El Ministerio de Fomento acaba de recibir una nueva resolución judicial que ratifica que finalmente no tendrá que rescatar el próximo mes de julio las autopistas radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, en contra por lo dictado por un Juzgado Mercantil hace justo un año.

Se trata de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha del pasado 6 de marzo. El auto admite el recurso que la concesionaria de la vía presentó en contra del rechazo del juez mercantil a su propuesta para salvar la autopista.

De esta forma, la Audiencia de Madrid insta al Juzgado de lo Mercantil número 6 a admitir la propuesta de convenio de acreedores planteado a comienzos de 2015 por la concesionaria, al admitir el recurso de apelación interpuesto por Alazor Inversiones.

Alazor es una sociedad intermediaria entre los socios (Abertis, Bankia, Sacyr y ACS), y la concesionaria (Autopistas de Madrid), y ambas fueron declaras en concurso en octubre de 2012, siendo nombrando el Ministerio de Fomento administrador concursal. Dos años más tarde, en octubre de 2014, el juez de lo Mercantil abrió la fase de convenio de las radiales, y en mayo de 2016 decidió no admitir a trámite la propuesta de convenio presentada por la compañía y, consecuentemente, ordenar su liquidación.

Alazor recurrió ambas decisiones porque había cumplido con el plazo de un mes que le había dado el juez para mejorar su propuesta de convenio, que ahora corrobora el tribunal madrileño.

Esta nueva sentencia se suma a las ya emitidas ese mismo mes por la Audiencia para anular los procesos de liquidación en que habían caído ya estas radiales y la autopista de circunvalación de Alicante.

En el caso de la Circunvalación de Alicante (Ciralsa) el tribunal recordó que la ley concursal aboga por articular soluciones que permitan dar continuidad a las empresas de contratos administrativos para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos que prestan y en beneficio tanto de los adjudicatarios como de la administración pública.

Así, además de anular definitivamente el mandato inicial de que Fomento asumiera estas autopistas en julio, la Audiencia da una nueva vuelta de tuerca más al proceso judicial de concurso de acreedores en que están inmersas estas y otras seis autopistas quebradas desde hace cinco años, desde 2012.

Acabarán en manos del Estado

No obstante, a pesar de que los tribunales están anulando los procesos de liquidación a los que están llegando las vías, fuentes del sector dan por hecho que dicha liquidación será inevitable y que, tarde o temprano, la mayor parte de las vías tendrá que revertir al Estado.

Así lo ha reconocido en distintas ocasiones el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ya ha avanzado que, una vez que esta reversión tenga lugar, su intención es sacar de nuevo a concurso las autopistas para volver a ceder su explotación a empresas privadas.

De esta forma, Fomento, además de garantizar que las infraestructuras sigan en servicio para los conductores, busca "compensar" el coste de su rescate, una factura que el Estado estima en menos de 3.000 millones de euros, pero que el sector eleva a hasta 5.000 millones.

Además de estas tres autopistas, la AP-36 Ocaña (Toledo)- La Roda (Albacete) también entró en diciembre de 2016 en la fase de liquidación, que de igual forma fue recurrida al a Audiencia. El resto de autopistas en quiebra y en distintas fases del proceso concursal son las otras dos radiales (la R-2 y la R-4), la Madrid-Toledo, que une Madrid con el aeropuerto de Barajas y la Cartagena-Vera.