El Gobierno envía un plan de ajuste para cumplir con las nuevas reglas de gasto de Bruselas

El Gobierno ha enviado este martes a Bruselas un plan de ajuste a siete años vista que permitirá bajar el déficit al 0,8% del PIB en 2031 y la deuda, al 90,6% del PIB ese mismo año. El plan, además, lleva aparejado el compromiso de acometer una serie de reformas e inversiones a lo largo de estos años. 

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha explicado este martes en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros los detalles del plan fiscal estructural a cuatro años, entre 2025 y 2028. Aunque el plan es a cuatro años —habrá que presentar otro nuevo para 2029—, el periodo de ajuste se plantea a siete años para que sea más suave, ha explicado Cuerpo, una posibilidad permitida por la Comisión Europea siempre que vaya acompañado de un programa de reformas e inversiones. 

Entre estas reformas figuran temas "de total prioridad" como la vivienda, la inmigración o el clima de negocios, que Cuerpo no ha detallado, así como otras iniciativas de sostenibilidad presupuestaria como los ingresos derivados de la reforma de pensiones, ya implementada. Cuerpo ha hecho alusión también a otras reformas, como la fiscal, "que tendrá lugar en el marco del quinto desembolso" de fondos europeos.

Cuerpo ha recordado que el elemento clave de las nuevas reglas es el gasto computable (que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos) y que quedará limitado a un aumento al 3,7% en 2025, el 3,5 % en 2026, el 3,2% en 2027, el 3% en 2028, el 3% en 2029, el 2,5% en 2030 y el 2,4% en 2031.

El ministro ha señalado que este aumento equivale a un incremento del gasto computable del 3,4% en el periodo 2025-2028 y del 3% en el periodo 2025-2031, es decir, que permitirá gastar cada año 6.000 millones adicionales al promedio 2014-2018.

Esta limitación del gasto reducirá el déficit público de manera "progresiva", desde el 3% del PIB previsto para este año al 2,5% en 2025, 2,1% en 2026, 1,8% en 2027, 1,6% en 2028, 1,5% en 2029, 1,2% en 2030 y 0,8% en 2031.

Por lo que respecta a la deuda pública, bajará al 102,5% del PIB este año al 98,4% en 2027 y el 90,6% al final del periodo de ajuste, en 2031, lo que la situará en una senda descendente que la reducirá al 76,8% del PIB en 2041.

El ministro ha insistido en que estos compromisos de ajuste son compatibles con la senda de estabilidad planteada por el Gobierno y ha confiado en lograr un acuerdo parlamentario respecto al reparto entre subsectores del déficit del 2,5% del PIB permitido para 2025. 

Impuestos sobre banca y energéticas

Entre los compromisos remitidos a Bruselas por el Gobierno está el mantenimiento "de manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas, lo que pasa por convertirlos en impuestos.

Cuerpo ha señalado que el plan fiscal estructural que se remitirá este martes a Bruselas "evidentemente conlleva la extensión o permanencia de los tributos" sobre las eléctricas y el sector financiero, aprobados inicialmente para dos ejercicios y, posteriormente, ampliados a uno más.

La permanencia de estos dos gravámenes —que han recaudado 2.859 millones este año— ya fue pactada con Sumar como parte del acuerdo de investidura e implica convertirlos en impuestos permanentes a través de una ley, un proceso que aún no ha comenzado, por lo que es difícil que pueda concluirse antes de final de año.

Así, para evitar que los gravámenes temporales decaigan a final de año, el Gobierno podría optar por prorrogarlos hasta que se aprueben las eventuales leyes que los conviertan en impuestos.