Arrecian los EREs: los Expedientes de Regulación de Empleo ya destruyen tanto empleo como en el comienzo de la crisis, a un ritmo de casi 800 puestos de trabajo cada semana similar al que se registraba en 2008 y que ha sufrido una intensa aceleración en los últimos meses, los previos a la formación del Gobierno de coalición PSOE-UP que incluye entre sus compromisos la derogación de la reforma laboral.

Los datos de la Estadística de Regulación de Empleo que elabora el Ministerio de Trabajo indican cómo el año pasado se veían afectados por despidos colectivos 30.871 trabajadores, una media de 593 semanales que, pese a suponer un incremento de casi el 55% en relación con los registros del ejercicio anterior y a suponer el peor resultado desde el inicio de la recuperación en 2014, quedaba claramente por debajo (un 24%) de los 40.572 de 2008.

Sin embargo, el dato del cierre del año resulta engañoso, ya que el ritmo de la destrucción de empleo a través de los despidos colectivos se disparó en la segunda mitad del ejercicio, coincidiendo con los primeros mensajes catastrofistas sobre el enfriamiento de la economía, para desbocarse en el último trimestre, con medias, respectivamente, de 730 y de 793 que, en el segundo caso, ya rebasan los 780 de todo el 2008.

El ritmo de destrucción de empleo por despidos colectivos se duplicó con creces, de 47 a 112 diarios, entre el primer y el último trimestres del año pasado, con los primeros síntomas de enfriamiento de la economía en un país que sigue lejos de los niveles de ocupación previos a la crisis pese a la tendencia a trocearlo (la tarea crece la mitad que la ocupación) y en el que los asalariados siguen trabajando gratis más de dos millones y medio de horas cada semana pese a la implantación del registro de jornada.

En este contexto, llama la atención el ritmo de destrucción de empleo en las empresas de mayor tamaño: las micro y las pequeñas (hasta 50 empleados) ejecutaron el año pasado 5.023 bajas por despido colectivo, por 9.149 de las medianas (de 51 a 250) y 16.699 de las grandes.

Teniendo en cuenta que, según los datos del Ministerio de Trabajo, el volumen de asalariados de cada uno de esos rangos era, a principios de año y de menor a mayor tamaño, de 6,01, 2,4 y 5,35 millones de asalariados, quedan pocas dudas sobre qué tipo de empresas están recurriendo en mayor medida a los despidos colectivos: las grandes ejecutan más de la mitad de las bajas por esta vía con apenas un tercio del empleo mientras las de menor tamaño generan solo uno de cada seis ceses mientras mantiene casi dos de cada cinco puestos de trabajo.

"Es alarmante el aumento de los despidos colectivos"

"El 2019 ha sido un año atípico", explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, ya que "por un lado ha habido inestabilidad política, que es algo siempre afecta a la economía, y por otro ha habido asuntos geopolíticos como la guerra arancelaria y el Brexit que han generado incertidumbre y han paralizado el comercio internacional”.

Eso, añade, ha tenido entre otras consecuencias "un aumento de las regulaciones en las empresas de mayor tamaño", en forma de suspensión en el sector del automóvil y de rescisión en el bancario. "Resulta llamativo y alarmante el aumento de los despidos colectivos", anota.

"Da la impresión de que muchos despidos tienen más que ver con asuntos coyunturales que estructurales", apunta Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis, que llama la atención sobre cómo esa destrucción de empleo tiene lugar mientras la economía española sigue creciendo a un ritmo superior al del conjunto de la UE, donde no se están perdiendo tantos puestos de trabajo.
En este sentido, destaca cómo algunas de las herramientas de la todavía vigente reforma laboral "se están convirtiendo en una fuente terrible de destrucción de empleo en tiempos de enfriamiento de la economía", caso de la reducción de ingresos durante tres trimestres, la no exigencia de un acuerdo para acometer un ERE (el número de expedientes no pactados se ha duplicado desde 2012) o la ausencia de control de la autoridad laboral.

"Con esos planteamientos vamos a la debacle laboral", pronostica González, mientras Vicente confirma cómo en los últimos meses han comenzado a menudear "los ERE preventivos, los que se presentan argumentando una previsión de pérdidas, aunque han sido más de suspensión de contratos que de extinción".

El declive del sector del automóvil

La renqueante industria del automóvil, en pleno proceso de reconversión hacia un coche eléctrico cuya fabricación requiere solo un tercio de la mano de obra que requiere la del vehículo de combustión, pero con un stock de estos últimos cada vez mayor ante las reticencias del consumidor local y el frenazo del comercio internacional, lleva dos años en una clara crisis de empleo en la que el pasado ejercicio copó con 28.748 algo más de la mitad de las 55.285 suspensiones de contrato registradas en todo el año.

Ese dato, el más elevado del último lustro, se suma a los 27.292 del año anterior para superar los 56.000 contratos suspendidos en dos ejercicios, un registro que ilustra la situación de crisis que atraviesa el sector cuando en los tres anteriores había sumado 37.422.

La fuerte implantación sindical y el músculo financiero del sector reducen a 1.294 la cifra de afectados por despidos colectivos en ese bienio, todos ellos en EREs pactados, por 3.153 en el trienio anterior.

Sin embargo, la crisis comienza a extenderse a otras ramas de la industria manufacturera, como indican las 3.776 bajas por despido colectivo en el conjunto del metal, o los 5.713 del comercio, en este caso con una baja incidencia de los concesionarios (261) de automóviles y motocicletas. No obstante, la banca es, con 4.762, el primer generador de ceses por EREs.

La transición energética se ha traducido en pérdidas de empleo por el cierre de centrales y minas, la digitalización continúa afectando a la banca y el comercio y la ralentización del comercio exterior tiene consecuencias en la industria, coinciden ambos, que también comparten otra apreciación: fue la demanda interna, con la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 900 euros y las revisiones de convenio del 2,3% frente a un IPC del 0,8%, la que mantuvo el consumo ante la paralización de la exterior. No obstante, los efectos dinamizadores de esas decisiones corren el riesgo de verse contrarrestados por la merma del empleo.

"Es preciso que el Gobierno organice una mesa con los agentes sociales para tratar las previsiones y buscar medidas ante ese horizonte", reclama Vicente.