El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), empresa de titularidad pública, hacerse con la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra desde que reviertan al Estado hasta su licitación para que vuelvan a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018.

El Ministerio de Fomento ha explicado que Seittsa asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que se liquidarán en ocho concesiones distintas que saldrán a concurso en uno o dos bloques, según la opción que el estudio de demanda considere óptima.

Fuentes oficiales prevén que las ubicadas en los alrededores de Madrid salgan en un solo bloque, y la opción que parece más viable es que las otras —de menor tamaño— se integren en el mismo, aunque finalmente podría realizarse en dos.

La empresa pública ha obtenido con este paso la luz verde necesaria para comenzar a elaborar los pertinentes estudios de viabilidad y de demanda, así como los pliegos para relicitar las autopistas.

El Ministerio estima que las autopistas reviertan a Seittsa en el primer cuatrimestre de 2018, para que la licitación se complete en el segundo cuatrimestre de ese año y que la adjudicación se produzca en el tercero, momento a partir del cual el nuevo concesionario podrá empezar a explotar la autopista.

Fomento ha recordado en una nota que "no se puede hablar de un rescate de las autopistas de peaje en quiebra porque no hay una acción de Gobierno dirigida a rescatar una concesión en vigor".

En este sentido, ha reiterado que la Ley de Contratos del Sector Público prevé que cuando una concesión de obra pública inicia la fase de liquidación en un concurso de acreedores, existe la obligación legal de resolver el contrato de concesión y, por lo tanto, la infraestructura revierte a la administración concedente.

"Lo que hay es un procedimiento judicial que lleva a la liquidación de la concesión y a la reversión del activo a la Administración", ha señalado.

Evitar desviaciones en el déficit

En cuanto al coste patrimonial que tendrá que asumir el Gobierno, Fomento ha asegurado que será menor a los más de 3.500 millones de euros en los que lo cifra el Tribunal de Cuentas, ya que esta cifra es la suma de todos los límites máximos que ofertan los pliegos.

El objetivo de completar todo el proceso en el mismo año responde a que, desde que empiecen a revertir las concesiones, el Gobierno deberá computar el gasto automáticamente en el déficit público. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que el déficit de 2018 contabilice únicamente los gastos y no los posteriores ingresos.

Además, esto supondría una garantía de cobro para las concesionarias si finalmente se produce una reversión anticipada de los activos a la Administración.

El valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) será el que compute en el déficit y se fijará conforme a la ley. Posteriormente, el concesionario podrá no estar de acuerdo y presentar un recurso para que finalmente sea un juez el que fije la cantidad, pero la RPA oficial inicial dependerá del momento en el que se produzca la reversión.

El Estado deberá sumar a la RPA 550 millones de euros en concepto de préstamos participativos, que se otorgaron para construir estas vías y que serán incobrables tras su liquidación. No obstante, fuentes de Fomento aseguran que el balance será positivo.

Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Según los cálculos basados en las cuentas auditadas de 2016, la previsión es que estas autopistas ingresen por el tráfico 100 millones de euros en 2018.