La Audiencia Nacional estudia una nueva petición de extradición suiza contra Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y ex empleado del banco HSBC al que se le atribuye la difusión de la lista Falciani, con nombres de clientes del banco suizo HSBC y clave para destapar numerosos casos de evasión fiscal en todo el mundo.

En total, la información proporcionada por Falciani unas 130.000 cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

La orden de busca y captura está relacionada con una condena de cinco años de cárcel que dictó un tribunal helvético hace tres años. La Fiscalía había pedido prisión para él, aunque al final el juez ha acordado su libertad sin fianza y con medidas cautelares mientras decide su destino.

Estas son las claves de su detención en España:

1. Quién es Hervé Falciani

Hervé Falciani, que reside en España desde 2012, nació en Mónaco en 1972 y tiene pasaporte francés e italiano. Este ingeniero informático trabajó para HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) desde 2001 a 2008. Siendo director del departamento de servicios informáticos del banco británico en Ginebra copió los ficheros con los datos confidenciales de clientes de la entidad.

Ayer fue detenido en Madrid cuando acudía a un acto en la Universidad Pontificia de Comillas, justo antes de un acto en el que precisamente se denunciaba que España se encuentra entre los siete países de la UE que peor protegen a los confidentes de delitos fiscales (''whistleblowers''). La jornada tenía un sugerente nombre: 'Cuando decir la verdad es heroico: sacando a la luz las guaridas fiscales'.

Desde hace años, grupos políticos, defensores de las libertades civiles y la propia Eurocámara han ido poniendo encima de la mesa la necesidad de proteger a los filtradores ante su indefensión, teniendo en cuenta que su labor ha sido fundamental para destapar casos de corrupción a nivel internacional, como son los casos del propio Falciani, Julian Assange, Edward Snowden, Antoine Deltour o Ana Garrido, entre otros. "La detención de Falciani es muy grave y una pésima noticia para el derecho a la información", comentan desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que recuerda la petición que existe en el Congreso para proteger a los filtradores.

Gracias a la "lista Falciani", que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores españoles, se consiguieron regularizar en nuestro país 300 millones de euros. El propio Falciani tiene una excelente relación con las autoridades españolas.

2. Por qué Suiza le reclama

En diciembre de 2008, Falciani fue interrogado por las autoridades suizas por un presunto delito de tentativa de venta de datos de cuentas bancarias al banco libanés Audi en Beirut. Tras huir a Francia y recalar en España, fue detenido en Barcelona en julio de 2012 en virtud de una orden internacional emitida por Suiza por vulneración del secreto bancario.

Aunque Suiza solicitó su extradición, fue puesto en libertad provisional el 18 de diciembre del mismo año, tras cinco meses en la cárcel. Finalmente, la Audiencia Nacional española rechazó en mayo de 2013 extraditarle a Suiza por el robo de datos bancarios por colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales, así como con las justicias de Italia, Francia y EEUU.

En 2015 un tribunal suizo condenó a Falciani "in absentia" a cinco años de prisión por espionaje industrial. Ahora, en virtud de una orden policial, las autoridades suizas reclaman su arresto y posterior extradición para que cumpla los 4 años y 195 días de condena que le restan, una vez descontados los 170 días que estuvo en prisión provisional, según la orden.

3. Desde cuándo está reclamado

La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha afirmado a Europa Press que "no es correcto" que el informático estuviera reclamado judicialmente en ese país "solo desde el 19 de marzo de 2018", como se informó inicialmente. Lo que ocurrió ese día es que las autoridades españolas comunicaron a Suiza que la última orden de búsqueda contra Falciani, que databa del 3 de mayo de 2017, "era válida" en España.

Así lo ha explicado un portavoz de la OFJ, Raphael Frei, que también ha confirmado que este mismo jueves las autoridades suizas han transmitido a España por vía diplomática la petición formal de extradición del informático.

Los datos de Falciani figuraban como persona reclamada por la Justicia en el Sistema de Información de Schengen (SIS) desde 2009, en virtud de una orden de detención emitida por la Fiscalía suiza. Esa inscripción fue remplazada por una nueva, el 3 de mayo de 2017, después de que el Tribunal Penal Federal del país le declarase culpable de un delito de espionaje económico. Así, "la inscripción en el SIS no data del 19 de marzo de 2018", ha dicho el portavoz.

Este miércoles, tras la detención de Falciani se supo que la orden contra él había quedado registrada el 19 de marzo en el sistema SIRENE español, que es la oficina nacional que sirve para preparar expedientes para el SIS, intercambiar de información adicional y comunicarse de forma bilateral con sus homólogas de otros países.

4. Por qué no se le extraditó en 2013

La Justicia suiza reclamaba a Falciani por revelación de secreto bancario, un delito que en sí no existe en España. En el auto de 2012 en el que la Audiencia Nacional denegaba la extradición, se explica claramente que en el derecho español no existe una protección penal específica del secreto bancario. “En todo caso, lo que se protege en el derecho penal español […] es el secreto de las personas, instrumental a la intimidad o privacidad de aquello que se quiere mantener ajeno o reservado al general conocimiento, por medio de los primeros, o el secreto industrial o comercial, por los segundos”, dice el texto. 

Los datos bancarios, dado que afectan a posibles delitos como blanqueo de capitales y evasión fiscal, no tienen esa protección en España, apuntan fuentes jurídicas, por lo que en el caso de Falciani no se cumple la doble incriminación necesaria para que la Justicia a la extradición. “Otra cosa es que se hubiera planteado la extradición por robo o por acceso a datos personales, que sí están protegidos penalmente; en ese caso España no hubiera tenido más remedio que proceder a esa extradición”, comenta el abogado Carlos Sánchez Almeida, asesor legal de la PDLI.

5. El mínimo penológico

Existe, además, un factor importante a tener en cuenta que puede jugar en favor de Falciani en este arresto y el nuevo intento de extradición por parte de Suiza. Si la orden de detención guarda relación directa con el cumplimiento de su condena en el país helvético –fue condenado a cinco años de cárcel ‘in absentia’, es decir, sin haber comparecido en el juicio el acusado- es necesario tener en cuenta que, en España, sólo se puede condenar ‘in absentia’ por delitos que impliquen penas de dos años como máximo.

“Simplemente por el hecho de que pese sobre él una condena de cinco años sin que él estuviese presente debería ser denegada la extradición”, comenta Almeida, que añade: “Si los hechos por los que se le persigue son los mismos que dieron lugar a la denegación de la extradición en 2013 por parte de la Audiencia Nacional, estamos hablando de algo que es cosa juzgada, y si el abogado de Falciani invoca ese auto y comprueba que se trata de los mismos hechos, automáticamente la Audiencia lo dejará en libertad, no puede hacer otra cosa”.

Bonus: Quién estudia su caso

El juez Diego de Egea y Torrón es el encargado de estudiar la orden internacional de arresto, ha desoído la petición de la Fiscalía, que pedía prisión incondicional para Falciani, y ha decretado su libertad con medidas cautelares: debe entregar su pasaporte y tiene prohibido salir de España sin autorización judicial; también deberá comparecer semanalmente en el juzgado.

Es cuando menos llamativo el cambio de criterio de la Fiscalía en lo que respecta a Falciani. En 2013, la fiscal del caso de su extradición en la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, se oponía a su entrega de forma muy elocuente: "Cuando estamos elaborando normas contra la opacidad, contra el fraude, no podemos por otro lado castigar a aquellos que observan conductas delictivas en sus trabajos y lo denuncian a las autoridades competentes".

El magistrado De Egea se encuentra en comisión de servicio para reforzar el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Manuel García-Castellón.

Este juzgado investiga macrosumarios relacionados con la corrupción política, como los casos Púnica y Lezo, así como la instrucción del caso de los presuntos contratos irregulares de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la investigación contra el comisario jubilado José Villarejo, en prisión provisional por lucrarse supuestamente con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.