El fiscal coordinador autonómico en materia civil de Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, no ha tardado ni 24 horas en iniciar la investigación sobre posibles “abusos” en la fijación de tarifas de la luz que ha denunciado IU.

La Fiscalía Superior de Andalucía le remitía el caso a Urbaneja ayer martes, y este mismo miércoles, el fiscal ha remitido un escrito al ministro de Energía, Álvaro Nadal (a la Secretaría de Estado de Energía), y a la Comisión Nacional del Mercados y de la Competencia (CNMC) solicitándoles que le detallen cómo se calculan los precios de la luz en España (la parte regulada de la factura y la parte liberalizada) y las “las razones que han motivado la severa subida de la luz en reciente periodo de altísima demanda (enero 2017)”.

El fiscal advierte a las autoridades de que el objeto de su investigación es determinar si las compañías eléctricas incurrieron en un delito civil en la fijación de tarifas “abusivas”, vulnerando la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. También reclama el nombre de todas las compañías eléctricas que participan en el mercado energético, como paso previo a interponer demanda contra ellas si detecta las “prácticas fraudulentas” que denuncia IU en su escrito.

Hasta aquí, el arranque de una investigación judicial es el habitual, señalan fuentes conocedoras del caso, porque el primer paso es siempre requerir información a los actores implicados en la demanda. Pero esta vez el fiscal va más allá y, en el mismo escrito, comunica al ministro que su investigación también tratará de “determinar si la normativa aplicada en este caso pudiera ser contraria a la legislación, principios y directrices de la Unión Europea en materia de protección de consumidores”. Este punto del escrito es determinante.

Santos Urbaneja es un profundo conocedor del derecho de los consumidores, con una larga experiencia en el campo, y un amplio conocimiento de la legislación europea al respecto. Fue el primer fiscal en España y en Europa que puso una demanda de acción colectiva contra Gas Natural Andalucía que llevó a un juez de la Audiencia de Córdoba a ordenar la devolución de parte del dinero indebidamente cobrado en la factura de la luz a unos 250.000 clientes. Cuando le plantea al ministro dudas sobre si la norma española para fijar los precios de la electricidad puede chirriar con la legislación europea en materia de protección a los consumidores, es porque conoce de antemano esas contradicciones. Las ha estudiado, las ha denunciado públicamente.

No es la primera vez que Urbaneja plantea que la solución al abuso de los precios de la luz está en manos del Ejecutivo. “Cuando hay un abuso, quien tiene que corregirlo es el Gobierno y si quiere lo hace. A primeros de año cuando querían las eléctricas subirnos el 21%, saca un decreto y dice no. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es intervenir directamente y corregir ese abuso. Hacer que funcionen las comisiones nacionales, que para mí han sido las principales culpables de todos los males. Si está la Comisión Nacional de la Energía, de la Competencia… oiga, ustedes tienen que vigilar y tienen que poder sancionar y no simplemente decir que esto pasó y que vayan a los tribunales. Los tribunales no podemos más, no lo podemos asumir”, explicó en una reciente entrevista.

Ahora, su investigación apunta en el mismo sentido, reclamando desde ya al ministro “posibles sistemas alternativos o modificaciones tendentes a salvaguardar los intereses de los consumidores, especialmente de los más vulnerables por razón de edad y recursos económicos”, reza el escrito.

La coalición de izquierdas presentó el pasado 20 de enero un escrito ante la Fiscalía de Sevilla solicitando la apertura de una investigación en torno a los incrementos de precios registrados en plena ola de frío en el mercado energético como consecuencia del bajo nivel de funcionamiento de las centrales de gas de ciclo combinado. IU también proponía una segunda vía de investigación, al denunciar una “deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas” que podría “incumplir con sus obligaciones de garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas”.