El Gobierno regala hoy a la banca hasta 30.000 millones de euros en créditos fiscales

El Gobierno aprobará este viernes la directiva que permitirá a la banca española contabilizar como capital créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés) por un importe aún por determinar pero que podría oscilar entre 25.000 y 30.000 millones de euros.

Estos DTA generan un crédito fiscal a las entidades porque son gastos que han tenido un impacto en los bancos y que no se han podido deducir, de ahí que el Gobierno esté dispuesto a reconocer este derecho, que además supone trasponer la normativa europea Basilea III, que entra en vigor en enero de 2014.

Las nuevas normas internacionales perjudican especialmente a la banca española, dado que impide expresamente que las entidades puedan contar como capital unos 50.000 millones de euros que les adeuda el Estado.

Esta cantidad es un mero apunte contable que se ha generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.

Sin embargo, Europa no considera suficiente esta garantía de Hacienda, pues en opinión de Bruselas si fuera necesario rescatar una entidad y utilizar el capital que figura en sus balances, ese dinero no estaría disponible de inmediato y el contribuyente acabaría pagando.

Esta diferencia de criterio supone una clara desventaja -por valor de varios miles de millones de euros- frente a otros sistemas financieros europeos de cara a los próximos test de estrés del Banco Central Europeo (BCE).

El caso más frecuente con el que la banca española ha generado activos fiscales es con las provisiones para cubrir pérdidas futuras de la cartera crediticia, pero también con las prejubilaciones y planes de pensiones de la plantilla en el momento en el que apartan el dinero que tendrán que abonar a sus empleados.

Sin embargo, como no pueden apuntarse estas partidas desde un primer momento como gastos, pagan más impuestos de los que les correspondería y ello les genera un crédito fiscal que, según la legislación española, pueden recuperar en un plazo de hasta 18 años, en función del tipo de DTA -por diferencia temporal o por pérdidas-.

En el primer caso, el mejor ejemplo son las provisiones genéricas que ha tenido que acumular la banca y que son deducibles a medida que se convierten en específicas, es decir, si se consumen.

El segundo caso, los DTA por pérdidas, en los que se incluyen las aportaciones de los bancos a planes de pensiones de sus empleados o algunas inversiones, se pueden compensar con beneficios futuros.

Aunque el reconocimiento de estos créditos fiscales no tiene reflejo en el déficit público, sí tendría impacto si alguna entidad entra en pérdidas o en un proceso de liquidación, ya que el Estado debería desembolsar el dinero avalado.

Por ello, el Gobierno se ha ocupado de encontrar la fórmula para avalar los créditos fiscales de la banca española, o al menos buena parte de ellos.

Con la horquilla de entre 25.000 y 30.000 millones de euros el Gobierno se mantiene en línea con sus primeras estimaciones, aunque aún no está claro que se vayan a reconocer aquellos créditos fiscales generados con las aportaciones millonarias de la banca en planes de pensiones y prejubilaciones.

Esta modalidad de aval para los créditos fiscales, que ya tendría el visto bueno de Europa, facilitaría la subasta de Novagalicia y el resto de entidades nacionalizadas y podría evitar tener que ofrecer nuevas ayudas para adjudicar estos grupos.