El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "imposible" que el impuesto a las tecnológicas pueda financiar la subida del 1,6% de las pensiones que pactaron el Gobierno y el PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por mucho que se aceleren los trámites en el seno de la UE para su desarrollo y puesta en marcha.

En una nota, el sindicato apunta que el anuncio de este impuesto a las tecnológicas no se trata de ninguna novedad, ya que la Comisión Europea planteó el 21 de marzo pasado un borrador de directiva para que estas grandes compañías digitales --como Amazon, Google o Apple-- terminen tributando en los países de la UE mediante un recargo en torno al 3% de los beneficios obtenidos por sus ventas en cada país por las empresas de servicios digitales que en un periodo impositivo facturen más de 7 millones de euros, cuenten con más de 100.000 usuarios o con más de 3.000 contratos en un Estado miembro.

Los técnicos consideran que este impuesto no estaría vigente, como muy pronto, hasta 2020; y sostienen que la Comisión Europea cuantifica una escasa recaudación en toda la UE que rondaría los 5.000 millones de euros para lograr un consenso de los países miembros más rápido, especialmente de los cinco más reticentes (Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Austria) que concentran la mayoría de las sedes en Europa de las empresas tecnológicas.

Asimismo, señala que la dificultad para que este gravamen sea efectivo está en que aún se encuentran por definir tanto los criterios para distribuir los beneficios de cada multinacional en cada país miembro como la horquilla en la que se permitirá establecer el recargo en el Impuesto sobre Sociedades nacional, por lo que resulta "complicado" que España ingrese algo más de 500 millones a medio plazo, cifra alejada de los aproximadamente 1.600 millones que costaría indexar las pensiones al IPC.

Sistema mixto de financiación

La organización recuerda que incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó la posibilidad de que el gravamen se implantase unilateralmente y aseguró que tendría que implementarse en el conjunto de la UE, como están barajando los distintos países comunitarios como una "solución provisional" hasta que se alcance un acuerdo definitivo en la OCDE para adoptar una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), que pretende que todas las multinacionales contribuyan en cada país con arreglo a los beneficios que obtienen en cada uno de ellos.

De esta forma, Gestha propone que la actualización de las pensiones con el IPC se consolide mediante un sistema mixto de financiación de la Seguridad Social (cuotas sociales e impuestos) para evitar el descuadre de las cuentas públicas del organismo, afectando al cumplimiento del déficit público español, que este año debe reducirse desde el 3,1% hasta el 2,2% del PIB.

Igualmente, tras el escaso margen que ofrece la nueva bajada del coste de la deuda que se presupuestó hace apenas un mes y la incertidumbre del coste real del rescate de las autopistas, los técnicos consideran que el PP acabará presentando enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2018 con un recorte equivalente en otras partidas del gasto, que sólo podría evitarse si aumentaran los ingresos en 1.500 y 1.800 millones este año y el próximo, respectivamente, tanto como costará el incremento de las pensiones en 2018 y 2019.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "estos días ha quedado demostrado que la subida de las pensiones depende de la voluntad política del Gobierno; y se ha puesto de manifiesto la incongruencia de afirmar que vincular al IPC las pensiones no era sostenible".

"Ahora el Gobierno debe explicar cómo financiará ese mayor gasto, teniendo en cuenta que para 2022 se ha propuesto eliminar el déficit de la Seguridad Social", ha apostillado Mollinedo, que subraya que si se igualara la recaudación a la media ponderada europea, la Seguridad Social española lograría 7.900 millones adicionales cada año, lo que financiaría la revalorización de las pensiones en función del IPC y liberaría otros 6.300 millones para reducir el déficit previsto de este organismo, cuyo agujero el año pasado superó los 17.000 millones.