Falsos autónomosEl juicio entre Glovo y 324 'riders' queda aplazado al 27 de marzo de 2020

La titular del Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza ha decidido suspender el litigio entre Glovo y 324 de sus repartidores, previsto para este lunes, después de que la magistrada admitiera parte de las nuevas pruebas solicitadas por la compañía . La nueva fecha del juicio será el próximo 27 de marzo de 2020. Este proceso supone la primera demanda de oficio, por tanto colectiva, en la que se dirimirá si los trabajadores de esta compañía son falsos autónomos.

Este juicio, en el que se ha personado UGT, deriva de unas actuaciones previas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que pedía a la empresa que se hiciera cargo de la liquidación de las cuotas a la Seguridad Social de 324 'riders' a los que consideraba falsos autónomos. La Inspección ha acudido al procedimiento judicial para que la calificación de la relación laboral sea confirmada por el Juzgado de lo Social.

No obstante, antes de iniciarse el juicio, la empresa -que defiende que mantiene una relación laboral apropiada con los 'riders'- ha solicitado que se oficie a la Agencia Tributaria una prueba sobre las retribuciones que han percibido los repartidores durante un periodo y ha pedido también que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte unas certificaciones sobre el alta y baja en el régimen de autónomos de parte de los repartidores afectados.

La titular del Juzgado ha admitido una parte de esta prueba, aunque ha apuntado que algunos informes de la Agencia Tributaria no son necesarios por el momento. "Contra esta decisión, que se adopta el miércoles de la semana pasada, la empresa interpone un recurso oponiéndose y es lo que ha provocado la suspensión", ha explicado el abogado de UGT, Bernardo García.

El letrado ha agregado que cuando el recurso de la empresa ha sido notificado al resto de las partes, UGT lo ha impugnado de manera inmediata, pero "hay otros abogados personados de oficio que no habían sido notificados, por lo que no han tenido tiempo de oponerse".

Una demora excesiva 

García ha considerado que esta fecha para la celebración del juicio es "muy tarde", ya que "hay más de 300 personas afectadas". Ha lamentado que se trata de un juicio señalado hace un año y que se podrían haber pedido las pruebas "hace meses", aunque ha reconocido que "con la ley en la mano" la compañía ha actuado en tiempo y forma.

El abogado del sindicato ha incidido en que la plataforma digital que emplea Glovo es clave para determinar que tipo de relación laboral existe con los 'riders', ya que aunque tengan relativa flexibilidad a la hora de determinar los días y franjas horarias que van a trabajar si no entran en el sistema que establece Glovo, pueden verse "perjudicados" e incluso cesar en la actividad, una situación que se asemeja a la de "cualquier persona que trabaja en una empresa".

Glovo defiende su modelo 

El director de Políticas Públicas de Glovo, Miguel Ferrer, ha detallado que la compañía cree "firmemente" que el modelo de trabajo autónomo es "adecuado a la normativa española".  Para Ferrer, se trata de "un ámbito que es elegido por una gran parte de los sectores económicos de nuestro país". También ha afirmado que los repartidores que eligen trabajar con ellos lo hacen porque "el modelo de autónomos les permite autorganizarse y ser independientes".

El directivo de la empresa de reparto ha lamentado que en España, país de origen de Glovo, se haya decidido "optar por una vía de judicialización" en vez de promover "un espacio de diálogo y de búsqueda de soluciones con todos los actores económicos y sociales que necesitan estar en este ámbito".

Además, ha señalado que las resoluciones que está habiendo son "totalmente contradictorias". "Ha habido ocho resoluciones que han determinado que nuestro modelo de negocio es viable y es en lo que nos basamos para seguir trabajando y aportar valor en nuestro país", ha apostillado. El director de Políticas Públicas de Glovo ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza acompañado por varios trabajadores que han defendido el modelo de relación laboral en régimen de autónomos que mantienen con la empresa.