La defensa de Bankia: "Todo lo relacionado con las tarjetas es opaco, destinado a que nadie supiese nada"

MADRID.- Todo lo relacionado con el proceso contable de las conocidas como tarjetas black era opaco, subrepticio y atípico, según ha concluido Bankia en calidad de acusación particular en el juicio en el que se dirime si hubo o no delito en el uso que hicieron los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia de sus visas.

En esta décimo séptima sesión en la que se exponen las conclusiones de las partes, el letrado de Bankia, Joaquín Burkhalter, ha denunciado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que, pese a que los exdirectivos estaban obligados a velar por el patrimonio de Caja Madrid, las utilizaron para beneficio personal y "guardaron absoluto silencio" sobre esta práctica.

"Es evidente que si no se hubieran apropiado ilícitamente de los 12.5 millones de euros (cargados a las tarjetas entre 2003 y 2012), éstos hubieran estado en el patrimonio de Caja Madrid y hubieran sido segregados por Bankia, la cual resultó perjudicada", ha expuesto ante el tribunal ligando así esta práctica con el rescate a la entidad nacionalizada en 2012.

"¿De verdad se nos quiere hacer ver que durante siete años ningún miembro de la Comisión de Control se dio cuenta de que no estaba la disposición de la tarjeta en la Comisión de Retribuciones? ¿Es eso creíble?", se ha preguntado sobre el uso de los plásticos, por el que los acusados se enfrentan a penas de prisión que van de un año y medio a seis por delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.

A su juicio "ninguno" de los implicados en el proceso ha conseguido acreditar que los gastos efectuados por los plásticos fueran en función de su actividad dentro de la caja extinta sino que eran "puramente para gastos personales en restaurantes, bares, grandes superficies, joyas, obras de arte, farmacia, enseres domésticos, libros etc".

También ha denunciado la versión de las defensas respecto al conocimiento por parte de los supervisores de este sistema nacido en un acuerdo del Consejo de Administración del 24 de mayo de 1988, y al respecto ha dicho que todo el mecanismo -desde la entrega de las visas hasta su baja- estaba establecido "con la intención de que pasaran lo más desapercibidas posible tanto en la caja como a terceros".

La entidad que preside Ignacio Goirigolzarri ha depurado responsabilidades en primer lugar en Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 y Rodrigo Rato, su sucesor al frente de la misma y posteriormente en Bankia, de los que ha dicho que "se excedieron y mucho en el uso de sus facultades" y para los que pide tres años de prisión a cada uno.

Además ha dicho que Blesa y su número dos en la caja extinta, el que fuera director de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, son los verdaderos artífices de esta práctica y a ellos les corresponde el "mayor protagonismo y por tanto reproche".

Respecto al resto de consejeros que se sientan en el banquillo de los acusados, el letrado ha expuesto que aunque hicieron un uso ilícito, su actuación no tiene encaje dentro del delito de apropiación indebida -que sí atribuye a los directivos- si bien están obligados a restituir las cantidades gastados con sus plásticos.

También ha aprovechado su turno de palabra para denunciar que no hubiera un control electrónico de los gastos sino que eran "meros apuntes manuales". "Todo era tan irregular, oculto y subrepticio, que en caso de producirse un fraude el mismo se trataba de forma distinta al resto de fraudes cometidos por otras empresas", ha denunciado.

Por ello ha alegado que no tiene sentido que la cuenta destinada a los cargos que hacían los directivos con su 'black' llevara por nombre 'regularización por fraudes' sino que tenía que haber ido a una cuenta de retribución, algo que no fue así, ha dicho, porque era una práctica no permitida por la Ley de Cajas de 2003 y los estatutos internos de Caja Madrid y por tanto se hubiera expuesto una ilegalidad.

Bankia ha defendido la validez de la prueba estrella presentada a la causa durante los dos años que duró la instrucción de la misma y consistente en una hoja Excel con el desglose detallado de los gastos personales y retirada de efectivo de los encausados, asegurando que el volcado de datos se hizo con todas las garantías y en un formato que resultase manejable para las partes.

"La prueba es más que auténtica y fidedigna", ha aseverado en respuesta a la versión de los acusados que rechazaron al unísono la veracidad de la hoja alegando que estaba manipulada y con compras que nunca efectuaron. "Nadie ha tecleado ni ha suprimido nada", ha dicho el letrado de Bankia en respuesta.

Se trata de la segunda acusación en exponer sus conclusiones finales -que empezó el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón- en la décimo séptima sesión de juicio para 65 acusados, entre los que se encuentran expolíticos así como antiguos representantes sindicales y de la patronal, que se sientan en el banquillo por el uso personal que hicieron de estos plásticos.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha defendido su legitimidad frente a la Fundación Caja Madrid -sucesora de la caja extinta- y Bankia para reclamar las cantidades "ilícitamente" dispuestas con las tarjetas black por los 65 acusados debido al rescate de Bankia en 2012, que recibió más de 22.000 millones en ayudas públicas.

"El derecho a la restitución de lo indebidamente dispuesto por los acusados forma parte del perímetro segregado a Bankia y eso no es objeto de reclamación por parte de la Fundación Caja Madrid. Existe una relación de causalidad directa entre el prejuicio causado al FROB con el ilícito penal", ha expuesto el letrado del organismo Fernando Aizpún que ejerce la acusación particular en la causa.

Aizpún ha dicho durante la exposición de sus conclusiones ante el tribunal que la prueba practicada durante el juicio ha sido en algunos aspectos "terminante y contundente" para desmontar la estrategia de las defensas de que esas tarjetas eran legales, comunes en el sector y conocidas por los supervisores.

En concreto se ha referido a la hoja Excel, una prueba legítimamente obtenida e incluye información "fiable, auténtica y exacta", según ha defendido el letrado.

"No hay manipulación ni intervención humana" en la elaboración de la prueba pericial, según ha dicho Aizpún desmintiendo así a los exaltos cargos y directivos que alegaron que la tabla contenía errores y adjuntaban gastos simultáneos.

El letrado se ha remitido a la declaración prestada en calidad de testigo por el director corporativo de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que expuso que no existía ningún apunte contable manipulado en el Excel.

También ha defendido que en el informe pericial de KPGM aportado por la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri, se explica "muy claramente" la objeción existente en la normativa de cajas de ahorro a que este tipo de tarjetas se utilicen con fines personales, algo que a su juicio, es "indudable" que así se emplearon por los acusados, que se enfrentan a penas de prisión de entre un año y medio a seis por delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.

"Hay una objeción estatutaria infranqueable y teñiría de ilicitud cualquier acuerdo de órganos de gobierno de la caja para permitir retribuciones superiores a las que son limitadas por la ley o los estatutos", ha dicho el letrado que ha afeado a los encausados su alegato de que los supervisores estaban al corriente de esta práctica. "Que la CNMV estuviera al tanto es aún más difícil de aceptar. Es un argumento ineficaz", ha añadido.

Aizpún ha recurrido a las declaraciones prestadas por los acusados ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo para destacar la "contradicción interna" en la que incurrieron al defender unos que intentaban emplear su black con "prudencia" tal y como se les dijo desde la secretaría general de Caja Madrid, y otros que apuraban el límite mensual para sus gastos personales.