Las eléctricas captan a 2,5 millones de clientes para sus tarifas desreguladas con la escalada del precio de la luz
La reforma que Europa le exige a España para mejorar la protección de los consumidores vulnerables lleva dos años deambulando por los circuitos de la burocracia.
Zaragoza--Actualizado a
La crisis energética internacional ha llevado a cerrar un año con cifras récord en lo referente a los cambios de comercializador, con 6,4 millones en electricidad y 1,5 en gas frente a los cinco y uno del ejercicio anterior, en el que el volumen de esos tránsitos ya había comenzado a aumentar como consecuencia de la escalada de precios de la energía.
Los datos son de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que analiza esos cambios de comercializador en un reciente informe en el que queda reflejada la magnitud de la fuga de hogares desde la tarifa regulada o de último recurso (TUR), diseñada para los consumidores más vulnerables. Esta alternativa fue la más afectada por el alza de precios al estar vinculada con el disparatado sistema de subastas horarias. Los consumidores se han inclinado por transitar hacia un mercado libre en el que, aunque la apariencia es de pactos entre iguales, son las compañías quienes en la práctica ponen las condiciones de los contratos.
El número de abonados del mercado libre aumentó en casi 2,5 millones en los dos primeros años de la "tormenta energética", desde comienzos de 2021 hasta finales de 2022, periodo en el que su cifra global creció de 18,9 a 21,39 millones y en el que, de manera simultánea, el regulado perdía 2,15. Eso significa que las compañías eléctricas captaron en ese bienio a 280.000 nuevos usuarios, hogares en su mayoría y, en menor medida, industrias y comercios. Las empresas se quedaron con más de la quinta parte (23%) de los que recibían su suministro con las condiciones del mercado regulado.
"Los movimientos del mercado regulado al libre han sido del 40% en el sector eléctrico en el primer trimestre de 2022", señala el informe. Es decir, que dos de cada cinco cambios de compañía afectan no sólo a la firma sino también al sistema, unas tasas desconocidas desde la liberalización del mercado eléctrico en los años 90. Con el suministro de gas está ocurriendo justo lo contrario, ya que sólo a lo largo de 2022 tuvieron lugar casi 600.000 cambios en sentido inverso, de las tarifas privadas a la regulada, en un mercado de ocho millones de usuarios que llevaba cuatro años estabilizado.
Las tarifas del mercado libre pierden atractivo
¿A qué se deben esas diferencias de comportamiento entre los consumidores en función del tipo de energía? Básicamente, responden a los efectos que estos esperan obtener con sus movimientos, ya que mientras hace meses que la tarifa regulada del gas resulta menos gravosa que cualquiera de las libres, especialmente en la fase de mayor carestía al socaire de la guerra de Ucrania, durante buena parte del año pasado y del anterior ocurría lo contrario en el caso de la electricidad.
El precio final medio de las tarifas reguladas prácticamente se triplicó entre 2020 y 2021 al pasar el kWh de 4,039 a 11,869 céntimos para estar cerca de duplicarse en 2022 al alcanzar los 20,426, es decir, se quintuplicó en dos años según los datos del OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad.
En esa etapa, mientras el Gobierno iba tomando medidas generales como la rebaja de los impuestos de la electricidad, que ha permitido a las familiar ahorrar más de 8.000 millones de euros, y la excepción ibérica u otras específicas que afectaban a la tarifa regulada o PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), resultaba atractiva la estabilidad que aparentemente ofrecían los contratos del mercado libre, cuyas condiciones sólo se revisan cuando finalizan sus 12 o 24 meses de vigencia.
Aunque eso ya no ocurre. Según los datos del comparador Selectra, las tarifas menos gravosas del mercado libre ofrecían esta semana la electricidad a entre 13,6 y 20,9 céntimos el kWh para suministros de precio estable; de 10,6 a 14,1 en horario valle y de 18 a 22,16 en punta para los de tarificación horaria. Mientras, el coste medio de la energía en la TUR o PVPC cayó de 14,294 a 8,84 de febrero a abril.
"Van a intentar tomarnos el pelo"
"Muchos hogares se fueron al mercado libre aprovechando la coyuntura de que cuando se produjeron las grandísimas subidas de precios, sobre todo las del año pasado, las compañías eléctricas salieron con ofertas por debajo de la tarifa regulada", explica Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua.
Esas ofertas tenían como objetivo "intentar captar un mercado cautivo de clientes que ya se quedaran a largo plazo", añade, aunque "a día de hoy esos usuarios podrían valorar volver al PVPC en muchos casos, porque puede que estén pagando tarifas más elevadas". En este sentido, Sánchez destaca que "de hecho, hemos encontrado clientes que se pasaron al mercado libre a precios inferiores a los del PVPC pero a los que, cuando se actualizaron los contratos, les han aplicado subidas tan brutales que no es que sean más caras que el PVPC, es que son incluso más caras que las ofertas que las propias compañías hacen a los nuevos clientes".
En esas situaciones, el portavoz de Facua recomienda "cambiar de operador y volver al PVPC o a otra oferta del mercado libre por debajo" de esos precios. De manera generalizada, Sánchez pide "plantearse siempre que nos actualicen una tarifa la posibilidad de que nos estén tomando el pelo, porque saben que un porcentaje muy elevado de clientes no se preocupa de mirar la nueva tarifa o de analizar en qué consiste".
La reforma del PVPC que no acaba de llegar
Al puzle del mercado eléctrico para los consumidores domésticos le falta una pieza: la reforma del PVPC, en la que el Gobierno lleva casi dos años trabajando sin haber acabado de ponerla en marcha. "Está en tramitación", confirma un portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.
"La reforma del PVPC tiene que ser radical, no puede ser un mero parche como los que se han ido dando en España en los últimos años con los sucesivos gobiernos", expone Rubén Sánchez, quien considera que retirar la energía hidráulica y la nuclear de las subastas sería "una medida contundente que podría ayudar a recortar precios", aunque Bruselas no ve con buenos ojos esa posibilidad que en su día deslizó Ribera.
"La evolución de los precios de la energía de los últimos meses ha motivado una reflexión sobre su configuración, puesto que traslada íntegra y rápidamente las oscilaciones del mercado mayorista a hogares y pymes", señalaba el Ministerio de Transición Ecológica en el comunicado con el que en octubre de 2021 lanzaba la consulta pública para tramitar la reforma del PVPC. En ese texto advertía de que "esta mayor volatilidad puede acentuarse según la transición energética" por la sucesión de períodos "con precios bajos por un mayor peso de generación renovable", con otros "elevados por la presencia de centrales con mayores costes variables, como los ciclos combinados de gas natural".
Sin embargo, a fecha de hoy siguen siendo una incógnita los contenidos que el ministerio de Ribera pretende incluir en esa reforma de la tarifa de último recurso, de la que en la actualidad no pueden desvincularse quienes disfrutan del bono social y a la que no pueden acceder para sus tramos de consumo de la red quienes reciben parte de su suministro de instalaciones de autoconsumo.
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