El ‘efecto Marchena’: la sentencia del procés disparó las cifras de conflictividad laboral en 2019

La movilización social que se registró en Catalunya tras la sentencia condenatoria contra los líderes independentistas, hecha pública por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en octubre de 2019, disparó las cifras de conflictividad laboral de ese año, según los datos que obran en poder del Ministerio de Trabajo.

Entre enero y diciembre, un total de 644.476 asalariados secundaron algún tipo de huelga en España, es decir, 127.239 más (un 19%) que durante 2018. De esos 644.476, la inmensa mayoría (503.551) lo hicieron en respuesta a las diversas convocatorias de huelga general y sólo 140.925 como consecuencia de huelgas ordinarias.

A su vez, del algo más de medio millón de trabajadores que se sumaron a alguna huelga general en 2019, casi la mitad (244.503) estaban en Catalunya. La segunda comunidad con una cifra más alta de seguimiento de este tipo movilizaciones fue Madrid, aunque a mucha distancia (67.786 trabajadores), siempre según datos del Ministerio.

Por lo que se refiere a las huelgas de carácter ordinario, es decir, las que obedecen a razones estrictamente laborales, la mayor conflictividad se dio en el País Vasco, donde se sumaron a ellas 40.592 trabajadores. Los siguientes puestos fueron para Catalunya (23.159) y la Comunidad de Madrid (22.903).

La desproporción de 2019 entre la incidencia de las huelgas generales y las de motivación laboral no es frecuente. Hay que remontarse a 2012, el año de la reforma laboral del PP, para encontrar en las estadísticas laborales un fenómeno parecido, ya que casi 1,3 millones de trabajadores secundaron las huelgas generales convocadas entonces.

El resto de la serie muestra datos significativamente menores, que oscilan entre los 106.696 trabajadores de 2013 y los 371.213 de 2018, e incluso hay tres ejercicios (los de 2014, 2015 y 2016) en los que el Ministerio no registra ningún dato a este respecto.

El seguimiento de las huelgas ordinarias también experimentó notables altibajos entre 2012 y 2019: de situarse en el entorno de los 200.000 trabajadores, pasó a menos de 80.000 en 2014 y 2015, y a partir de este momento inició una remontada que le llevó a alcanzar la cifra de 146.024 en 2018. El año pasado, no obstante, disminuyó ligeramente, hasta los 140.925 participantes.

El impacto económico de la conflictividad laboral, en términos de jornadas de trabajo perdidas, no refleja una brecha de la misma magnitud que cuando se toma como referencia el número de personas que secundaron los dos tipos de huelgas, ya que las ordinarias suelen durar más que las generales, normalmente de un solo día.

En 2019, las primeras conllevaron la pérdida de 319.104 jornadas de trabajo y las segundas, de 441.328, a razón de 2,2 y 0,9 días por participante, respectivamente.