El Gobierno dice a Bruselas que las pensiones volverán a subir sólo el mínimo del 0,25% en 2017

MADRID.- Las pensiones subirán en 2017 por cuarto año consecutivo sólo el mínimo establecido por la ley, que es del 0,25%, según consta en el plan presupuestario aprobado por el Gobierno en funciones y enviado este fin de semana a la Comisión Europea para su examen.

Tomando como referencia la cuantía media actual de la prestación (en septiembre, último dato publicado, la pensión media de jubilación se situaba en los 1.046 euros mensuales, y la media del sistema, en los 906,37 euros), los pensionistas tendrían un subida de apenas entre 2,5 euros mensuales.

Desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reformó la ley en 2013 para desligar la subida de las pensiones de la evolución del IPC, estas prestaciones solo se han revalorizado el mínimo establecido por la ley, lo que se ha justificado en la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social, a pesar de que la economía ha vuelto a crecer desde 2014. 

El plan presupuestario  muestra que la Seguridad Social registrará en 2016 el mayor déficit de su historia, del 1,7% del PIB

De acuerdo con el documento remitido a Bruselas, el gasto total en pensiones crecerá el año que viene un 3%, teniendo en cuenta que el número de beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social aumentaba un 1,2% en septiembre en relación a un año antes.

Para este año, el escenario presupuestario elaborado por el Gobierno en funciones muestra un déficit récord de la Seguridad Social del 1,7% del PIB, lo que supone seis décimas más de lo previsto anteriormente y un déficit récord de entorno a 18.000 millones de euros. Para el año que viene, sin embargo, la previsión es que el déficit de la Seguridad Social disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4% del PIB.

Los ingresos de la Seguridad Social, según las estimaciones incluidas en el documento enviado a la Comisión, aumentarán un 2,9% y un  2,5% en 2016 y 2017, respectivamente.

Respecto a la remuneración de los empleados públicos, el documento dice que el gasto total disminuirá del 11% del PIB en 2016 al 10,6% del PIB en 2017, lo que puede deberse a que el impacto en las cuentas de este año de la devolución de parte de la paga extra de 2012 ya no se notará el año que viene. Nada dice el documento de si en esa cifra se ha tenido en cuenta una eventual subida de los salarios del sector público.

El documento también contempla que disminuya la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo, que pasará de 18.800 millones de euros en 2016 a 16.600 millones en 2017. También descenderá el gasto asociado al pago de los intereses de la deuda pública de 30.900 a 30.700 millones, gracias a la reducción del endeudamiento y a los bajos tipos de interés. El gasto en inversiones se mantendrá estable este año y el que viene en el 2,1 % del PIB.

El Ejecutivo envía también el informe de acción efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del déficit del 4,6% este año, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.

Con todas estas variables, el Gobierno calcula que el gasto público se reduce hasta el 42,4% del PIB en 2016 y hasta el 41,3% en 2017.

Por su parte, los ingresos alcanzarán el 37,8% del PIB en 2016, y su nivel se mantendrá estable en 2017, en el 37,7%. El Ejecutivo en funciones se compromete en el documento a adoptar diversas medidas fiscales para sostener la recaudación y poder cumplir o acercarse al objetivo de déficit público.

Así, anuncia la prórroga del Impuesto de Patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017.

En concreto, el Gobierno en funciones propone para cumplir el objetivo de déficit la no-bonificación automática en el Impuesto de Patrimonio. Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 2011, al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no sea así.

También plantea la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se regulan a su vez año a año y por periodos de un año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las variaciones en el IBI son competencia del ayuntamiento, si bien el Ejecutivo esboza esta medida para recaudar más. Al no existir presupuesto estos dejarían de aplicarse, si bien los mecanismos instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la recaudación en 24 millones de euros.

Junto a estas dos medidas, el Gobierno informa a la Comisión del adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades aprobado el pasado 30 de septiembre para recaudar 8.300 millones de euros, con el que se establece un pago fraccionado mínimo del 23% para las empresas de más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se eleva al 25% para las entidades de crédito.

La diferencia entre ingresos y gastos es lo que da un déficit del 3,6% del PIB en 2017, en línea con los cálculos que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, había adelantado esta semana y medio punto por encima del objetivo comprometido con Europa en el 31% del PIB, lo que obligará a hacer un ajuste presupuestario de más de 5.000 millones el año que viene.

El objetivo de déficit público de 2016, fijado en el 4,6 % del PIB, se cumplirá gracias a los ahorros e ingresos adicionales que generarán las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo en funciones este año.

Para las administraciones territoriales se espera un déficit del 0,3% del PIB en 2016, de lo que se puede deducir que si las comunidades autónomas cumplen con el 0,7 % previsto, las entidades locales tendrán un superávit del 0,4%. La administración central y la Seguridad Social acabarán este ejercicio con los mayores desequilibrios presupuestarios, del 2,6% y el 1,7% del PIB, respectivamente.

Para 2017, en ausencia de ajustes fiscales, la administración central incurrirá en un déficit del 2,1%, que para la Seguridad será del 1,4% y para las administraciones territoriales (autonomías y entidades locales), del 0,1%.