Cientos de miles de familias de toda España se han encontrado este lunes con la necesidad atender a los más pequeños ante el cierre de los colegios decretado por algunas comunidades autónomas. De la noche a la mañana, han tenido que improvisar planes de contingencia para hacer frente a esta situación de emergencia sin que exista ningún marco legal que les permita ausentarse del trabajo para atender a menores y dependientes. "Solo nos acordamos de la necesidad de tener una normativa que permita la conciliación cuando se producen situaciones extraordinarias como esta nevada o la crisis de la covid-19", señala Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general del sindicato UGT.

La tormenta de frío y nieve que ha sacudido al país, la más severa en más de 50 años, ha bloqueado las carreteras e impedido no solo el transporte de mercancías y el abastecimiento de las tiendas, sino que además ha bloqueado en buena parte del territorio los servicios de transporte escolar. En comunidades autónomas como Madrid, Castilla La Mancha o Aragón, las autoridades anunciaron a lo largo del fin de semana que quedaban suspendidas las clases al menos los días lunes y martes, para evitar situaciones de riesgo en el traslado de estudiantes y docentes. Un preaviso sorprendentemente corto si tenemos en cuenta que hace semanas que los servicios meteorológicos estaban alertando sobre la gran borrasca que azotaría gran parte del país en estas fechas. En algunas comunidades, como Madrid, este cierre se ha ampliado hasta el próximo lunes 18 y Castilla La Mancha ha alertado sobre la posibilidad de que la suspensión de las clases presenciales se amplíe más allá del martes. 

"La pandemia y ahora este temporal, han mostrado las costuras un sistema que hasta ahora no ha tenido en cuenta ni valorado los cuidados. Y es que cualquier circunstancia excepcional hace tambalearse este equilibrio precario en el que vivimos y que se basa en última instancia en la desigualdad y la división sexual del trabajo", afirma Elena Blasco, Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.

El marco legal vigente en estos momentos carece de soluciones globales que permitan a las y los trabajadores hacer frente a este tipo de emergencias. El Gobierno presentó antes de Navidades una nueva Ley de Teletrabajo que tiene como objetivo favorecer el desempeño profesional en remoto y que podría contribuir parcialmente a dar respuestas a las necesidades de conciliación. Sin embargo, su objetivo primordial no es la conciliación, tal como alertaron tanto los sindicatos como el propio Gobierno, y además no está diseñada para hacer frente a situaciones de emergencia.

También en ​junio pasado el Gobierno anunció la puesta en marcha de una ley de Tiempo Corresponsable, de la que de momento, afirman los sindicatos, no tienen noticias y del que esperan formar parte una vez que se introduzca en la agenda.

Medidas parciales y cuestionadas

Para crisis como la desatada por la covid-19 se puso en marcha el llamado Plan Me Cuida, que permite a las y los trabajadores solicitar reducciones de jornada que pueden llegar hasta el cien por cien de la misma, pero con la consiguiente reducción del salario. Unos permisos que habitualmente solicitan sobre todo las mujeres, con la consiguiente merma tanto en sus ingresos como en sus cotizaciones sociales y que incrementan la desigualdad en los salarios y en el empleo.

Además, los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados incluían una partida de 200 millones de euros para el Plan Corresponsables, que sí tiene como objetivo favorecer la conciliación en familias con hijos menores de 14 años y promover el reparto de las tareas de cuidados entre mujeres y hombres.
El plan, que debe implementarse en colaboración con las comunidades autónomas, prevé la creación de una bolsa de empleo público (el denominado como "empleo morado") y será un primer paso o "semilla" (como lo denomina el Ministerio de Igualdad) para implementar un Sistema Estatal de Cuidados a más largo plazo. Su implementación sin embargo aún está lejos de ser efectiva, con lo cual las familias no pueden acogerse al mismo para hacer frente a la emergencia desatada por la borrasca Filomena.

Los sindicatos, sin embargo, son críticos con ambas medidas y echan en falta algo así como un plan nacional que siente unas bases de unas medidas mínimas que las empresas tienen que cumplir para garantizar la conciliación. 

"Después de todos estos meses en los que se habló intensamente de conciliación, no hemos avanzado nada", advierte Antoñanzas. "El Gobierno extendió el plan Me Cuida hasta finales de este mes, pero desde el principio se vio que no era suficiente, porque supone reducciones de jornada con reducción de sueldos, que puede ser una respuesta muy puntual, pero no sirve de forma continuada".

En cuanto al Plan Corresponsables incluido por Igualdad en los PGE para 2021, las prevenciones también son notables. Explican que todo depende de cómo se aplique, pero que "dar un dinero a las familias para que puedan contratar a cuidadores, sin saber cómo, con qué salarios o por qué medios, cuanto menos da miedo. Aquí entran las plataformas digitales y podemos crear una bolsa de trabajo precario y difícil de controlar", afirma la portavoz de UGT.

Se precisan planes globales

Los sindicatos resaltan que el problema no son las grandes empresas, muchas de las cuales contemplan medidas para la conciliación que van más allá de lo establecido por la normativa, sino las pequeñas y medianas empresas, que son las que aglutinan a la mayor parte de los trabajadores de este país.

Otra consideración importante, resaltan, es no mirar sólo la situación de las grandes ciudades o núcleos urbanos, sino poner el ojo en lo que sucede en el ámbito rural y en las poblaciones más pequeñas. Por ello, reclaman que se pongan en marcha medidas globales, que den solución a todos los trabajadores, independientemente de dónde vivan o el tamaño de la empresa en la que estén empleados. 

Desde UGT recuerdan que en otros países de nuestro entorno existen permisos que se pueden usar en momentos concretos de emergencias de corta duración y que son retribuidos. Pero reclaman que es inaplazable abordar la conciliación de forma global en nuestro país. Denuncian que el Gobierno no ha debatido ni acordado ninguna de las medidas arriba enunciadas con los actores sociales, y que lo que conocen del Plan Corresponsabes es lo que figura en la ley de PGE.

"En el ámbito laboral, apostamos por la adaptación de jornada (cambio de turno, modificación de jornada, horario flexible...), que es un derecho subjetivo reconocido a las personas trabajadoras, que tienen que negociarla y acordarla con la empresa. Es preferible a cualquier medida de reducción de jornada que implica merma económica para las familias y que, al final, la experiencia nos dice que termina perjudicando a las mujeres que son las que se acogen mayoritariamente. El Plan Me Cuida, que se encuentra ahora mismo prorrogado hasta el 31 de enero, si bien ha introducido mayor flexibilidad, no aborda estos problemas", explica Blasco. 

"Si no se legisla y se acuerda un mínimo que las empresas deben cumplir por ley, será muy difícil aplicar las medidas a los convenios colectivos. Pero para esto es imprescindibles que se tenga en cuenta a los agentes sociales, porque si lo hace el Gobierno por su lado sin contar con sindicatos y empresarios, que somos los que lo tenemos que poner en marcha en las empresas, volveremos a tener los mismos problemas", añade Antoñanzas.

A finales de mayo, en pleno confinamiento por el coronovirus, el sindicato Comisiones Obreras presentó un plan en el que pedía que fuera el Estado el que pusiera los fondos necesarios para asegurar la corresponsabilidad, que no sólo apunta hacia el cuidado de los menores y dependientes, sino también a reducir la desigualdad en el trabajo, asegurando que son principalmente las mujeres las que sacrifican salarios y carreras.

Según este plan,  la medida estrella que permitiría a las familias conciliar debería pasar por la adaptación de la jornada laboral sin reducción de horario ni sueldo, una medida que como explica el sindicato no es nueva y está recogida en el Estatuto de los Trabajadores. "La primera piedra de cualquier plan ha de ser la inversión en servicios públicos. Corresponsabilidad para que las empresas asuman su responsabilidad social y faciliten las medidas de conciliación (la adaptación de jornada, principalmente) y que se acuerden en el ámbito de la negociación colectiva medidas que favorezcan la conciliación corresponsable, primando medidas de alternancia en los disfrutes de permisos para ambos progenitores. Que los padres asuman su papel corresponsable es también un imperativo", afirman desde el sindicato. 

"Somos poco optimistas", resalta Antoñanzas, porque de la conciliación nos acordamos solo cuando truena. En su memento fue por la pandemia. Con los niños en casa se habló mucho. Se había dejado de hablar hasta ahora, en que una gran borrasca nos ha devuelto a la realidad. Este es un tema qua hy que abordarlo de forma urgente, no cuando nos acordamos de él.  Y tienen que haber medidas que sirvan para las excepciones, como la actual, pero también para el día a día", concluye.