El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) planea presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la prohibición del Gobierno español sobre su oferta pública de adquisición (OPA) de Talgo, solicitando la anulación del veto y la compensación por todos los daños y perjuicios ocasionados.

Según la compañía, la decisión del Consejo de Ministros del pasado martes de rechazar su OPA por el 100% del capital de Talgo "carece de justificación y ha dejado al oferente en una situación de total indefensión".

El grupo, que sostiene que su oferta por Talgo "cumple con todos los requisitos legales y no tiene fundamentos para la oposición del Gobierno de España", ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre su intención de emprender "todas las acciones legales posibles, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Unión Europea".

En particular, y sin perjuicio de otras posibles acciones legales, Magyar Vagon planea presentar el recurso, con un plazo legal de dos meses para hacerlo. Durante ese período, el grupo evaluará y decidirá las acciones necesarias para proteger sus intereses legítimos, incluyendo la solicitud de medidas cautelares si se consideran necesarias.

"Todo lo anterior, tal y como se ha mencionado anteriormente, sin perjuicio de las restantes actuaciones que procedan en otras instancias, en particular, ante los órganos competentes de la Unión Europea", ha añadido en su comunicado al regulador español.

Sin embargo, debido a los graves daños que el veto del Gobierno español representa para sus intereses legítimos, la incertidumbre sobre los plazos de la oferta y los costes de mantenerla, el grupo húngaro ha informado a la CNMV de su decisión de retirar la oferta.

Bruselas avala el veto del Gobierno a la OPA húngara

Bruselas respaldó este jueves la decisión del Gobierno de vetar la OPA de Magyar Vagon sobre Talgo, apenas dos días después de que el Ejecutivo nacional decidiera bloquear la operación solicitada por los húngaros.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Comisión Europea, Francesca Dalboni, explicó que los Estados miembros tienen la prerrogativa de tomar este tipo de decisiones. Además, indicó que la situación podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya había anunciado el grupo húngaro.

También recordó que la legislación europea permite a los Estados miembros "restringir" la libre circulación dentro de la UE por motivos de seguridad pública, aunque señaló que dichas medidas deben ser "justificadas y proporcionadas".