Hacienda pone el foco sobre 60 entidades que intervienen en la compraventa de criptomonedas

La Agencia Tributaria ha iniciado esta semana el envío de requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas, fundamentalmente a entidades financieras, a intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos, y a empresas que admiten pagos con criptomonedas, según indicaron fuentes de este organismo.

Con estos requerimientos, Hacienda pretende obtener información adicional a los datos con los que ya cuenta a partir del análisis que viene realizando sobre el mercado de las criptomonedas. Tras el análisis de esta información adicional, la Agencia Tributaria valorará el inicio de posibles procedimientos de investigación y control en relación con el sector.

En concreto, a las entidades bancarias y tras analizar la información obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en relación con cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casa de cambio, la Agencia Tributaria ha decidido completar dicha información con requerimientos a un total de 16 entidades financieras que cuentan con sede social o sucursal en España.

Con estos requerimientos se pretende obtener información sobre cuentas bancarias que sean origen o destino de transferencias con destino u origen en cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas. Para ello, Hacienda está solicitando a las entidades financieras la titularidad de las cuentas, el número e importe de los cargos y abonos de esas cuentas y la identificación de tarjetas vinculadas con esas mismas cuentas, dado que en ocasiones la compraventa de criptomoneda se realiza mediante cargos y abonos en tarjetas, no mediante transferencias.

Asimismo, Hacienda ha enviado requerimientos a algo menos de una decena de intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago o cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y de criptomonedas. A estas entidades se les requiere información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros.

Adicionalmente, en el caso de los cajeros, se solicitan contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con el funcionamiento del cajero, importes medios mensuales de compras y ventas, distinguiendo medio de pago, y detalle de las operaciones realizadas.

Por último, la Agencia Tributaria ha enviado peticiones de información a más de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas empresas se les requiere información sobre el porcentaje de su facturación cobrado en criptomonedas, facturas y tiques de productos abonados con criptomonedas, identificación de clientes, criterios de contabilización y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las criptomonedas recibidas e identificación de otras operaciones de la empresa con criptomonedas.

Con toda la información nueva que recabe la Agencia Tributaria, el departamento de Inspección Tributaria decidirá, tras analizar los datos obtenidos, si procede iniciar o no procedimientos inspectores en algunas de estas empresas, entidades financieras o intermediarios.

Actuaciones del Plan de Control Tributario

En el Plan de Control Tributario de este año Hacienda ya anunció que reforzaría el control sobre los nuevos modelos de negocio por internet y sobre los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, y que vigilaría el uso de las criptomonedas como el bitcoin.

En concreto, el organismo tributario aseguró que "la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o deep web, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad".

Para afrontar esta "amenaza", la Agencia Tributaria indicó que se potenciaría el uso por las unidades de investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes y se estudiaría la "incidencia fiscal" de estas nuevas tecnologías, como el blockchain y, en especial, las criptomonedas.