Los accionistas de la compañía energética Repsol han votado este jueves a favor de confirmar al veterano presidente, Antonio Brufau, y al consejero delegado, Josu Jon Imaz, para un nuevo período de cuatro años. Brufau, que en 2019 había anunciado que dejaría el cargo en 2023, continuará así un mandato más, hasta 2027, formando tándem al frente de la compañía con Imaz.

Brufau ha sido presidente de la compañía durante casi dos décadas, desde que se incorporó a su consejo en 1996. Ha guiado a Repsol a través de uno de los períodos más turbulentos de su historia, la incautación por Argentina de su unidad de YPF en 2012. 

Más recientemente, junto con el consejero delegado, que ocupa el cargo desde 2014, ha supervisado su pivote hacia las energías renovables. El directivo de Mollerusa cuenta actualmente con 75 años recién cumplidos, con lo que con esta nueva reelección estará como presidente de la energética hasta los 79 años.

Durante su discurso en la junta general de accionistas de la petrolera, Brufau ha advertido de que Europa "no va en la dirección correcta" y corre el riesgo de quedarse fuera de la pugna por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, que se han erigido en los "dos grandes ejes económicos e industriales potentes" en el actual contexto marcado por el fin de la pandemia de la Covid-19 y la crisis a raíz de la guerra en Ucrania tras la invasión por Rusia.

El presidente de Repsol destacó que la Unión Europea ha mirado "mucho más a la parte social, a la parte humana y a las necesidades que el planeta tiene de descarbonizar" en el año 2050, mientras se ha descuidado la posibilidad de que la industria europea "tenga también su progreso".

Para ello, Brufau enfrentó los dos diferentes caminos adoptados por Europa y Estados Unidos para abordar la transición energética, hablando de "reindustrilizar la economía" en el país americano con su Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), que incentiva y es más breve y sencilla, frente a una senda marcada por "ordenar y regular al ciudadano", más extensa y compleja, y "sin pensar en la industria" adoptada por el Viejo Continente.

Brufau firmó que Europa debería, además de no renunciar a las políticas de liderazgo de la lucha contra el cambio climático, abordar "nuevas y diferentes estrategias energéticas" que le permitan tener "un papel industrial en este contexto mundial", ante una dependencia de China y sus materias primas que ya es "brutal y es un problema".

El presidente de la petrolera aseguró que las políticas de descarbonización tienen una visión "muy europeocentrista", con una regulación en el Viejo Continente centrada en buscar eliminar las emisiones. Por eso, apuntó que Europa corre el peligro de que su peso industrial termine trasladándose definitivamente a otros lugares del mundo como China o India.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha reafirmado la intención de la compañía de seguir mejorando la retribución a sus accionistas a lo largo de este año mediante la fórmula de recompra de acciones.

A pregunta de los accionistas respecto a la retribución, Imaz recordó que el grupo, con el abono en efectivo, ya se está "anticipando en el tiempo" a lo que se marcó en su plan estratégico, además de los programas de recompra de acciones, y subrayó que "por supuesto nos gustaría seguir incrementando esta senda". En concreto, el plan estratégico de Repsol preveía un dividendo de 0,60 euros por acción para los años 2021-22, de 0,65 euros en 2023, de 0,70 euros en 2024 y de 0,75 euros en 2025.

Imaz destacó que el grupo seguirá ofreciendo este año una retribución "competitiva y atractiva, por encima de los compromisos que establecimos en el plan estratégico" y reiteró, en su discurso, en que esa retribución va a ser complementada con esos programas de recompra de acciones con el objetivo de destinar este año para el accionista "un mínimo de un 30% de la caja operativa generada por la compañía".

De cara también a este 2023, el consejero delegado recordó el objetivo de inversión orgánica del grupo de 5.000 millones de euros, "cifra histórica" para el grupo y de la que al menos el 35% estará vinculada a proyectos para el futuro para el desarrollo de las plataformas bajas en carbono.

En el caso del negocio de electricidad y gas, el consejero delegado adelantó también que el grupo deberá "subir" los objetivos de clientes que se marcó en su 'hoja de ruta' a 2025 ya que, con dos millones, los ha alcanzado ya, tras la reciente adquisición de CHC Energía, que le ha permitido erigirse en el cuarto operador del mercado eléctrico español por el número de clientes.

Otros acuerdos

La junta general de accionistas de Repsol, junto a la continuidad de Brufau e Imaz, ha votado también la reelección como consejeros de Aránzazu Estefanía Larrañaga, María Teresa García-Milá Lloveras, Henri Philippe Reichstul y John Robinson West, así como la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Manuel Manrique, que seguirá así en el órgano rector de la compañía a pesar de que Sacyr ya dejó de ser accionista de la petrolera el año pasado.

Igualmente, se aprobó el nombramiento de María del Pino Velázquez Medina como consejera externa independiente. Con su nombramiento, la mayoría de consejeros independientes en la composición del consejo de administración alcanzará el 73,33% y se incrementará la presencia de mujeres hasta un 40%, en línea con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones del Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por otra parte, los accionistas de Repsol respaldaron también con la mejora en materia de retribución a sus accionistas y aprobaron la distribución del dividendo complementario de 0,35 euros brutos -que se abonará el 6 de julio- y el reparto de otro dividendo de 0,375 euros brutos por acción con cargo a reservas libres, cuya distribución está prevista en el mes de enero de 2024.

Además, se dio luz verde también a una reducción de capital social mediante la amortización de 50.000.000 de acciones propias de la compañía y se propone a la junta general la delegación en el consejo de administración de la facultad de ejecutar total o parcialmente y en las ocasiones que juzgue más convenientes, o no ejecutar, una segunda reducción de capital social mediante la amortización de hasta un máximo de 132.739.605 acciones propias, equivalente al 10% del capital social de la sociedad.