidad de que fuesen los ayuntamientos quienes tuvieran la potestad de llegar hasta a suprimir este tipo de licencias.

Aunque la norma da una moratoria de cuatro años para que aquellas personas que hayan invertido en este tipo de empresas, Uber y Cabify principalmente, puedan seguir explotando sus licencias, las comunidades autónomas y las alcaldías pueden controlar la prestación de estos servicios desde el momento en que se aprobó el RDL.

En caso de que la normativa propuesta fuese aprobada, la potestad de regular recorridos máximos y mínimos, así como los horarios e, incluso, las características de los vehículos, recaería en los ayuntamientos. Además, después de los cuatro años que desde el Ejecutivo dan de plazo para que las diferentes localidades empiecen a gestionar las licencias VTC, estas se verían reducidas a trayectos entre ciudades, un nicho de mercado que apenas encuentra su reflejo en la actividad normal y preponderante de los vehículos de Uber y Cabify, que son los viajes dentro de una misma ciudad, en donde sí que compiten directamente con el sector del taxi.

Un informe jurídico aportado por fuentes del sector VTC incide en todas y cada una de las vulneraciones que, en su opinión, se cometen a la hora de tramitar este RDL. Se sustentan en la falta de “extraordinaria y urgente necesidad” para deslegitimar que la propuesta se haya llevado a través de los cauces de un RDL, además de denunciar la incidencia que su aprobación tendría en el derecho de propiedad y derecho de libertad de empresa, recogido en el artículo 86.1 de la Constitución, lo que ya de por sí significaría que la vía elegida por el Gobierno para regular el sector no es la adecuada.

Por otra parte, también atacan a la norma ya que consideran que es “una modificación encubierta de la delegación competencial”, tal y como recoge el documento, de la ley que regula el traspaso de competencias hacia las comunidades autónomas, en la que se determina que el procedimiento debe ser mediante la promulgación de una ley orgánica y no un decreto ley.

Del mismo modo, desde el sector denuncian varias vulneraciones de algunos derechos, como el principio de seguridad jurídica y el de la propiedad, garantizado este último en el artículo 33 de la Carta Magna. De hecho, en esta última acusación también inciden en que, en el caso de la aprobación de la ley, se llevaría a cabo una “expropiación legislativa sin justificar la necesaria causa expropiandi”, en donde la indemnización que percibiría cada propietario de una licencia VTC “en ningún caso podrá alcanzar el valor real de los de los derechos expropiados”, según el informe.

El derecho a la tutela judicial efectiva también se vería afectado, tal y como recoge el documento, ya que impediría que los particulares expropiados tengan la posibilidad de recurrir la expropiación efectuada desde el Gobierno. Por último, la nota procedente de fuentes autorizadas del sector también menciona el derecho a la libertad de empresa, que se vería afectado en la medida en que la aprobación de la norma en cuestión prohibiría indirectamente pero de forma total la prestación de la actividad VTC, tal y como explica el documento.

Por todas estas cuestiones, no hay nada decidido en el debate que tendrá lugar en el Congreso el día 25 y que por escasos días no se puede llevar a cabo, dado que el RDL fue aprobado el pasado 28 de septiembre con un plazo preceptivo de treinta días.