La vivienda ha entrado de lleno en campaña electoral. Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, se ha erigido como uno de los principales temas de disputa entre los partidos. Con los precios del alquiler en máximos históricos en Catalunya, en las últimas semanas han proliferado grandes anuncios: Pedro Sánchez proclamó la ampliación del parque público con 93.000 viviendas y Pere Aragonès también informaba de que la Generalitat construirá 10.000 viviendas de alquiler asequible. Mientras, el Observatori DESC alertaba que de aquí a 2030 se perderán la mitad de las que hay ahora. Esto se suma al reciente acuerdo por la Ley de Vivienda, encallada en el Congreso desde hace más de un año.

El tema entra en campaña porque el acceso a la vivienda cada vez es más difícil y afecta a más gente. La financiarización de la economía y la entrada masiva de los fondos buitre en este mercado han contribuido al empeoramiento de una situación ya crítica desde la crisis de las hipotecas.

Barcelona es el epicentro de buena parte de las prácticas especulativas en Catalunya, pero la mancha de aceite se va esparciendo y afecta de manera especial a los municipios vecinos. Es el caso de L'Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad más poblada de Catalunya -con 265.000 habitantes-, donde existe un pulso entre las transformaciones urbanísticas y la construcción de nuevas viviendas y los desahucios casi diarios.

Renovar el alquiler social al doble de precio

Rafa ha vivido estos cambios en el mercado de la vivienda en carne propia. Vecino de Bellvitge, ahora vive en un piso de un fondo buitre que accedió a hacerle un alquiler social. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está luchando para que se lo renueven: "El contrato se me acabó en pandemia y no me decían nada. Hace poco me dijeron que me lo renovaban por 950 euros al mes, cuando yo estoy ahora pagando 400", lamenta.

Este activista lleva más de 30 años viviendo en el mismo piso, en uno de los bloques icónicos de L'Hospitalet, en el barrio de Bellvitge. Todo ha cambiado desde que lo compró, en 1990, y en dos años ya lo tenía pagado, tal y como recuerda con una sonrisa. Durante la crisis del 2008, tras ser víctima de una estafa, se lo embargaron: "Me obligaron a hipotecarme para pagar la deuda. Pero la cuota era tan alta que sólo pude pagar tres meses".

En ese momento, el piso se lo quedó el banco, que luego lo vendería a un fondo buitre, como ha ocurrido con buena parte de las viviendas que se quedó la Sareb, el banco malo.

Su caso es sólo uno de miles en una ciudad que en los últimos años ha visto cómo se acentuaba la turistificación y la construcción de promociones de viviendas de lujo mientras se produce prácticamente un desahucio al día. "Nos encontramos con gente muy precaria, al límite, cada vez más en situación de empleo. La vivienda es una de las principales vulnerabilidades", explican fuentes de la PAH. Ocupar pisos de bancos o fondos de inversión se convierte en la única salida para vivir en un piso, sobre todo para familias monomarentales con pocos ingresos, añaden.

Pisos de protección oficial por 300.000 euros

Esta realidad convive con la construcción de viviendas nuevas en diferentes zonas de la ciudad. Uno de los proyectos más contestados es el levantamiento de hasta 32 bloques en torno a la fábrica de Cosme Toda, en el barrio de Sant Josep, con 1.400 pisos. Se trata de viviendas en distintos regímenes, pero las de protección oficial están a la venta por precios que oscilan entre los 250.000 y los 300.000 euros.

"Hablamos de un barrio obrero, de toda la vida. La fábrica queda en medio y casi ni se ve", lamenta Santi, miembro del Sindicat de Llogateres de la ciudad. Además, se trata de un proyecto polémico porque según distintos informes supera en un 30% la edificación permitida.

Hace años que plataformas como No més blocs y Un altre Hospitalet és possible reclaman "frenar la lógica de la construcción" imperando en el municipio. No es un caso exclusivo de Cosme Toda. Las grúas son habituales de hace años en el barrio de Santa Eulalia, sobre todo en torno a la plaza Europa: "Nos estamos convirtiendo en una extensión de Barcelona, el pasado obrero de la ciudad queda atrás", denuncia Santi.

También ha habido mucha oposición vecinal al conocido como Plan Director Urbanístico (PDU) Biopol, un gran proyecto situado en Gran Vía que aspira a ser un polo de investigación biomédico y que implica también la edificación de miles de metros cuadrados.

En declaraciones a Público, el Ayuntamiento afirma: "No podemos hablar de vivienda de lujo como tal en la ciudad de L'Hospitalet, pero sí hay un crecimiento de vivienda nueva en los últimos 15 años, sobre todo de protección oficial". Sin embargo, las entidades reclaman que se garantice un mínimo de vivienda social de alquiler y denuncian que a pesar de tener el espacio, no se está haciendo.

Proliferan los pisos turísticos en la ciudad

Todo esto se suma a una turistificación que se ha acelerado a raíz de la pandemia y las regulaciones imperantes en la capital, que no existen en el municipio. "Paseas y es como si fuera el Paseo de Gracia, lleno de maletas", apunta Santi. Antes los pisos turísticos se concentraban en las zonas limítrofes con Barcelona, sobre todo alrededor del Camp Nou, como Collblanc, la carretera de Sants y Torrassa. Pero después de la pandemia, se han expandido también al centro y sur del municipio.

Otros municipios fronterizos con Barcelona, como Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Adrià del Besòs, también lo están viviendo. Otros como Sant Just Desvern, Cornellà de Llobregat y Esplugues también experimentan encarecimientos del precio de la vivienda: "En todas partes donde hay metro y buenas comunicaciones ocurre lo mismo", señala el activista.

El precio medio de la vivienda de alquiler es de 1.077 euros en Barcelona, frente a los 770 de L'Hospitalet, los 864 en Sant Adrià y los 839 en Badalona, según datos del Incasòl correspondientes al cuarto trimestre de 2022. Los vecinos de la segunda ciudad de Catalunya que se ven obligados a irse tienen que hacerlo más allá del área metropolitana, con precios más asequibles, explica Santi. Por ejemplo, hacia Olesa de Montserrat o Manresa, con precios de 655 euros al mes o 525 de media, respectivamente. "Cuando se acaba el contrato, te pueden pedir el doble. Porque hay mercado", denuncia.

La ley catalana 24/2015, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad, ha sido uno de los principales instrumentos del movimiento por la vivienda para frenar expulsiones en toda Catalunya. Sin embargo, reconocen que no todos lo aceptan y tampoco todos los jueces la hacen cumplir. "Los fondos ceden cuando son pisos invendibles, pequeños, apartados o con humedades", resume Santi.

Sin recursos de emergencia

Ante esta situación, las entidades lamentan la falta de atención del Ayuntamiento. Hace meses denunciaron que los servicios sociales están saturados y no atienden a las familias vulnerables. También señalan la falta de realojamiento en caso de desahucio, lo que agrava la vulnerabilidad de familias en una situación muy complicada. En el Sindicat de Llogateres se han encontrado casos de familias monomarentales a las que acceden a pagar una habitación, pero buscándola ellas mismas y adelantando el dinero.

En declaraciones a Público, el Ayuntamiento explica que el único alojamiento alternativo provisional es el albergue del municipio. También informa que desde 2014 han ayudado a 683 familias a pagar deudas de la vivienda, lo que supone unos 75 hogares al año.

La mesa de emergencia tampoco ofrece respuesta. Las disfunciones en su gestión denunciadas por las entidades, como la falta de una persona responsable fija o que no se informe correctamente de su existencia a los afectados, se suman a una larga espera. Hay 198 familias en cola, aunque el Ayuntamiento afirma no funcionar con lista de espera porque la adjudicación se inicia cuando hay un piso disponible. "Con los desahucios en Hospitalet vamos al límite", lamenta la PAH.