Un fondo duplica su alquiler y la Policía usa una radial para echarla de su hogar

Souad ha sido obligada a abandonar la vivienda donde vivía desde hace ya 14 años. La socimi Vbare, propietaria de su bloque, ha forzado su salida al subir su alquiler desde los 400 a los 900 euros. Este miércoles, el cuarto intento de desahucio de esta vecina ha terminado con su desalojo, un procedimiento para el que la Policía ha terminado por utilizar una radial para romper su puerta.

La subida de la cuota del alquiler dejaba en precario la vida de Souad, puesto que sus ingresos, que incluyen su sueldo como camarera y el complemento salarial del IMV, son de tan solo 920 euros al mes. "No podía pagar", explican a Público desde la PAH Vallekas.

PAH Vallekas: "La socimi Vbare ha ido sacando a los inquilinos uno a uno"

En 2019, la socimi Vbare compró el bloque situado en el barrio madrileño de Vallecas. "Han ido sacando a los inquilinos uno a uno", añaden desde la plataforma por el derecho a la vivienda. Tan solo habían conseguido aguantar hasta ahora Souad y dos familias más, que se teme que corran la misma suerte. 

Poco antes de las 7 de la mañana, la Policía ya había acordonado y cortado el tráfico en las inmediaciones de la avenida del Monte Igueldo, 10. Un grupo de personas arropaban desde allí al grito de "Souad se queda". 

Dos horas y media después, la comisión judicial llegó a la zona y el cuarto intento de desahucio de la vecina comenzó. Los efectivos policiales intentaron tirar la puerta abajo. Y, para tratar de acceder al hogar de Souad, acabaron por utilizar una radial para cortar los goznes.

Debido al uso de esta maquinaria, desde la plataforma llamaron a los bomberos, que se desplazaron hasta allí y colocaron bajo una ventana un colchón. Finalmente, el desalojo ha culminado y Souad ha perdido su vivienda.

PAH Vallekas: "Tenemos que hacer nosotros lo que no hace el Gobierno, intentar imponer una bajada en sus alquileres"

"Tenemos que hacer nosotros lo que no hace el Gobierno, intentar imponer una bajada en sus alquileres", explican desde la PAH, para a continuación denunciar lo que consideran un "fracaso absoluto del escudo social".

Añaden, además, que la ley de vivienda no ha recogido una de las principales reivindicaciones de su plataforma, la imposición de un alquiler social obligatorio en estos casos. Una medida que, aseguran, habría evitado el desahucio de Souad al haber bajado el precio de su alquiler hasta los 300 euros, una cantidad mucho más asumible.