La dependencia de los combustibles fósiles, el gas y el petróleo le está saliendo muy cara a la economía española, a la que el año pasado le provocó un déficit comercial de mil millones semanales. En la primera mitad de este se mantiene en torno a los 650, unos niveles que no se habían dado antes.

El déficit o superávit comercial es la diferencia entre el valor de las mercancías exportadas y las importadas en un periodo de tiempo que suele ser un año, con un saldo que se considera favorable si se vende/exporta al exterior más que se le compra/importa.

En el caso de España, el desmesurado aumento de precios que el año pasado experimentaron tanto el petróleo y sus derivados -como el gas y los suyos, con cotizaciones por encima de los 125 dólares el barril en el primer caso con la ola especulativa surgida al socaire de la guerra de Ucrania-, disparó por encima de los 29.000 millones de euros la factura comercial de esta fuente de energía, con importaciones por 58.161 y exportaciones, principalmente tras su refino, por 29.048.

No obstante, no todo se debe a los precios, ya que el elevado volumen de ese tipo de combustibles que se consume en España (más de 65.000 toneladas anuales), de intensos efectos ambientales al provocar la emisión de gases de efecto invernadero, se sitúa como la otra parte fundamental de la ecuación que da lugar a la factura económica.

Esos 29.113 millones de euros de descuadre, a los que entre enero y junio de este año se añadieron otros 10.289 tras una acusada caída de las cotizaciones, marcaron un hito en la historia comercial de España, según indican los informes de Comercio Exterior del Ministerio de Industria.

Los registros del gas fueron algo menos abultados, aunque también marcaron un récord en vísperas de que, salvo sorpresa, este año se produzca la segunda marca negativa desde que hay datos, con un déficit de 24.190 millones en 2022 y otro de 6.830 de enero a junio de 2023.

La suma de esos dos descuadres, apenas paliada por la salida del saldo deficitario de la electricidad con su histórico aumento de las exportaciones del año pasado, dispara el saldo comercial energético de España a -52.616 millones de euros el año pasado y a -16.704 en la primera mitad de este.

Esas magnitudes equivalen a un 77% del total (-68.112) en el primer caso y llegan a superar el balance nacional completo (-16.420) en el segundo. Unos datos que apuntan al elevado grado de dependencia, y a la desventaja competitiva que conlleva, que el sistema productivo español mantiene sobre la energía de fuentes fósiles.

Se trata de un factor que en las áreas de mayor actividad económica afecta especialmente también al sistema eléctrico, al que el discurso oficial señala como palanca para la descarbonización.

No obstante, un déficit comercial de esa magnitud no se debe únicamente a la faceta energética, sino que también incluye aspectos como el empeoramiento de los saldos en apartados como las manufacturas de consumo, principalmente las textiles, y como los bienes de equipo, con un peso destacado para los equipos de telecomunicaciones.

El saldo negativo de estos creció entre 2019 y 2022 en más de 2.500 y en casi 4.500 millones de euros, respectivamente, a lo que se une el estancamiento de la aportación del sector agroalimentario, cuyas producciones comienzan a acusar las consecuencias del cambio climático.

En cualquier caso, la factura económica del petróleo y el gas con las actuales condiciones del mercado, a las que se le suman las previsiones de encarecimiento de combustibles como el diésel a medio plazo, se presenta como otro factor que presiona a favor de los procesos de descarbonización del sistema productivo español. Otra cosa es hasta qué punto puedan o vayan a llegar.

"Históricamente, el déficit de España con el petróleo se ha movido en el entorno de los 20.000 millones de euros, y ahora se ha sumado el gas que apenas generaba déficit", señala Antoni Turiel, investigador del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) especializado en asuntos energéticos y crítico con el modelo de transición energética que se está planteando en España.

"Pensar en una transición a un modelo energético sin fuentes fósiles no tiene pies ni cabeza, no es posible técnicamente", anota el investigador, para quien "la electrificación es una parte de la solución, pero hay que hacer más cosas y es necesario aprovechar de otra manera las fuentes renovables. Va a haber sustitución, pero no va a ser total. Se trata de consumir menos y de producir de una manera más eficiente".

"Estaba claro que nos dirigíamos a un récord de déficit comercial, y en 2023 va a haber una evolución similar", anota Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, quien destaca que, "además, la evolución de los precios, con encarecimientos del 80% en el petróleo y del 200% en el gas, indica que han dejado de tener la correlación que siempre habían tenido y que evolucionan de manera independiente".

Cuando familias subvencionan la luz del país vecino

En ese escenario, el sistema eléctrico ofreció una curiosa evolución con un récord de exportaciones de 19.841 Gw.h (Gigawatios.hora, millones de Kilowatios) que colocó en una situación de superávit el balance tradicionalmente deficitario de esta faceta del sector energético. Ese arreón, valorado en unos 2.000 millones de euros, elevó las ventas a 7.089 para dejar el saldo en un positivo de 687.

Distintas fuentes, y los datos, apuntan a que, en realidad y en términos macroeconómicos y de balanza comercial, el resultado vino a ser el de "lo comido por lo servido", aunque con notables beneficios para las empresas que, individualmente, fueron cerrando las ventas, más cuánto menos costosa era su producción con tecnologías como la hidráulica o la nuclear.

Sin embargo, ese mismo proceso generó una desmesurada carga económica para familias y empresas, que acabaron subvencionando esas exportaciones, y también una intensa huella ambiental como consecuencia de esa enrevesada, o quizás buscada, maniobra del mercado eléctrico.

"La electricidad que hemos exportado no ha cubierto el coste del gas que hemos importado para producirla. Los kilowatios que hemos exportado a Francia, Portugal y Marruecos han generado déficit comercial porque el gas que se ha necesitado ha costado más que la luz", señala Ferrando.

Ese uso más intensivo del gas para producir el sobrante de la demanda española que se exporta tuvo consecuencias directas en la factura, tanto en la de los hogares y las empresas españolas, porque tiró al alza del precio en las subastas marginalistas, como en los de los importadores de los países vecinos, porque el coste de sus comendas se vio también afectada por ese encarecimiento, aunque no tanto como hubiera debido.

Hay un factor que no afecta de la misma manera a todos: el tope del gas o excepción ibérica, la limitación del peso del gas en el cálculo del precio final de la electricidad para reducir la factura de los usuarios a cambio de una compensación (la parte del precio del gas quemado que no pasa a formar el de la luz generada) para las eléctricas que lo utilizan para generar energía.

A los importadores no se les aplica, lo que en la práctica abarata su precio final al mismo tiempo que eleva el que soportan familias y empresas en España al tener que asumir ese extra por la parte que no cubren Portugal, Francia y Marruecos.

"España intentó limitar esa situación, y a partir de octubre comenzó a poner topes cuando vio que los vecinos se estaban hinchando de importar electricidad" a un precio ventajoso, anota Turiel.

"El tema está en quién paga la compensación, que se reparte entre los consumidores y que se carga en el recibo pero que los importadores no pagan", señala el investigador del CSIC, quien anota que "para exportar tanta electricidad hay que poner en marcha más centrales de gas, y eso lo pagamos aquí. Estoy convencido de que España ha perdido dinero en ocasiones con este producto".

Otra cosa es que ese mercado entre regulado y oligopolístico de la electricidad y sus sistemas marginalistas de fijación de precios vayan a cambiar a corto o medio plazo. Todo apunta a que no vistas las diferencias entre los planteamientos favorables a mantenerlo de los países comunitarios del centro y el norte de Europa, liderados por Alemania, y los del sur (Portugal, Italia, Grecia y España), en este caso apoyados por Francia.

"El problema de la electricidad es que no se trata de un mercado libre, sino de un oligopolio intervenido con reglas que no son las de un mercado libre", concluye Turiel, en un planteamiento similar al de Ferrando.