Huelga en el aeropuerto de BarcelonaEl Prat registra colas de una hora esta madrugada en el inicio de la huelga indefinida

El aeropuerto de El Prat ha registrado colas de alrededor de 60 minutos en los controles de seguridad hacia las cuatro de la madrugada, tras iniciarse a medianoche la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen, para la que el Gobierno ha decretado unos servicios mínimos del 90 por ciento.

Tras esas puntas que se han vivido de madrugada, como en los días en que se habían convocado paros parciales en el aeropuerto, la espera de los pasajeros se ha reducido considerablemente y hacia las 7 de la mañana la situación era de completa normalidad.

En las líneas de control de los pasajeros que acceden a la instalación se han situado ya efectivos de la Guardia Civil, que refuerzan el servicio prestado por los empleados de Eulen después de que el Gobierno tomara esta decisión para minimizar los problemas de seguridad y orden público que podrían producirse en El Prat debido a la huelga.

Rechazan la propuesta mediadora

En la tarde de ayer domingo, los trabajadores de Eulen volvieron a rechazar la propuesta mediadora de la Generalitat, que preveía una subida de 200 euros mensuales en 12 pagas, tras celebrar una asamblea en la que se contabilizaron 150 votos en contra de la propuesta, 36 a favor y un voto nulo.

Tras conocer el resultado de la votación, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó la "postura muy inmovilista" del comité de huelga y el rechazo a una propuesta "razonable", por lo que anunció que el Gobierno ha iniciado los trámites para el laudo arbitral, que será vinculante para todas las partes.

La consellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, señaló también que la mediación del Gobierno catalán en el conflicto ha terminado y que ahora les corresponde negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores".

El abogado de los trabajadores, Leopoldo García Quintero, tildó de "abusivos" los servicios mínimos fijados ante la huelga indefinida y criticó el laudo arbitral obligatorio que pretende el Gobierno. En su opinión, no se puede imponer mientras no se quiebren los servicios mínimos y supone un "atentado directo al derecho fundamental a la huelga".