Hartos de verse "desamparados" y desatendidos por las administraciones, los municipios catalanes de menos de 2.000 habitantes han decidido decir basta y pasar a la acción para intentar revertir o, al menos detener, el despoblamiento que sufren. En un movimiento que recuerda lo sucedido en varias partes del Estado con la España vaciada, el pasado 23 de junio cuatro alcaldes pusieron en marcha un grupo de Whatsapp con el nombre Eines de Repoblament Rural (Herramientas de Repoblación Rural). Ocho meses después, ya suma 507 alcaldes y alcaldesas -lo que supone que integra el 90% de los municipios de menos de 2.000 habitantes de Catalunya-, se ha constituido como grupo de presión en el registro de la Generalitat y acumula una creciente actividad y encuentros con representantes de administraciones supramunicipales para hacerles llegar sus demandas. El suyo es un grito de alerta que reclama pasar de las buenas palabras a los hechos y hacerlo de manera urgente.

"El grupo ha crecido tanto porque hay una necesidad conjunta de sentirse amparado. Los alcaldes y alcaldesas ven una oportunidad para que alguien nos escuche, porque todo el mundo nos da la razón, pero nadie hace nada", explica Jaume Gilabert, alcalde de Montgai (comarca de la Noguera, Lleida) e impulsor y coordinador de Eines. Su municipio ha pasado de unos 800 habitantes hace dos décadas a 655 en la actualidad.

"Todos compartimos problemas: los pueblos envejecen porque los jóvenes se van y no llegan de nuevos, tenemos unos servicios del siglo XX, poca o casi nula oferta de transporte público y, especialmente, un déficit de vivienda", añade Josep Maria Díaz, alcalde de Poboleda, un pequeño pueblo del Priorat (Tarragona) que cuenta con una amplia oferta de bodegas productoras de vino pero sólo suma 328 habitantes, 55 menos que una década atrás. "Las leyes no nos ayudan y, además, las inversiones de la Generalitat en las Terres de l'Ebre y en la Terra Alta cada vez son más pequeñas", remacha Isidro Sampé, alcalde de Vilalba dels Arcs, un municipio de esta última comarca que cuenta con 630 residentes, cuando a principios de siglo superaba los 750.

Gilabert y Díaz son de ERC, la formación que junto a Junts per Catalunya domina en el mundo rural catalán, pero el grupo de trabajo trasciende a las siglas y, de hecho, forman parte de él alcaldes y alcaldesas de todos los partidos, como el único alcalde del PP catalán -Josep Tutasaus, que gobierna Pontons, en el Alt Penedès (Barcelona)-. Sampé, a su vez, encabeza una lista independiente, Units per Vilalba. Aunque ahora mismo no lo contemplan, las fuentes consultadas avisan de que si sus demandas no son escuchadas, no puede descartarse que en un futuro emprendan pasos similares a Teruel Existe o Soria ¡Ya! y articulen movimientos políticos.

Alejada de los grandes titulares y con poca presencia mediática, la existencia de una Catalunya vaciada es una realidad incuestionable, que se acentuará en los próximos años, según diversas proyecciones demográficas. Un estudio de la pasada primavera de la Universitat de Lleida (UdL) , señala que en Catalunya hay 200 municipios -más del 20% del total- en una situación crítica de despoblamiento, concentrados fundamentalmente en las comarcas de Lleida, las Terres de l'Ebre, el interior de las comarcas de Tarragona, el Alto Pirineo y Aran y algunas partes de la Catalunya Central. Un año antes, el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) había estimado que 354 municipios perderán población hasta 2033, algo que será mayoritario entre los de menos de 500 habitantes y que afectará a la mitad de los de entre 500 y 2.000 residentes.

Aunque el primer año de la pandemia comportó un pequeño cambio de tendencia -con un ligero traslado de población hacia el Pirineo y territorios del interior-, en la última década varias comarcas acumulan una despoblamiento importante, del 10,7% en la Terra Alta, del 9,3% en el Alt Urgell, del 8,8 % en el Pallars Jussà, del 7,5% tanto en el Priorat como en la Ribera d'Ebre, del 6,4% en la Alta Ribagorça o del 5,5% en la Conca de Barberà, entre otras.

Un Estatuto que blinde a los municipios rurales

"Como herramienta fundamental lo que reclamamos es la aprobación [en el Parlament] del Estatuto del Municipio Rural, una herramienta legislativa que nos ampare y que tendría un rango superior de modo que cada ley o decreto que se aprobara deberían pasar por su filtro para garantizar que no van en contra del mundo rural", detalla Jaume Gilabert. Un estatuto de este tipo ya existe en territorios como Castilla la Mancha y País Vasco y, fundamentalmente, busca garantizar las especificidades de los pueblos pequeños en la elaboración de leyes ya que actualmente, denuncian, las normativas se hacen sólo teniendo en cuenta el mundo urbano. "Necesitamos este amparo legislativo, porque no podemos estar a merced de si el gobierno de turno tiene más o menos sensibilidad. Llevamos décadas de abandono y de desprecio del mundo rural", añade el coordinador de Eines.

En este sentido, los alcaldes de los municipios pequeños dejan claro que su gran demanda es justamente ésta, que les doten "de herramientas normativas" adaptadas a su realidad "que nos permitan vivir". No es tanto una cuestión de dinero, más allá de pedir tener "las mismas inversiones que en el resto del territorio". Díaz, por ejemplo, recalca que deben asumir la misma "burocracia" que una ciudad urbana, cuando su personal municipal es muy reducido. En Poboleda el Ayuntamiento sólo tiene dos personas contratadas.

A pesar de la progresiva expansión de la fibra -en parte, gracias a un proyecto de la Generalitat- ésta todavía no llega a todo el territorio -en Montgai, por ejemplo, todavía no existe-, y en los casos más extremos encontramos pueblos sin ni siquiera conexión telefónica. Aparte se suma la poca disponibilidad de servicios públicos -como sanidad o educación- que a menudo obligan a desplazarse a núcleos más poblados casi siempre en transporte privado, frente a la pésima oferta pública. Lo resume el caso de Poboleda, tal y como lo expone su alcalde, Josep Maria Díaz: "sólo tenemos tres horas a la semana de médico, el resto debes desplazarte al CAP de Cornudella del Montsant [a 10 km] o a Reus [a unos 35 km, lo que supone unos 40 minutos en coche]. Además, sólo tenemos un bus por la mañana y otro por la tarde", detalla.

Un acceso a la vivienda muy difícil

Sin embargo, el gran caballo de batalla compartido seguramente son los problemas de acceso a la vivienda, que responden a varias razones, como la negativa de los propietarios a poner en alquiler o vender las casas vacías -a menudo abundantes en estos municipios-, la práctica nula capacidad de los consistorios para incentivar su arrendamiento, las restricciones urbanísticas que dificultan construir o los pocos recursos de los propios ayuntamientos para comprar, rehabilitar o promover directamente viviendas. "La vivienda es un tema que nos ha machacado. Con la Ley de urbanismo [prácticamente] no se permitía edificar en ninguna parte y para impedir aberraciones que se hicieron en la costa y en zonas metropolitanas pagamos justos por pecadores"; apunta Gilabert.

Sin embargo, el alcalde de Montgai añade que la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de este año incorpora modificaciones en urbanismo que flexibilizan algunas de estas restricciones, que limitaban las opciones de los municipios rurales de ampliar su parque de viviendas. Sin embargo, Gilabert también reclama cambiar otras cuestiones, como eliminar la exención del posible recargo del IBI a los propietarios de viviendas vacías en municipios que se están despoblando. Y a esto se añade el fenómeno de las segundas residencias, que acaba encareciendo el precio de la vivienda y dificultando que puedan acceder las personas que quieren vivir todo el año en un municipio rural. En este sentido, tanto en Montgai como en Poboleda aseguran tener "trabajo" y gente interesada en ir a vivir al pueblo, pero el problema es que no pueden dar salida a esta demanda.

Isidro Sampé suma la ley de contratación pública, porque cada vez más obliga a sacar a concurso público el grueso de licitaciones, una medida gestada para luchar contra una posible corrupción pero que en pueblos pequeños acaba provocando que muchas adjudicaciones acaben en manos de grandes empresas "de fuera", en detrimento de las locales, lo que dificulta la generación de empleo arraigado en el territorio.

Reunión inminente con Vilagrà

A pesar de afirmar que "ningún partido" se preocupa de la ruralidad, Gilabert matiza que "en el actual Govern hay una cierta sensibilidad hacia el tema y una cierta predisposición a cambiar cosas". Más allá de los cambios mencionados en la Ley de urbanismo, comenta que el próximo 3 de marzo Eines de Repoblament Rural se reunirá con la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, para tratar sus demandas. Sin embargo, los alcaldes esperan que se pase de las buenas palabras a los hechos, porque "hasta ahora nadie se ha preocupado de equilibrar este país y de garantizar los derechos a todo el mundo viva donde viva". Gilabert, concluye que si no se actúa "en los próximos 10 años una parte importante de los pueblos de Catalunya desaparecerán porque la gente que vive allí se está muriendo".

Díaz y Sampé comparten ese temor a la "muerte" de los pueblos pequeños si no se toman medidas, porque también hay casos de comarcas que globalmente ganan población pero ésta cada vez más se concentra en la capital, mientras los pequeños núcleos se vacían. "Nos hemos juntado para ganar fuerza y ver si así nos hacen caso", subraya el alcalde de Poboleda, porque "tenemos que buscar las soluciones nosotros y defender a nuestros pueblos, si no lo hacemos, estamos colgados". Todos demuestran un malestar que irá a más si el Estado y, sobre todo, la Generalitat no les escuchan.