El jefe de Glovo declara ante la jueza que solo contrata a sus repartidores para evitarse conflictos legales

El consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha asegurado este martes ante la jueza que la decisión de la empresa de hacer contratos laborales a sus repartidores está orientada a evitar discusiones en los tribunales y con la Inspección de Trabajo, porque considera que su modelo actual es legal. Ha desvinculado, además, este anuncio con su estrategia de defensa. 

Pierre ha declarado este martes como imputado, durante menos de media hora, ante la juez de Barcelona que investiga la denuncia que la Fiscalía presentó contra él por emplear a falsos autónomos, un día después de que Glovo anunciara que cambia de modelo laboral y que contratará a sus repartidores, según han informado fuentes jurídicas.

Como respuestas a las preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, el imputado ha insistido en que el cambio de modelo laboral de Glovo es una "coincidencia", y ha justificado que busca la "paz social" y evitarse conflictos con la Justicia, tras las múltiples sanciones por emplear a los riders como falsos autónomos. 

El cofundador de la aplicación, que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por CGT, ha explicado que la apuesta por cambiar la estructura de negocio se acordó en un consejo de administración de la compañía para evitar seguir teniendo litigios con las autoridades, pese a que están convencidos de la legitimidad del sistema actual de contrataciones.

En realidad, Pierre no ha detallado de qué forma se va a implantar el nuevo modelo de contratación de los repartidores, ni se ha referido a cómo los riders han recibido el anuncio, aunque una de sus líneas de defensa empleadas a lo largo de esta causa es que a los trabajadores les interesa mantenerse como autónomos.

Los sindicatos y los colectivos que representan a estos empleados denuncian que es una práctica habitual que las cuentas de los repartidores sean alquiladas a migrantes sin papeles, que tratan así de ganar un dinero repartiendo comida a domicilio en bici, en moto, en patinete eléctrico o incluso a pie, en ocasiones hasta comprometiendo su integridad. 

El Ministerio de Trabajo ha incidido en que la ley rider obliga a esas plataformas, independientemente de los servicios que presten, a tener asalariados a todos sus empleados. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha concretado en que el único modelo laboral es contratar.

"No hay espacio para un modelo de falsos autónomos en el país", ha zanjado Pérez Rey. El secretario también ha subrayado la importancia de seguir avanzando en la regulación de esas aplicaciones, así como en "auditorias algorítmicas" para dar más transparencia a las reglas con las que funcionan estas plataformas, que además de en el reparto también operan en sectores como el educativo o la limpieza.