La recientemente anunciada oferta pública de adquisición de acciones (OPA) del fondo australiano IFM Global Infrastructure sobre el 22,69% de Naturgy supondrá (en el caso de que prospere) un nuevo paso hacia la internacionalización de la propiedad de las grandes compañías eléctricas españolas, que ya tienen buena parte de su capital social en manos extranjeras.

La OPA de IFM es de carácter amistoso y contempla un desembolso de 5.060 millones, a razón de 23 euros por acción, lo que equivale a una prima del 28,9% sobre el precio medio ponderado de los títulos de Naturgy durante los últimos seis meses, del 22,7% durante los últimos tres y del 19,7% respecto a la cotización del día previo al anuncio, es decir, del 25 de enero.

La operación está condicionada a su aceptación por los propietarios de al menos un 17% del capital y a la pertinente autorización del Consejo de Ministros, que en 2020, coincidiendo con el auge de la pandemia, se reservó el derecho a vetar la compra por inversores extranjeros de más de un 10% de las empresas españolas pertenecientes a sectores estratégicos.

Con la entrada de IFM, que es uno de los grandes gestores globales de infraestructuras, con 90.000 millones de inversión en todo del mundo, Naturgy tendría un nuevo primer accionista, que arrebataría esa condición a Criteria, el holding de participadas del grupo La Caixa, poseedor hasta ahora del 24,8% del capital, cuya venta a los australianos no está descartada de momento.

Tampoco ha desvelado todavía sus intenciones la empresa de producción, transporte y comercialización de hidrocarburos Sonatrach, que tiene en un 4,1% de Naturgy y un acuerdo a largo plazo de suministro de gas procedente de su país, Argelia, principal proveedor de ese producto a España.

Los otros dos socios significativos de Naturgy, ambos titulares de algo más del 20% de capital, Global Infrastructure Partners (GIP), con sede en Nueva York, y Rioja Bidco Shareholdings, controlado por el fondo británico CVC y por la familia March, sí han expresado su propósito de no acudir a la opa, aunque la apoyan y están dispuestos a defender la entrada de representantes de IFM en el consejo.

La futura presencia de este gestor global de infraestructura en una de las principales compañías eléctricas españolas no constituye, en realidad, ninguna novedad, ya que la mayoría de los competidores de Naturgy también cuentan con accionistas extranjeros, algunos de ellos con un peso nada desdeñable.

El caso más destacado es el de la antigua empresa estatal Endesa, que formó parte de la oleada de privatizaciones llevada a cabo en los años noventa por los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar y que en 2009, después de numerosas peripecias, pasó a estar en la órbita de la semipública italiana Enel, que controla más del 70% de su capital, mientras que el resto permanece en Bolsa.

Iberdrola, el líder del sector eléctrico, tiene igualmente accionistas extranjeros con participaciones significativas; en concreto, tres: el fondo soberano Qatar Investment Authority, con el 8,7%; el gigante mundial BlackRock, con el 5,2%, y el brazo inversor del banco central de Noruega, Norges Bank, con el 3,4%. Ninguna entidad o persona física española tiene en su poder más del 3% de Iberdrola.

BlackRock, cuyos intereses en la Bolsa son múltiples, incluidos prácticamente todos los bancos pertenecientes al Ibex, figura también en el accionariado de Red Eléctrica Corporación (3%), aunque el control lo ejerce la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de un 20% del capital.