La Policía Nacional detuvo el pasado 17 de agosto al dueño de una empresa ubicada en Zamudio (Bizkaia) por explotar laboralmente a sus trabajadores, a los que, en ocasiones, les obligaba a hacer lo que él denominaba "maratón": trabajar durante 26 horas seguidas. 

La operación, que se ha desarrollado de manera conjunta por agentes del Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao y funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia, comenzó cuando, días previos, varios trabajadores de la empresa denunciaron voluntariamente en la Comisaría de la Policía Nacional de Bilbao que estaban siendo explotados laboralmente por su empleador. 

Además, los trabajadores explicaron a la policía que, al no tener tener permiso de residencia, su jefe no les había formalizado contrato alguno y percibían un sueldo de 5 euros por hora efectiva de trabajo. También denunciaron que, cuando sufrían algún accidente laboral como consecuencia de su trabajo y necesitaban acudir a los servicios médicos, el dueño les obligaba a no mencionar ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones. 

En su declaración explicaron que, ocasionalmente, su jefe les obligaba a realizar lo que él denominaba una "maratón": trabajar desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana del día siguiente, teniendo solo una hora libre para comer mientras permanecían toda la noche encerrados en las instalaciones de la empresa. 

Tras comprobar la gravedad y veracidad de los hechos narrados por estas víctimas, los investigadores les concedieron el carácter de testigos protegidos. 

Una posible sanción económica de 70.000 euros

Debido a las declaraciones de los trabajadores, agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbao y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia inspeccionaron la empresa, en cuyo interior identificaron a un total de ocho trabajadores, de los cuales cuatro estaban sin permiso de residencia ni contrato de trabajo, por lo que detuvieron al empresario que regenta el negocio.  

Finalmente, el empresario ha quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales y con la obligación de presentarse ante el juzgado que instruye la causa. 

Se le acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, enfrentándose, además, a una posible sanción económica de más de 70.000 euros por infringir la legislación en materia laboral y de Seguridad Social.