"Es un informe técnico. Somos académicos. Nosotros no hacemos una reforma fiscal: señalamos los elementos que pueden ayudar a hacerla", explicó este jueves Jesús Ruiz-Huerta, el coordinador del grupo de expertos que ha elaborado el ‘Libro blanco de la reforma tributaria’, disponible en la web del Instituto de Estudios Fiscales, para el Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, coincidió con él en enfriar las expectativas de un desarrollo rápido de las medidas que se recogen en las 788 páginas del volumen pese a tratarse de uno de los puntos clave del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. 

Las propuestas que se recogen en el libro tienen como objetivo básico abordar tres cuestiones: cubrir las necesidades de financiación del Estado y la demanda de servicios de los ciudadanos y enfrentar en aumento de la desigualdad.

"Hay una demanda muy intensa de servicios públicos" en ámbitos como la educación, la sanidad o las pensiones, anotó, al tiempo que llamaba la atención acerca de cómo "los beneficios fiscales y los incentivos son [una parte del] gasto público" cuyos efectos deben ser evaluados. "Más que hablar de volumen de recursos hay que hablar de si los recursos cubren los gastos", apuntó.

El extenso trabajo del grupo de expertos se condensa en una batería de 118 propuestas formales, aunque se deslizan muchas más entre los epígrafes del libro, cuya aplicación tendría en la mayoría de los casos efectos directos sobre los bolsillos de los contribuyentes. Estas son las diez más destacables:

Una devolución en el IRPF para los trabajadores pobres

El comité de expertos propone mantener la reducción de la base imponible de las rentas del trabajo en el IRPF de hasta 2.000 euros por "gastos de difícil justificación", ya que permite compensar a los trabajadores, especialmente a los autónomos, "por los gastos necesarios adicionales en que hayan podido incurrir para la obtención de sus ingresos", y convertir el otro tramo de esas reducciones en "una deducción reembolsable en la cuota"; es decir, en un descuento de lo que hay que pagar o en una devolución si se diera el caso.

El objetivo de la medida, un ejemplo de 'renta inversa' que supondría un ingreso para sus beneficiarios y que se aplica en países como EEUU, permitiría "estimular la oferta de trabajo, especialmente, en el margen extensivo, es decir, en la decisión de participación en el mercado laboral" y, al mismo tiempo, abrirlo a quienes reciben rentas asistenciales como el Ingreso Mínimo Vital por "su efecto positivo sobre la oferta laboral de los trabajadores con ingresos reducidos y contribuir a la reducción de la pobreza".

Se trataría, explican, de "compensar (…) medidas que pudieran comportar aumento de impuestos para las personas con rentas más bajas", como los ‘trabajadores pobres’, con el objetivo de, entre otros efectos, estimular la declaración de ingresos laborales que ahora permanecen opacos al fisco para evitar una tributación a menudo difícilmente asumible para quienes menos ingresos tienen. 

Una herramienta para paliar la pobreza infantil

El comité, respaldando una iniciativa de la Plataforma por la Infancia, Save the Children y Unicef, recomienda convertir el "mínimo por descendiente" menor de 18 años, que es una exención de tener que declarar de 2.400 a 4.500 euros por hijo más 2.800 si tienen menos de tres años , en un complemento reembolsable "si se quiere que este elemento del IRPF contribuya a la reducción de la pobreza infantil", es decir, que deje de ser una reducción de la base para convertirse en una devolución.

"Casi uno de cada tres menores de edad que viven en España lo hacen en hogares que se encuentran en situación de riesgo de pobreza (27,4%), lo que supone una incidencia muy alta y sensiblemente superior a la de la población general (21%)", unos datos que "sitúan a España como uno de los países de la UE con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía", señalan los expertos, que recuerdan que "el IRPF en España tiene muy poca incidencia sobre la pobreza infantil, a pesar de su papel central en las políticas redistributivas".

Sus estimaciones indican que en 2019, que es el último año con los datos disponibles, un total de 2.825.292 declarantes con descendientes a cargo menores de 18 años no pudieron beneficiarse de ese descuento "por insuficiencia de su base liquidable", a los que se añaden otras 558.586 personas que no realizan la declaración del IRPF porque no están obligadas.

Esa modificación, que tendría para las arcas públicas un coste de 2.120 millones de euros para beneficiar a casi 3,3 millones de hogares, aumentaría la progresividad y el efecto redistributivo del sistema impositivo, reduciendo la desigualdad y la pobreza infantil, ya que "aumentaría la renta disponible" entre las familias con menos ingresos.

Tributar como ahorro por el rendimiento de los productos financieros

Las conclusiones de los expertos añaden la posibilidad de incluir en la base del ahorro los rendimientos de los productos financieros, las llamadas rentas del capital, que son, por ejemplo las ganancias de un plazo fijo o una participación en un fondo de inversión.

Ahora se paga por ellas como impuesto un 19% de su cuantía, mientras que con esa modificación pasarían a tributar, como el ahorro, en función de los ingresos completos del contribuyente; es decir, menos cuando esas rentas van a parar a personas u hogares de rentas bajas, ya que los tipos efectivos finales son más reducidos por entrar la mayor parte de las ganancias en los tramos bajos del IRPF, y más cuando se trata de perceptores de rentas altas.

"Las rentas del capital están más concentradas en la parte alta de la distribución de la renta, por lo que tipos impositivos más elevados sobre esas rentas tendrían un efecto redistributivo, complementario al logrado con la tributación progresiva de las rentas del trabajo y actividades económicas", argumentan, entre otros aspectos, los expertos.

Eliminar los beneficios fiscales para quien alquila pisos

"En el momento presente, no parecen existir razones sólidas para el mantenimiento de la reducción estatal por arrendamiento de vivienda" que permite a los propietarios no tener que declarar como ingresos el 60% de las rentas que cobran de los inquilinos, ya que "no existe evidencia" de que esa medida "haya contribuido a estimular la oferta de vivienda de alquiler en una cuantía que justifique los costes de este beneficio fiscal", que, por otro lado, tiene como beneficiarios al "grupo de contribuyentes de mayor renta".

El descuento, introducido en 2003, en plena burbuja inmobiliaria, "aumentó el número de [caseros] declarantes", algo que "pudo estar relacionado tanto con un incremento de los alquileres como con un aumento en la declaración de alquileres previamente existentes" y que permanecían ocultos al fisco, señala el libro blanco.

Mantener las exención del IVA de la sanidad y la educación privada

"Sopesando los argumentos a favor y en contra, el comité se inclina por no recomendar la eliminación de la exención del IVA" en las facturas por que expiden las empresas y autónomos por prestar servicios de sanidad y educación, señala el Libro Blanco, que finalmente apuesta por que ese tipo de actividades, entre las que se encuentran los profesores particulares y los fisioterapeutas, no incluyan en sus facturas recargos del 10% al 21%.

Gravar esas exenciones, concluyen, "alteraría la [actual] competencia entre los sectores público y privado en la prestación de esos servicios", entre los que" no parece sencillo delimitar qué operaciones deberían quedar excluidas de la exención y cuáles no".

No hacerlo supone renunciar cada año, según las estimaciones de la Airef, a 1.763 millones de euros procedentes de la enseñanza y a 1.694 de la sanidad y a la posibilidad de redistribuirlos, ya que "son las personas con rentas más altas las que los consumen más y las que obtienen un beneficio más elevado".

Medidas que bajan el recibo de la luz

Los expertos proponen eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que "no diferencia según los efectos medioambientales de las distintas tecnologías de generación eléctrica y perjudica doblemente la transición ecológica al dificultar la electrificación, puesto que eleva los precios relativos de la electricidad, y al no promover el cambio tecnológico dentro de la generación eléctrica".

Este tributo grava con un 7% el precio al que las empresas generadoras venden la electricidad a las distribuidoras y comercializadoras, que acaban repercutiéndolo en el recibo que pagan los hogares y las empresas.

Paralelamente, abogan por que el Impuesto Especial de la Electricidad, el que la grava con un 5,1127% y que el Gobierno mantiene parcialmente suspendido para paliar los efectos de la escalada de los precios de la energía, afecte solo a "la cantidad física consumida" y no a la totalidad del recibo de manera que "incentive así de forma más directa el ahorro y la eficiencia energética".

Pagar más por utilizar el coche y el avión

Para el comité de expertos el estado de la tributación sobre la movilidad "no es justificable ni sostenible y demanda actuaciones sobre los tributos existentes en el corto plazo y, probablemente, una reforma de calado en el medio plazo mediante la tributación sobre el uso real del vehículo" ante "la gran magnitud de los costes externos asociados al transporte".

En este sentido, se inclinan por "la introducción gradual" de impuestos sobre el combustible que se utiliza en la agricultura y en las actividades marítimas y las aéreas junto con "el uso mayoritario de los ingresos obtenidos para compensaciones sectoriales y para el desarrollo y la adopción de tecnologías limpias" en esos sectores, a lo que se añadiría, en general y como palanca para promover la descarbonización, una "subida sustancial de la tributación sobre los hidrocarburos, en particular sobre el gas natural y los carburantes de automoción".

Completan la batería de propuestas otras como la "creación de un tributo municipal sobre la congestión en determinadas ciudades", la "consideración de mecanismos tributarios para el pago por uso de determinadas infraestructuras viarias" o la "creación de un impuesto sobre los billetes de avión".

Incluir las criptomonedas en un Impuesto de Patrimonio solo para millonarios

Las propuestas de los expertos sobre el Impuesto de Patrimonio habían centrado buena parte de las expectativas previas a la presentación del informe dada la diametral oposición de los criterios de dos disconformes habituales como el Gobierno central, partidario de su armonización en todo el país, y el autonómico madrileño, que hace bandera de una bonificación del 100% que en la práctica equivale a no aplicarlo.

Finalmente, los expertos han recomendado mantener los topes sobre su pago, aunque con "la posibilidad de revisar al alza del límite conjunto" entre el IRPF y este tributo, que se sitúa en el 60% de la base imponible del IRPF, y de establecer una mínima del 30 con el mínimo exento en un millón de euros y una horquilla de tarifas con un mínimo del 0,5% y un máximo del 1%. Esto, traducido a lenguaje coloquial vendría a significar que los millonarios deberían pagar cada año entre un 0,5% y un 1% del valor de sus fortunas en un impuesto que se llevaría entre el 30% y el 60% de sus ganancias de ese año.

El comité propone otras novedades para este impuesto como vigilar el uso de empresas como titulares de bienes para pagar menos, revisar la aplicación del IBI para que no suponga una "sobreimposición sobre los bienes inmuebles" de quienes ya pagan patrimonio y, también, incluir las criptomonedas entre los objetos del tributo.

El 'Libro Blanco' recomienda la "adopción urgente de esta regulación, como está ocurriendo en otros Estados y sin perjuicio de la adaptación, cuando proceda, de la normativa de la Unión Europea", ya que se trata de "bienes y derechos de contenido económico" que por "su forma o representación" escapan al fisco. Proponen valorar los criptoactivos "a precio de mercado" mientras "no se disponga de una regulación sustantiva".

Mantener el tributo de las herencias

El comité de expertos "considera que debe mantenerse el tributo dado que grava una manifestación directa de capacidad económica como son los incrementos patrimoniales obtenidos por personas físicas con ocasión de transmisiones a título lucrativo", es decir, porque aumenta la fortuna de quien hereda o recibe una donación.

También proponen mantener algunos aspectos como los descuentos cuando lo que se transmite son negocios individuales o participaciones en entidades, si se trata de la vivienda habitual, siempre que esta siga siendo ocupada por quien ya lo hacía cuando vivía el fallecido, o, también, cuando lo que se recibe es una indemnización procedente de un seguro de vida.

Paralelamente, plantean aplicar una escala en la que, bonificaciones y exenciones al margen, el impuesto sea del 5% del valor de lo recibido cuando este no supere el millón de euros, del 10% hasta los cinco millones y del 15% a partir de ahí cuando los reciben padres, hijos y cónyuges y superiores para el resto de familiares; en todos los casos con "fórmulas de flexibilización general del régimen de aplazamientos y fraccionamientos ante supuestos de falta de liquidez" si los bienes recibidos son difíciles de colocar.

Evitar la elusión del Impuesto de Sociedades

Por último, el comité de expertos plantea una batería de medidas para evitar la elusión del Impuesto de Sociedades, tanto de carácter nacional como de ámbito internacional, mediante figuras como las sociedades pantalla en el caso de los conglomerados empresariales o la simulación de gastos personales en el de los profesionales y las pymes, así como ajustar la carga que debe soportar el contribuyente a su capacidad económica real al mismo tiempo que se reducen las posibilidades de recortar la base sobre la que se tributa mediante deducciones.