España y Portugal han conseguido este martes un acuerdo con la Comisión Europea para desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica y contener la escalada del precio de la luz. Los dos países habían propuesto un tope máximo del precio gasista de 30 euros MW/h, pero el acuerdo finalmente se ha sellado, a falta de perfilarse algunas cuestiones técnicas, en 50 euros MW/h, aunque el límite arrancará primero en los 40 euros MW/h.

El periodo de aplicación de esta medida será de doce meses, hasta el final del próximo invierno, y afectará a todos los consumidores y especialmente al 40% de los hogares españoles que disponen de una tarifa regulada eléctrica.

La decisión ha sido anunciada por la vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y por su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, tras una reunión de urgencia con Margrethe Vestager, la titular comunitaria de Competencia. "Hay un acuerdo político", ha dicho la dirigente española.

Se consolida así el plan de impulsar la isla energética ibérica. El territorio peninsular se presenta como una excepción dentro del mercado europeo energético, pues apenas tiene interconexiones con el resto de Europa y tiene una elevada cuota de energías renovables.

Ribera ha explicado a los medios que espera perfilar en los próximos días algunos asuntos técnicos con el resto de países de la Comisión Europea, de tal forma que el acuerdo pueda aprobarse en el Consejo de Ministros de la próxima semana y entrar en vigor de inmediato.

"La idea es que pase por el Consejo de Ministros de la próxima semana y se aplique en la factura de mayo. Las bajas interconexiones y la alta presencia de renovables hacía que fuera necesario este acuerdo", ha expuesto al vicepresidenta española.

Uno de los elementos sensibles del acuerdo tiene que ver con las interconexiones eléctricas con Francia. Es decir, cómo evitar que la regulación en el precio beneficie a los galos. España y Portugal habían propuesto una doble casación, de tal forma que hubiera un precio energético topado en el territorio peninsular y otro ligado al mercado único europeo que marcase los precios de las conexiones más allá de los Pirineos.