El exsecretario de Estado de Hacienda con Aznar dice en el juicio que no debía justificar los gastos de las black

MADRID.- El exsecretario de Estado de Hacienda durante el primer gobierno del popular José María Aznar,  Estanislao Rodríguez Ponga, ha sido el primero en sentarse en el banquillo de los acusados en la quinta sesión del juicio por las tarjetas black. El que fuera consejero de Caja Madrid (2006-2012) y consejero de BFA (2011-2012) ha explicado ante el tribunal presidido por Ángela Murillo que la entidad bancaria madrileña le dijo que "no tenía que justificar nada", ya que, como ha explicado el propio Rodríguez Ponga, "Caja Madrid asumía esas cantidades en concepto de gastos de empresa".

El que era el hombre de confianza del actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado en la vista oral que se le entregó un plástico con una cantidad anual de 25.000 euros. El secretario general de la entidad de entonces, Enrique de la Torre, le dijo que esa cantidad era suya cuando le explicaba las condiciones de la visa. "Yo no voy a gastar tanto", respondió Ponga. No obstante, el secretario le precisó que no podría pedir que le cubriesen más gastos de empresa.

Como ha recordado el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en consejero propuesto por el PP tenía fijado un límite superior al resto. En concreto, podía disponer de 5.000 euros al mes, a diferencia de sus compañeros, cuyo límite era de 2.000 euros. Podía extraer dinero en efectivo, también a diferencia de los demás consejeros. "El límite de la tarjeta no tenía nada que ver con la remuneración. La tarjeta solo servía para movilizar el dinero. Además, las condiciones las ponía el presidente", ha explicado.

Rodríguez Ponga, como el resto de los acusados, no reconoce la validez de las hojas de cálculo presentadas por Bankia. Asimismo, ha reclamado a la entidad que enseñe sus firmas de los cargos para demostrar que esos gastos realmente los realizó él con las tarjetas. "Hay un cargo anónimo de más de 18.000 euros en el listado que yo no reconozco", ha añadido. No obstante, ha confesado que cada año preguntaba cuánto dinero le quedaba y se lo gastaba.

Estanislao Rodríguez Ponga está condenado a cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida continuada. Gastó 255.400 euros.

El siguiente en declarar ha sido Antonio Romero Lázaro, exmiembro de la Comisión de Retribución de Caja Madrid nombrado por el PSOE. Como el resto de los acusados, ha declarado que la entidad le informó de que la visa era una compensación para cubrir al menos los costes de representación de empresa, por lo que no tenía que justificar los gastos. "Me dijeron que la caja se encargaba de la fiscalidad de la tarjeta", ha afirmado Romero.

"Consideraba que era una remuneración de libre disposición. El marco de relaciones era muy amplio. Las actividades de representación abarcaban contactos con las corporaciones locales que tenían lugar los fines de semana, por eso usaba la tarjeta un sábado o un domingo", ha relatado.

No reconoce el informe de Excel recogido por Bankia, en parte porque no tenía acceso a los extractos. Además, ha señalado que "aparecen gastos en lugares que yo ni siquiera he estado".

El militante del PSOE se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida continuada. Gastó con la tarjeta 252.000 euros.

El hombre que lapidó 26.000 euros en puros, Ricardo Romero de Tejada, ha sido el siguiente en enfrentarse a las preguntas de la Fiscalía Anticcorrupción y de su propia defensa. El exmiembro del Consejo de Administración nombrado por la Asamblea de Madrid desde 1993 hasta 2011 ha manifestado que la mayoría de los gastos que hacía se correspondían a su puesto, como las reparaciones en el taller de su coche particular, ya que según él, "al no disponer de coche de empresa, tenía que usar el mío para acudir a otros municipios y realizar mis gestiones".

El consejero elegido por el PP ha aclarado que la cuestión de las tarjetas black era un asunto público. De hecho, ha recordado que él concedió una entrevista a un medio español y habló de los plásticos. "Y no pasó nada porque todo estaba en orden", ha añadido.

El imputado ha señalado que él gastaba según los límites mensuales y anuales establecidos. "Me avisaban cuando llegaba al límite y dejaba de gastar". No obstante, ha señalado en la vista oral que cuando cesó su actividad como consejero, dejó de utilizar la tarjeta.

Tejada ha considerado que algunos de los gastos reflejados en el Excel no son correctos. "Yo nunca realicé el último gasto de 1.7000 euros que aparece en la lista", ha zanjado.

El Ministerio Público pide para él una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 212.200 euros con tarjetas opacas al fisco. 

Tras un receso, José María de la Riva, exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE y miembro de la auditoría en 2008, ha tomado el relevo en el banquillo de los acusados de la sede de Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El exmiembro del Comité Federal socialista ha expresado que el día que tomó posesión del cargo, el secretario general le entregó una visa y le dio una serie de instrucciones.

Ante las preguntas del fiscal Alejandro Luzón, De la Riva se ha negado a hacer matices con respecto a sus declaraciones ante el juez de Instrucción. "El señor Blesa ya explicó el mecanismo y el recorrido que tenían estas visas, por eso creo que  ya está todo dicho", ha añadido.

"Nunca había visto un documento con tantos errores como el que propone Bankia. No puedo comer en San Sebastián y reponer gasolina en Alcobendas a los diez minutos", ha relatado el exconsejero, eludiendo la posibilidad de que los cargos pueden aparecer en la cuenta días después de haberse efectuado una operación.

La Fiscalía solicita una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 208.900 euros.

"Cuando se me dio la tarjeta, entendí que podía utilizarla para lo que fuera. Por eso, cuando se casó el hijo de un consejero, extraje dinero de ahí, ya que si no, no hubiera podido asistir. Se puede considerar un gasto de representación". Así ha explicado Ignacio de Navasqües Cobián, exconsejero propuesto por el sindicato de cuadros de la empresa, el uso que le dio a los plásticos opacos al fisco. 

El representante de los trabajadores de Caja Madrid ha relatado que ha efectuado muchos gastos debido al puesto que tenía. Además, ha aludido a la falta de veracidad de los extractos que aparecen en la lista, ya que según él, "la tarjeta no está activada".

De Navasqües ha asegurado que la tarjeta incluso estaba dada de alta en la sucursal y podía consultarla. "Cómo voy a esconder la tarjeta si la tenía en la sucursal. Yo he devuelto el dinero amedrentado por lo que salía en la prensa porque yo no creo que haya cometido ningún delito".

El sindicalista ha negado que los usuarios de las tarjetas opacas de la entidad fuesen "comprados por Blesa" y ha afeado a las acusaciones particulares, en concreto a Bankia, por "rebuscar en toda la caja" un indicio de delito para emprender la investigación judicial.

"Me parece de mala fe que una cuenta que tiene una definición muy clara no le llame la atención al auditor", ha acuñado.

De Navasqúes ha asegurado que ninguno de los 65 usuarios de las tarjetas son los responsables de "la desgracia económica de la caja".

El fiscal pide para él una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 194.900 euros, de los cuales ha devuelto 50.000 euros.

El penúltimo en prestar declaración en la vista oral ha sido Ramón Espinar Gallego, exvicepresidente de Caja Madrid, que ha detallado que los plásticos estaban destinados a compensar gastos. No obstante, ha matizado que había que hacer un uso prudente y que él pensaba que estaba declarando a Hacienda. "Los responsables de acreditar los gastos serán los que me dijeron que no tenía que presentar justificantes", ha justificado después.

Tres meses después del cese de su cargo, el imputado siguió utilizando la visa opaca porque, según ha relatado, pasaban a una filial de Caja Madrid y una norma no escrita les permitía seguir teniendo algunos beneficios.

A pesar de sumarse a las denuncias contra las pruebas de Bankia, Espinar ha confesado que nunca agotó el límite de la tarjeta por si le daban un "toque de atención". A lo que ha añadido: "me parecía mejor dejar un poco sin gastar".

"Yo no soy un chorizo, he ahorrado para pagar la fianza", ha zanjado.

Se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjetas: 178.400 euros.

El último en sentarse en el banquillo de los acusados de la sede de Audiencia Nacional en San Fernando de Henares ha sido el exconsejero y exvicepresidente de Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella.

El hombre de la máxima confianza de Rodrigo Rato cree que "hay algo extraño" en el caso que investiga las tarjetas opacas de la entidad. Además, se ha mostrado sorprendido de que una tarjeta cargada contra su salario haya levantado tal "maremágnum", y ha encontrado chocante que digan que se ha saltado la ley.

"Hoy he venido aquí humilde, pero cuando fui al juzgado fui humillado; por toda la presión que había, y para evitar cualquier tipo de mayor escándalo accedí a devolver lo que el FROB decía que habíamos cobrado indebidamente", ha relatado, muy emocionado, en relación al pago de 175.400 euros realizado en octubre de 2014.

El que fuera secretario de Estado de Comercio en el primer gobierno de Aznar ha detallado que en todo momento creía que el plástico se trataba de un complemento y nunca dudó de lo que se le estaba entregando, porque la institución merecía todo su respeto y nunca tuvo "la más mínima duda", ni cuando se incorporó ni durante todos los años posteriores, de que "todo estaba cumpliendo la más estricta legalidad".

También ha comentado que el ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj le explicó que las tarjetas proporcionaban "mayor flexibilidad", como le había informado Rato a este.

Se enfrenta a una pena de tres años de prisión, multa de ocho meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastos en tarjeta: 175.950 euros, de los que ha devuelto 9.700 euros.