Casi uno de cada seis abulenses y cerca de la quinta parte de los zamoranos tienen a más de cinco kilómetros de su casa el cajero automático más cercano, según indica un estudio publicado por el Banco de España, que destaca cómo en ocho provincias españolas, las dos citadas más Cuenca, Soria, Palencia, León, Salamanca y Badajoz, más del 10% de la población se encuentra en esa situación, una tasa a la que se acercan Huesca, Teruel, Guadalajara, Burgos y Segovia, con Valladolid, Ourense y Lleida en el siguiente escalón.

"Esta significativa diferencia con respecto a otras provincias españolas se explica por su menor densidad de población, así como por otros factores, como la orografía del territorio, que han hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor y se haya tenido que ver compensada, en parte, por soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles", señala el estudio, que añade cómo "a esto hay que sumar[le] el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable"; tanto como para que "en 2008, más del 70% de los municipios de Castilla y León no contaban con una oficina bancaria, lo que afectaba al 13% de la población de la región".

En los catorce años transcurridos desde entonces, en los que las finanzas españolas han alcanzado las mayores cotas de concentración de la historia en un proceso cuyo coste ronda los 130.000 millones (más de 2.700 euros por habitante) para un Estado que, de paso, descartó su penúltima oportunidad de disponer de una banca de servicio público, la exclusión financiera, o cuando menos las trabas para acceder al dinero en efectivo, se han disparado en el mundo rural.

De hecho, tanto los mapas sobre la vulnerabilidad en el acceso al dinero en efectivo como los que reflejan la variación de la distancia entre los pueblos en los que sigue habiendo sucursales operativas o cajeros y aquellos en los que no los hay apuntan a que el desmantelamiento de los servicios bancarios ha sido mucho más intenso en las áreas rurales que en las urbanas.

Ese proceso, según los datos de Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), ha incluido entre 2008 y 2021 "una caída del 39,5%, en la cifra de empleados; del 54,2%, en oficinas y del 22,1% en cajeros". En ese periodo ha pasado de haber una sucursal por cada 1.002 habitantes a una por cada 2.232 y de un cajero por cada 741 a uno por cada 970, mientras el ratio de un dispensador automático de billetes por cada 1,35 oficinas lleva camino de duplicarse al dispararse a 2,3.

Son 12.913 cajeros menos en 24.758 sucursales menos, con una incidencia notable en unas áreas menos pobladas en las que la preocupación de las entidades financieras por la exclusión bancaria de origen geográfico sigue sin alcanzar la que comienzan a mostrar sus responsables, al menos en el plano declarativo, por la relacionada con el manejo de herramientas digitales ante la campaña "Soy mayor, no idiota" lanzada por el jubilado Carlos San Juan.

"El sector bancario sigue instalado en una actitud negacionista del problema que no contribuye a solucionarlo", sostiene Patricia Suárez, de Asufín, que considera "evidente que muchas capas de la sociedad encuentran barreras claras de acceso al servicio bancario".

"En la España vaciada se combina la desaparición de las oficinas bancarias, con la precaria situación de acceso a internet que aún se sufre en muchas localidades. Esto provoca un coste añadido a los ciudadanos de estos municipios que tienen que hacer kilómetros de desplazamiento para realizar operaciones bancarias básicas", explican Roberto Tornamira y Julio Rodríguez, exsecretario federal de banca de UGT y expresidente del Banco Hipotecario, respectivamente, y miembros del grupo de Economía Digital de la plataforma de debate MoMentuM, que llaman la atención sobre otro escollo añadido: "la red de cajeros automáticos sufre de un deterioro y déficit de mantenimiento galopante".

Mientras tanto, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas han comenzado, con mayor éxito en unos casos que en otros, a implementar fórmulas alternativas para atajar ese flanco de la exclusión financiera entre las que, tal y como recoge Carta Local, la revista de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), se incluyen la instalación de cajeros en locales multiservicio de Valladolid, donde circula otro itinerante, los estudios previos para hacerlo en Teruel y Zaragoza y la instalación de decenas de dispensadores en pueblos de Cáceres, Badajoz, Tarragona, Almería, Granada, Córdoba o Málaga, entre otras propuestas alternativas para facilitar el acceso al dinero en efectivo en las zonas rurales como las siguientes:

La farmacia que dispensa dinero en metálico

"En el pueblo nos apañamos, pero lo suyo sería hacerlo bien. No sé qué pasará después de este señor que ha sacado lo de soy mayor pero no idiota, pero de pueblos de más de 1.500 habitantes también se están llevando las sucursales", explica Pepe Colino, el farmacéutico de Cútar, un pueblo de 602 habitantes de la Axarquía malagueña cuyos cajero y sucursal más cercana se encuentran en otro a seis kilómetros, que lleva un año haciendo de bancario para sus vecinos.

La suya y la de Júzcar fueron las dos primeras boticas de la provincia que, a través de un convenio entre la Diputación y CaixaBank, gestionan unos TPV o datáfonos que dan la opción de disponer de entre veinte y 150 euros en metálico al mes, con un límite de mil al año, si el pago se realiza con una tarjeta asociada a una cuenta de esa entidad o con una específica, similar a las que se expiden en algunas cadenas comerciales, emitida por esta.

"A mí me llega una persona con una tarjeta autorizada, me compra una caja de juanolas, que vale 1,95, y cuando le cobro me sale la opción de darle dinero en efectivo" dentro de esos límites y que se carga a la tarjeta, explica, aunque el servicio en la práctica va "regular" y no se utiliza mucho. "Tienen que llegar muchas tarjetas que hay pedidas", recuerda.

"Esto es para salir de un apuro, pero no sirve para el abuelillo que quiere sacar la paga", añade. La operativa habitual, como ocurre en los miles de pueblos españoles sin cajero ni oficina, consiste en encargar la extracción a un familiar, vecino o amigo que vaya a desplazarse a una localidad donde sí los haya operativos.

Se trata, simplificando, de expender dinero de curso legal con su valor nominal como precio, algo que quien disponga de un TPV puede hacer en cualquier momento y que, de hecho, hace tiempo que ofrecen como servicio algunas cadenas de supermercados como DIA con su propia APP. "Lo que yo tengo es una TPV comercial, no un cajero", anota.

"El bibliobús se utilizó al principio, pero cobraban por sacar dinero"

"El bibliobús se usó al principio, pero no hemos visto que funcione mucho. A la gente no le gusta porque les cobran por sacar dinero", explica Pilar Herrero, que regenta, aunque ahora está de baja tras una operación que le obliga a apoyarse en unas muletas, el bar Lisardo en Matilla de las Cañas del Río, la población salmantina en la que hace unos meses se presentó el servicio de dispensación de dinero que la Diputación charra añadió a su biblioteca itinerante, que pasa una vez al mes por la localidad.

En Matilla (639 habitantes) hay dos oficinas bancarias que abren todos los días aunque solo unas horas, lo que, fuera de esos periodos, abre un abanico de opciones para disponer de dinero en efectivo que va de los 25 kilómetros de Linares a los 30 de Fuentes o los 27 de Salamanca.

"Estamos fatal. El servicio no es el de antes, y eso que es un pueblo con vidilla en el que hay gente joven y 80 niños que van aquí a la escuela hasta que empiezan la ESO en Salamanca. Tienen que centrarse. Lo único que tendrían que hacer es poner un cajero", sostiene Herrero, que anota que "el bibliobús se utiliza mucho pero como biblioteca, en eso va fenomenal".

La alternativa pasa, como en la práctica totalidad del mundo rural, por encargarle la extracción de dinero a alguien de confianza, a quien se le confía la tarjeta o la libreta, como recado cuando se desplaza a otra localidad en la que sí se preste el servicio de expendeduría de moneda por asuntos de trabajo, papeleo, atención médica u ocio.

"Nunca hemos tenido cajero. Si lo pusieran, los mayores, aunque no puedan usarlo, siempre le podrían pedir ayuda a un joven. Sería mejor", resume Pilar Herrero.

Cuando los fondos del Estado no alcanzan para instalar un cajero

El Lidón (Teruel) hay censados 54 vecinos, la mayoría de ellos de edad avanzada, que para ir al cajero más cercano tienen que recorrer los 14,3 kilómetros que les separan de Perales del Alfambra, con Monreal del Campo, a 25, como plan B. Eso, siempre que el primero esté operativo, ya que si la visita al de Monreal se hace porque no funciona el de Perales hay que añadir entre 51 y 61 kilómetros, según la ruta por la que se opte.

Lidón es una de las localidades de la España vacía que ha rechazado la propuesta para instalar un cajero automático que le hizo llegar Correos dentro de un plan de despliegue de ámbito estatal que, entre otros rasgos característicos, tiene también alguno de arrepentimiento por parte de un Estado que a mediados de los 90 decidió desmantelar Caja Postal, cuya red incluía todas las estafetas del país, para incluirla en Argentaria junto con el grueso de su banca pública, privatizarla y convertirla en la "A" de BBVA.

"Los concejales vimos que era inasumible. Nos pedían 850 euros al mes, que son 10.200 al año, y teníamos que buscar un local con cobertura de móvil y encargarnos del suministro eléctrico. Vimos que era inasumible", narra el alcalde, Joaquín Juste, que recuerda cómo, paradójicamente, la tarifa que propone Correos es superior en veinte euros a los fondos que recibe el municipio del PIE (Participación de los Ingresos del Estado).

"No es que lo que más necesita Lidón sea un cajero, y con esos más de 10.000 euros podemos tener un alguacil a media jornada que ayude a mantener el pueblo", señala el alcalde, que recuerda cómo "en el pueblo tenemos servicios porque nos los pagamos", como ocurre con la torre de telefonía, por la que el ayuntamiento paga 200 euros al mes.

El plan de Correos, con el que varias comunidades autónomas están firmando convenios para instalar cajeros en poblaciones de menos de 3.000 habitantes, le supondrá a la empresa pública unos ingresos anuales de más de quince millones de euros si logra colocar los 1.500 dispensadores de billetes que contempla como paquete inicial.

La contraprestación para el consistorio es de veinte céntimos por extracción, lo que para amortizar el coste exige una media de casi 140 operaciones diarias, más de dos por habitante en un pueblo como Lidón.

La opción en Lidón seguirá siendo "trasladarse en un medio de transporte propio quien disponga de él o pedir ayuda a un familiar o un vecino", indica el alcalde, cuyo pueblo se quedó sin servicio financiero cuando, hace unos años, las dos entidades locales que operaban en él dejaron de enviar a los empleados que, una hora por semana, 'pasaban consulta' en un cuarto del local multiservicios.

"A veces se llevaban las libretas una semana para actualizarlas y devolverlas. Había esa confianza", recuerda. Era la época previa a la eclosión de la exclusión financiera en el mundo rural, que sigue avanzando desbocada mientras el sector bancario busca sin éxito una nueva identidad sacudido por la contracción del crédito, especialmente el hipotecario, la digitalización y la aparición de nuevos modelos de negocio.