Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el descuadre de 16.800 millones de euros (un 1,47% del PIB) con el que la Seguridad Social cerró el año pasado es un dato positivo que supone comenzar a “revertir el deterioro” del déficit e iniciar “el camino de vuelta al equilibrio financiero” al ser inferior al del ejercicio anterior.

Lo dijo, a pesar de que las previsiones apuntan a resultados negativos de en torno a 15.000 millones para los próximos años y de reconocer que “este menor déficit se va a producir también en 2018”, ya que en 2017 el gasto, que lleva años disparado, creció menos que los ingresos.

Sin embargo, los expertos, que discrepan del mensaje optimista de la ministra, señalan varias amenazas para la sostenibilidad del sistema de pensiones que ya se vislumbran, mientras la Seguridad Social acumula un déficit de 87.238 millones en seis años.

Desplome de los ingresos y aumento del gasto

La brecha ente los dos grandes componentes del sistema, las cotizaciones en los ingresos y las pensiones y los subsidios en los gastos, cierran 2017 con una brecha histórica que ya en noviembre (últimos datos disponibles) superaba los 25.000 millones de euros: las aportaciones de los trabajadores no alcanzaban los 100.000 mientras las pensiones (115.600) y los subsidios (10.000) pasaban de 125.000 a falta de diciembre, mes de paga doble. El de 2010 fue el último ejercicio con saldo positivo entre esos dos factores, con una recaudación de 105.400 millones y un gasto de 105.300. Y las previsiones apuntan a que esa brecha seguirá creciendo.

Hoy hay 2,33 cotizantes por cada pensionista, pero comienza a llegar la jubilación de los nacidos en el ‘baby-boom’, entre finales de los años 50 y principios de los 70, y eso hará que el actual ritmo de aumento de 150.000 retirados por año (550.000 altas por 400.000 bajas) se eleve hasta los 250.000. Los 8,5 mayores de 67 años de 2022 habrán pasado a ser 10,6 una década más tarde y 13,1 en la siguiente, según las Proyecciones de Población del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Paralelamente, la creación de empleo precario ha tenido un efecto perverso: trabaja más gente pero hay menos trabajo, y eso hace que la cotización media anual haya caído de 6.146 a 5.902 euros en cinco años, desde que la reforma laboral entró en vigor en 2012, mientras las pensiones se revalorizaban unos 2.000. En ese mismo periodo, la pensión media del Régimen General subía de 1.121 a 1.215 euros y la de los autónomos, de 649 a 713. Es decir, un descenso del 4% en los pagos frente a aumentos del 8,3% al 9,8% en los cobros.

Recortes y bonificaciones que merman la recaudación

Medidas como la tarifa plana de los autónomos, que se aplican con independencia de los ingresos del beneficiario y que no están generando un aumento de la afiliación en ese régimen, merman cada año en unos 700 millones de euros la recaudación de la Seguridad Social, lo que supone casi un tercio de los 1.800 millones anuales en bonificaciones.

Paralelamente, una medida como el recorte de la cotización de los desempleados, cuya base se redujo en 2012 del 125% de la prestación al 100%, ha provocado una merma de casi 4.000 millones de euros anuales: los 10.388 de 2011 se habían reducido a 5.509 en noviembre de 2017, ejercicio en el que el presupuesto de esta partida se quedaba en 6.592.

El desplome de los salarios tira a la baja de esas bases de cotización, de la que carecen casi la mitad de los desempleados: más de la décima parte (399.300 de los 3,7 millones de parados del país no ha trabajado, mientras al menos uno de cada tres (1,24 millones) ha agotado las prestaciones.

El efecto ilusorio de una medida heredada

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social han mejorado, aunque se trata de una mejora con matices. Los 18,3 millones de afiliados registrados al cierre de 2017 superan en 1,2 millones a los inscritos al finalizar 2011. Sin embargo, más de un tercio de ese aumento no procede de los asalariados del sector privado. Alrededor de medio millón de las incorporaciones corresponden a nuevos funcionarios, que desde 2012 pasan al Régimen General, lo que ha maquillado los efectos que la precarización del empleo privado ha tenido en las cotizaciones.

El sector público, que hoy ocupa a algo más de 2,5 millones de empleados, se perfila como uno de los que en los próximos años puede tirar al alza tanto del empleo como de las cotizaciones, ya que más de 130.000 funcionarios alcanzan la edad de jubilación en el próximo lustro y una cifra similar lo hace en el siguiente. Eso puede llevar al Gobierno a levantar las actuales restricciones sobre la tasa de reposición y aumentar las ofertas de empleo, algo que suele tener como efecto secundario una subida de los salarios en el sector privado.

Una deuda de alto riesgo

El sistema español de Seguridad Social carece de medidas de apoyo financiero más allá de las aportaciones del Gobierno vía transferencia de fondos, que el año pasado iban a superar los 17.000 millones: 16.475 vía transferencia corriente y 737 de capital.

Sin embargo, la desaparición de la llamada ‘hucha de las pensiones’, que pasó en seis años de guardar 70.341 millones cuya inversión generaba intereses a faltarle 176, ha ido acompañada de un aumento de la deuda hasta los 37.410 millones, 14.223 de ellos en préstamos desvinculados de las emisiones de deuda.

El grueso de esta última partida, un préstamo de 10.193 millones, fue contraído el año pasado. Y a él se le suma otro de 8.621 procedentes de las mutuas vía Fondo de Contingencia.

Ese nivel de endeudamiento requiere cada año, además de amortizar las pólizas que van venciendo, y que suponen entre 8.000 y 10.000 millones al año, otros 370 para pagar intereses, ya que los tipos reales rondan el 1%. Todo apunta a que el inminente aumento del precio del dinero por el BCE (Banco Central Europeo) tirará al alza de esa factura, lo que descuadrará un poco más las cuentas de la Seguridad Social.