Los Presupuestos Generales del Estado son una herramienta muy precisa para conocer que tipo de país quiere el Gobierno de turno; saber, en definitiva, qué pretende hacer el Ejecutivo con el Estado de bienestar, con las políticas sociales, con el empleo, etcétera. Lo reconoció el propio Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018: "Tienen un gran valor político".

En ese sentido, los Presupuestos son útiles, sí, pero también pueden convertirse en un poderoso medio de propaganda. Con Montoro esa es la normal habitual: en los seis años años que lleva presentando las cuentas públicas, siempre ha repetido como un mantra lo mismo, y este año no fue una excepción: dijo que los Presupuestos son sociales y "pretenden distribuir los beneficios de ese crecimiento económico entre los sectores de la sociedad que no tienen otra manera", es decir, que están "pensados para los pensionistas, para los servidores públicos" y para financiar mejor los servicios públicos. Todos los años dice lo mismo: podría poner una grabación del año 2012 y casi nadie se daría cuenta. 

Montoro reconoció que necesita apoyos para sacar adelante sus cuentas, aunque quizá le faltó humildad en ese reconocimiento: "Desde esa seguridad y confianza, el Gobierno tiene que recabar el apoyo de los otros grupos políticos, que tendrán que asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos nuevos del que depende la renta de más de 13 millones de personas".

Desde ese punto de vista, estos son unos Presupuestos con un claro tinte electoral —quizá sean los últimos de esta legislatura—: Montoro aseguró que los presupuestos recogen más recursos para "educación, sanidad, prestaciones sociales" y que también cobrarán más dinero tres de cada cuatro pensionistas y los funcionarios.

En el caso de los pensionistas, Montoro aseguró que "la subida media de las pensiones de viudedad será de 450 euros al año; la de las pensiones mínimas, de 250 euros y las pensiones hasta 12.040 euros subirán 100 euros de media".

En cuanto a los funcionarios, los presupuestos de 2018 incrementan en 600 millones la partida destinada al gasto en retribuciones a la función pública, tanto por la subida salarial del 1,75 % a los empleados públicos como por la equiparación de sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Y todo ello con ello con una rebaja fiscal: el umbral de tributación se eleva de 12.000 euros a 14.000 euros en el IRPF; también reducirá para los que ganan menos de 18.000 euros que supondrá un ahorro de 440 euros al año de media para 3,5 millones de trabajadores y pensionistas que no ingresan más de 18.000 euros al año.

Pero que nadie se engañe: el objetivo declarado del Gobierno es seguir manteniendo a raya el déficit público. España se ha comprometido con Bruselas a rebajar su déficit público al 2,2% del PIB a finales de 2018, lo que supone un ajuste en torno a los 10.000 millones. El propio Montoro subrayó  durante la rueda de prensa que la política del Gobierno va orientada a la "reducción hasta la extinción del déficit público y la reducción de la deuda sobre PIB" y reconoció que el crecimiento del gasto público se modera en estos presupuestos, aunque según él "no son recortes" porque se aportan más recursos "a las capas sociales que más dependen del sector público", como las personas mayores o los parados.

Pero lo cierto es que los gastos del Estado crecerán por debajo del PIB: un 1,5% frente al 2,7% de crecimiento de la economía española.

En ese sentido, el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, explicó, echando un capote a Montoro, que las nuevas políticas de gasto son posibles gracias al crecimiento económico y a que el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit público suaviza el ajuste este año.

Montoro presumió de haber logrado reducir el gasto de todas las Administraciones Públicas al 41% del PIB —estaba en el 46% en 2011— y de elevar los ingresos hasta el entorno del 38% del PIB.

Así, el presupuesto consolidado de ingresos alcanzará los 300.903,21 millones de euros en 2018, lo que representa un incremento del 3% respecto al presupuesto anterior.

La recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 3,6%, hasta los 210.024,87 millones. De este total, 115.718 millones de euros, un 3,9% más, se corresponderá con impuestos, mientras que por cotizaciones sociales se recaudarán 141.497,87 millones de euros, un 4,1% más que este año.

En cuanto a los gastos, el presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2018 a 451.118,99 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a las cuentas de 2017. 

Este año el Gobierno gastará algo más en casi todas las partidas, —no mucho—, pero gracias a que prevé incrementar la recaudación tributaria en un 6% y los ingresos un 3%. Eso le permitirá, según sus previsiones, aumentar, por ejemplo, la inversión en Sanidad y en Educación un 3,9% y un 3% respectivamente; algo más de un 4% en Cultura y casi un 7% en Defensa. El gasto en pensiones, la principal partida presupuestaria, también aumentará en 5.188 millones con respecto a 2017, hasta los 144.834 millones de euros. 

El proyecto de Presupuestos también incluye la cifra final a la que ascenderá el préstamo que el Estado tendrá que realizar a la Seguridad Social: serán 15.164 millones, que se articularán a través del Tesoro Público y que supone un aumento del 50% respecto al crédito concedido en el pasado ejercicio.

(Habrá ampliación)